Los Ríos se prepara para realizar entrevistas videograbadas a niños
JUSTICIA. En 2020 se implementará la ley que busca evitar que los menores víctimas de delitos vuelvan a sentirse vulnerados al enfrentar un juicio. Se crearán salas especiales y se acreditará a quienes entrevistan.
A principios de octubre fue puesta en marcha la primera fase de la ley de entrevistas videograbadas para menores de edad. Se trata de una nueva normativa que busca que los niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos graves, como abusos sexuales, no se vuelvan a sentir agredidos a la hora de denunciar, afrontar una investigación o un juicio oral. Las primeras regiones en implementarlo fueron Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes.
Y ya ha tenido resultados. En Antofagasta, la Fiscalía Local logró una sentencia condenatoria contra un acusado por abusos sexuales y violación reiterada contra una niña. Ella había sido abusada desde los 8 hasta los 12 años. Fue el primer juicio oral en el que fueron incorporados los requerimientos de la nueva ley, en este caso, la participación de un intermediario.
Los Ríos se está preparando para comenzar en 2020. La región implementará el nuevo sistema a partir del 3 de octubre del próximo año, junto con las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble y La Araucanía.
Félix Inostroza, director ejecutivo de la Fiscalía Regional de Los Ríos, explicó que "uno de los principales momentos de victimización dentro del proceso penal ocurre cuando se toma la declaración de un menor. Sin embargo, esta declaración es necesaria para que las investigaciones avancen y se haga justicia. Lo que busca esta ley es disminuir la victimización secundaria, para que no se produzcan consecuencias en ellos, especialmente durante tres momentos: la denuncia, la investigación y el juicio".
Cómo funciona
Los cambios buscan proteger a menores de 18 años, quienes han sido víctimas de delitos graves, como agresiones sexuales, trata y tráfico de personas, secuestro y sustracción, entre otros hechos violentos.
En la etapa de denuncia, quien la reciba en Carabineros, la PDI o la Fiscalía, no puede interrogar al niño con respecto al hecho. Solo debe registrar los datos de identificación del menor, además de lo que observen y lo que digan. La denuncia debe ser puesta inmediatamente a disposición del Ministerio Público, no pueden pasar más de ocho horas. Dentro de 24 horas, el fiscal debe adoptar medidas de protección.
En la fase de investigación, las entrevistas a los niños deben realizarse con un estándar distinto. "La declaración del menor ahora debe ser tomada en una sala especial, que debe contar con todos los elementos necesarios para que el menor no se vea afectado, tomando en consideración su edad y nivel de desarrollo. No debe tener distractores. Si un niño entra a una oficina de un adulto, llena de carpetas y con un teléfono sonando, se asusta. La idea es adecuarla con algunas pequeñas cosas, como floreros o algún pequeño juguete que no lo distraiga", dijo Inostroza. Además, las consultas deben ser desarrolladas por un entrevistador experto y capacitado, quien debe estar acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La entrevista quedará videograbada. "Se pretende tener un registro único y de calidad, con información fidedigna del relato del menor de edad, para que no se necesite volver a entrevistarlo. Esa videograbación circulará por todo el proceso. Con eso se disminuye la revictimización, porque el menor interviene menos contando lo que le pasó. Esto quedará a disposición de todos los intervinientes", recalcó. Las grabaciones estarán protegidas para evitar que sean usadas en forma maliciosa.
En el caso de las evaluaciones psicológicas periciales, no se le puede preguntar al menor de edad sobre los hechos, para que no reviva el trauma de la agresión. Al momento de hacer exámenes físicos, tampoco se le puede preguntar, pero sí estar atentos a lo que diga el niño espontáneamente. "Está prohibido iniciar el trabajo preguntando ¿Qué te pasó?", explicó Inostroza.
En tanto, en el momento del juicio oral, la declaración judicial debe ser realizada por un intermediario, quien debe actuar como un facilitador comunicacional y apoyo. Además, las preguntas deben ser cuidadosas. "Actualmente hay medidas de resguardo, pero ahora esto está establecido por ley. Con todos estos cuidados, se resguarda la integridad y privacidad del menor y se puede obtener información de mayor calidad", dijo.
Preparación local
Todos estos cambios están siendo preparados en la región. La jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, Ximena Valenzuela, indicó que se está habilitando las salas especiales, lo que implica inversión en infraestructura y tecnología. "Para este año, en Fiscalía vamos a concretar dos salas: una en San José de la Mariquina y la otra en La Unión. Así contaremos con una sala en cada provincia. Está en proyecto la habilitación en la Fiscalía Local de Los Lagos. Además, como unidad tenemos que hacer un cambio de inmueble dentro de Valdivia y en ese nuevo lugar también se contempla una sala. Lo ideal es que cada Fiscalía Local tengan una sala, pero también las policías tienen el compromiso de implementarlas. La ley dispone que las distintas instituciones colaboremos. Todo debe estar coordinado", detalló.
Los entrevistadores deben realizar un curso intensivo, acreditarse y, además, deberán capacitarse constantemente. "Un estudio determinó que para Los Ríos se necesita un mínimo de ocho entrevistadores acreditados", dijo . Hasta el momento, por parte de la Fiscalía, dos personas se encuentran acreditadas y uno se encuentra en proceso. En 2019 ya estarían acreditados cinco. El objetivo es que Fiscalía cuente con mínimo ocho personas para el 3 de octubre de 2020. A ellos se sumarán los profesionales acreditados de otras instituciones, como las policías. Durante estos meses, los funcionarios de las fiscalías se han estado preparando y capacitando en la implementación de la ley y el conocimiento de los protocolos. "Hemos hecho actividades de gestión del cambio, para la sensibilización y para tomar conciencia de cómo a través de la ley vamos a minimizar la victimización y tener un instrumento de mayor calidad de obtención de información", contó. También serán capacitadas las policías.
Los desafíos
Pablo Asoden, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, se refirió a los desafíos que presenta esta ley. "Vemos aspectos muy favorables, como el hecho de que hasta ahora, como defensa, solo contábamos con copia escrita de las declaraciones de los menores, pero no sabíamos qué o cómo les preguntaron, quiénes estaban presentes, qué lenguaje corporal o expresión manifestaba al relatar. Con la nueva normativa, la defensa tendrá acceso al video completo, donde podremos observar todo lo anterior y también el cumplimiento del protocolo de Nichd, que es el que establece la Ley", indicó.
El abogado también dio a conocer aspectos que podrían ser eventualmente dificultosos, como el doble rol que tendrían juezas y jueces al ser intermediadores y quienes finalmente dirimirían sobre el caso.
"En igual sentido, también se ha expresado la inquietud respecto a que los fiscales titulares de la causas sean entrevistadores de sus propios casos, que se resguarde a cabalidad el sentido de las preguntas de la defensa y que podamos efectivamente hacer preguntas sugestivas", precisó.