El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó ayer que esta semana el Gobierno convocará a un consejo para reformar Carabineros, una de las recomendaciones que realizó Human Rights Watch en su informe sobre Derechos Humanos durante la crisis social chilena.

"El tema del orden público que es el gran desafío, porque hoy día efectivamente enfrentamos una situación de orden público y es una prioridad recuperarlo", sostuvo ayer el secretario de Estado en el programa Nuevo Pacto, de CNN.

"Necesitamos una policía del siglo XXI que se va a enfocar en revisar todo lo que veníamos haciendo, en las 71 medidas de la modernización de Carabineros para ver si están a la altura de lo que se requiere", señaló Blumel en alusión al Acuerdo Nacional de Seguridad Pública anunciado en julio del 2018.

Estas propuestas se suman al proyecto de ley que Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, ingresado al Congreso en noviembre de 2018 y con suma urgencia desde octubre pasado.

Derechos humanos

"Vamos a convocar a un consejo para la reforma a Carabineros", informó el ministro, "como parte de los compromisos que tomamos después del informe de Human Rights Watch (HRW)", ONG que a fines de noviembre denunció "graves violaciones a los derechos humanos" por parte de los uniformados, razón por la que pidió una urgente reforma.

La comisión, detalló Blumel, "se va a enfocar en revisar todo lo que veníamos haciendo en la modernización de Carabineros para ver si están a la altura de lo que se requiere; en segundo lugar, para abordar el tema de orden público; y, tercero, tenemos que ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los DD.HH.".

Crisis en carabineros

La autoridad también dijo que la violencia ha provocado angustia en "millones de chilenos que ha visto alterados sus desplazamientos producto de los cortes de carretera. O esta misma situación de hacer bailar a la gente para poder transitar. Eso es absolutamente inaceptable". Dijo también que "las barricadas no son una opción legítima de expresión de descontento social" y, al ser consultado por los cuestionamientos a Carabineros desde antes del 18 de octubre, explicó que la institución "venía enfrentando una crisis gigantesca hace mucho tiempo. Primero, producto del mal uso de los fondos reservados y, posteriormente, con la Operación Huracán".

"Lo que nosotros hicimos como Gobierno al asumir fue, primero, terminar con esas malas prácticas; segundo, entregar los antecedentes a la Justicia para que se investiguen y se sancionen; y, tercero, impulsar un proceso de modernización a Carabineros", a través del acuerdo de seguridad pública, señaló Blumel y reconoció que estos factores hicieron que el 18 de octubre la policía uniformada enfrentara el estallido social "en un proceso de cambio muy complejo".

"El tema del orden público es el gran desafío, porque hoy día efectivamente enfrentamos una situación de orden público y es prioridad recuperarlo". "(Carabineros) venía enfrentando una crisis gigantesca hace mucho tiempo, el mal uso de los fondos reservados y la Operación Huracán".

El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, presentó hace unos días un recurso de protección contra el Estado en la Corte de Apelaciones de San Miguel, Región Metropolitana, a causa de los saqueos y la falta de seguridad en la comuna. Ayer, la autoridad afirmó que "a partir de esa fecha hubo un cambio sustantivo: hemos tenido más carabineros, más presencia", razón por la que dijo estar confiado en sentar un precedente, ya que en su comuna "nos hemos sentido como en tierra de nadie".

"Desde que presentamos el recurso de protección contra el Estado, en que pedimos que se nos garantice el orden y la seguridad pública, no solo en La Cisterna, sino que en el país, (...), a partir de esa fecha, el lunes pasado, hubo un cambio sustantivo: hemos tenido más carabineros, más presencia", afirmó Rebolledo, reconociendo, sin embargo, que esto "puede ser circunstancial".

Los vecinos de la comuna del sur de Santiago, "están en una situación muy compleja desde el punto de vista emocional, por lo que hemos puesto sicólogos de la municipalidad" a su disposición, indicó la autoridad, quien fue invitado al espacio junto a otros tres alcaldes afectados por los desmanes en medio de la crisis social: por Peñalolén, Carolina Leitao; Talca, Juan Carlos Díaz y Providencia, Evelyn Matthei.

"Hay una situación emocional muy compleja, postraumática, yo diría que en todo el país", continuó el jefe comunal, razón por la que, a su juicio, "es necesario ganar este recurso de protección porque va a proyectarse a nivel país. El Estado tiene que asegurarnos el orden público. En La Cisterna nos hemos sentido como en tierra de nadie y abandonados por el Estado".

El representante de Talca, Maule, reafirmó la visión de su par capitalino asegurando que "en las noches era un caos, el que no solamente ha generado solamente daños en el comercio, sino que en las familias: el miedo. (...) Se daña el tejido social, se daña la institucionalidad y también la gente. Muchos adultos mayores tienen miedo de ir al centro, salir a las calles".

En tanto, la alcaldesa de Providencia afirmó que "lo que más me preocupa son los vecinos, quienes han tenido que convivir constantemente con gases lacrimógenos, los cuales hacen daño a los niños, los adultos mayores, etcétera. Ha sido terrible", sumado a "amenazas directas contra mucha gente", principalmente del comercio.

"La violencia venga de donde venga hay que rechazarla tajantemente, creo que ahí no deben haber distinciones. La violencia de estos grupos, diría yo, criminales, en todo el país están actuando los narcos. Otra cosa es la manifestación y las demandas pacíficas", respondió el alcalde de La Cisterna, agregando que "estamos secuestrados por esas bandas".

Ante ello, Leitao indicó que estos se debe a "la ausencia de Estado", evidenciada en "policías que deciden estar en un lado y no en otro" mientras se producen los desmanes. "Hace dos meses pedíamos distribución igualitaria de carabineros porque veíamos que el Estado no es capaz de resolver este tema".