Luego de la declaración política conjunta por un Acuerdo de Paz y una Nueva Constitución han seguido múltiples reacciones. En el país y en Los Ríos, autoridades, líderes de partidos y gremios han señalado su apoyo al documento y dejado claro que, junto a él, siguen vigentes las tareas y compromisos asumidos para responder a las demandas sociales que motivaron las marchas ciudadanas.
Han explicado que no son áreas excluyentes y que algunas medidas se están trabajando ya en el Congreso (que es donde deben resolverse) para mejorar las pensiones básicas, rebajar la dieta parlamentaria, además de intensificar presupuesto nacional en salud y educación, entre otras.
También la Fiscalía, Defensoría, Instituto de Derecho Humanos y Poder Judicial, laboran en conjunto para esclarecer tanto los abusos denunciados, como los hechos de violencia ocurridos en espacios públicos y privados. Las acciones legales respectivas siguen su curso, dentro de las normas vigentes, como corresponde hacerlo.
Todo lo anterior ha sido informado; sin embargo una rápida mirada a las conversaciones comunitarias (en redes sociales y en eventos presenciales) indica que existe desorientación respecto de estos temas, que hay desconfianzas vigentes y múltiples preguntas sobre los pasos a seguir en el camino propuesto hacia una nueva Constitución.
A esa confusión contribuyen, lamentablemente, quienes desde distintas posiciones extremas (las más divergentes, de hecho) difunden noticias falsas. Pero, sobre todo, colabora la falta de educación cívica que se aprecia transversalmente y que lleva a muchos a caer en esas informaciones sin fuentes confiables y profundamente erradas sobre el funcionamiento de la institucionalidad del país.
Por lo mismo, es necesario reforzar los mensajes que expliquen con claridad, simplicidad y precisión los alcances del Acuerdo por la Paz, los pasos que se darán desde él hacia la próxima Carta Magna, para que existan menos espacios para las dudas.
Además es preciso validar el voto libre e informado como único instrumento de expresión de acuerdo o desacuerdo y relevar este proceso, para que nadie se reste del ejercicio democrático inédito en la historia de Chile al cual se está convocando.