Caso Minvu: fiscal revela que una funcionaria recibió $189 millones
CORRUPCIÓN. Ayer se continuó con la formalización de los 21 detenidos por red de fraude al Fisco y lavado de activos.
Ganancias individuales de hasta 189 millones de pesos habrían obtenido algunos funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) por participar en una presunta red de corrupción en dicha repartición pública, la que habría operado desde el año 2014.
Así lo indicó ayer Francisco Ledezma, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, en el segundo día de audiencias de formalización de las 21 personas detenidas con motivo de la operación de dicha red, incluyendo seis funcionarios públicos.
Los cargos, por fraude al Fisco y lavado de activos, se sustentan en que personas que trabajan en el Minvu recibían sobornos por adjudicar licitaciones informáticas del ministrio a empresas que no contaban con la suficiente idoneidad técnica y, además, encarecían los contratos. En tanto, otras firmas, que no participaban en los concursos, hacían efectivamente los proyectos.
"La señora Mariela Elgueta obtuvo como ganancia neta, de acuerdo a transferencias a sus propias cuentas bancarias, la suma aproximada de 189 millones de pesos. Respecto del señor Marco Rivas, fue transferida a sus cuentas bancarias la suma aproximada de 83 millones de pesos, obviamente relacionados con contratos del Minvu", detalló el persecutor. Rivas se ha desempeñado como jefe de proyectos de Tecnologías de Información del ministerio.
"Tenemos información de las escuchas telefónicas de que en algunos casos se forzaban esas extensiones para obtener más platas del Estado, sin embargo, eso tendremos que corroborarlo con el transcurso de la investigación", complementó Ledezma.
El Ministerio Público también dio cuenta de la complicidad entre los funcionarios ministeriales para hacer ingreso al sistema de adjudicación de proyectos y así revisar las propuestas de otros oferentes.
La entidad de persecución penal centra sus pesquisas, hasta ahora, en 49 órdenes de compra aparentemente fraudulentas que emitió el Minvu a las empresas investigadas.
Medidas cautelares
Ayer, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, debía determinarse las medidas cautelares para ocho personas imputadas. La Fiscalía pidió prisión preventiva para ellos.
El sábado, tras una extensa jornada, el tribunal decidió para la mayoría de los otros trece imputados que quedaran con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos. Solo uno quedó con arresto domiciliario nocturno. La decisión fue bien acogida por la defensa.
La investigación comenzó luego de que la Unidad de Análisis Financiero detectara que un funcionario recibió una millonaria suma de dinero, no consistente con sus ingresos. Los montos de los sobornos llegarían al menos a los $662 millones.
Entre los acusados, también hay representantes de empresas y familiares de los funcionarios.