Hace una semana desde el gobierno se realizó un llamado a colaborar con un profundo "diálogo social" para canalizar las demandas que han sido planteadas desde la ciudadanía en las manifestaciones que se desarrollan en todo el país. La propuesta debiera materializarse en las próximas semanas y conducir a acuerdos de largo plazo.
En Los Ríos se han efectuado jornadas de reflexión en diferentes instituciones y ayer se desarrolló una actividad oficial en la Casa Prochelle con asistencia de dirigentes vecinales, gremiales, del empresariado, comercio y autoridades (ver nota página 4).
En estas primeras sesiones desde el Ejecutivo se busca escuchar a la comunidad y preparar un "gran debate" nacional que responda a las molestias evidenciadas en las protestas recientes, cruzadas mayoritariamente por las inequidades que enfrenta Chile. A largo plazo, la meta es un "nuevo pacto" que equipare la relación entre la sociedad civil, el Estado y las entidades económicas.
Esta invitación al diálogo ha sido bien recibida en general y es de esperar que respondan a ella múltiples actores de la vida regional y nacional.
Es de esperar también que estas conversaciones se crucen en la región con los cabildos ciudadanos que han efectuado universidades y distintas agrupaciones participantes en las manifestaciones y desde las cuales se exponen las aspiraciones de sus integrantes.
Al reunir ambos canales, de manera respetuosa, se puede llegar a acuerdos más significativos y duraderos, que si se generan acciones paralelas.
Claramente para lograr lo anterior se requiere construir confianzas. En particular se debe garantizar que los diálogos tendrán efectos vinculantes y que incidirán en la toma de decisiones, garantizando que la participación dará frutos efectivos y que no será solamente un trámite más. El ministro Sebastián Sichel - a cargo de los diálogos- ha señalado que así será.
Este punto es muy importante en Los Ríos, que cuenta con una ciudadanía dialogante y activa, pero que también necesita que le hagan caso y le permitan un rol de co-responsabilidad en los asuntos públicos, no solamente como receptora de acciones centralizadas. Esta realidad se ha planteado durante años a nivel local y hoy, en este contexto, cobra más vigencia.