La Dirección del Trabajo (DT) dio a conocer las cifras totales de despidos desde el comienzo de la crisis social -el 18 de octubre -en adelante, bajo la causal necesidad de la empresa: 176.621 hasta diciembre, cifra que además representa un incremento de 145% respecto a diciembre de 2018.

La oficina de Gobierno señaló que desde el 18-O y hasta fines del décimo mes del año pasado se desvinculó a 12.745 trabajadores bajo el artículo 161 inciso 1 (necesidad de la empresa). En noviembre, esta cifra llegó a 62.049; y en diciembre 101.827 perdieron sus trabajos, sumando un total de 176.621 de desvinculaciones durante el periodo.

"En diciembre tuvimos finalmente 101.827 despidos por la causal de necesidades de la empresa, lo que representa un incremento de un 145% respecto de igual periodo del año anterior y está muy por sobre la cantidad de despidos de un mes promedio", dijo el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

El total de desvinculaciones del año pasado por "necesidad de la empresa" fue de 564.319, mientras que al considerar todas las posibles causales de despido, 333.684 personas quedaron sin trabajo en diciembre y la DT recibió 2.813.806 cartas de despido.

Proyecto

"Por eso resulta tan importante discutir y aprobar lo más pronto posible el proyecto de protección del empleo presentado por el Gobierno hace algunos días. No hay espacio para cálculos políticos en una materia tan relevante y sensible para nuestros trabajadores como lo es la protección de sus puestos de trabajo. Debemos generar los consensos y actuar ya", sostuvo Arab. La iniciativa busca establecer un pacto entre el empleador y el trabajador para reducir hasta un 50% la jornada laboral, junto con recibir un complemento de hasta 25% del salario desde el seguro de cesantía, sumado a una reducción en los requisitos para obtener el seguro de cesantía, bajando de 12 a diez las cotizaciones en los contratos indefinidos.

El Presidente Sebastián Piñera promulgó ayer la ley que amplía las facultades de la Central de Abastecimiento del sistema nacional servicio de Salud (Cenabast), lo que permitirá comprar medicamentos hasta un 70% más baratos.

El Mandatario afirmó durante la firma de la norma que algunas farmacias y laboratorios "llevan demasiado tiempo abusando de demasiados chilenos. (...) Llegó el momento de ponerle atajo y término" a esta situación, "porque todos sabemos que los medicamentosos en Chile son mucho mas caros", razón por la que "bajar los precios de los medicamentos es un imperativo moral".

La nueva ley entrará en vigencia el próximo 6 de abril, día en que algunos fármacos disminuirán su precio hasta en un 70% debido a la intermediación de la Cenabast, que venderá medicamentos directamente a las farmacias independientes.

Para asegurar que la disminución en el valor se mantenga y llegue al consumidor final, el organismo establecerá un precio máximo al que las farmacias podrán vender los medicamentos que adquirieron mediante este proceso.

"Invito a las farmacias independientes a que se acerquen a Cenabast, de manera que en abril tengamos el máximo de farmacias incorporadas al convenio", solicitó el Presidente.

Piñera, además, sostuvo que la Cenabast cumplía hasta ayer un rol "que no era suficiente", y esta nueva medida la facultara, inclusive, para importar medicamentos a precios más económicos e intermediar directamente con las farmacias, y así "no va a quedar cautivo de las ofertas que se generan en nuestro territorio".

"Espero y confío que Cenabast, Fonasa y el Plan de Salud Universal se transformen en los mejores aliados de los chilenos que necesitan atención de salud o comprar medicamentos. Ese es el norte, ese es el objetivo", puntualizó el mandatario junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El proyecto aurífero Pascua Lama, de la minera canadiense Barrick Gold, proyectado para desarrollarse en Alto del Carmen, Región de Atacama, recibió un fallo favorable de la Tercera Sala de la Corte Suprema, luego de que esta rechazara los recursos presentados por la comunidad diaguita Patay Co en contra de una resolución de diciembre de 2018, en relación a cómo la extracción de oro afectaría la calidad de las aguas del Río Estrecho.

La sentencia de la Corte Suprema "es clara (...) en asentar como un hecho de la causa que es la fluctuación del caudal del Río Estrecho la que altera la concentración de los contaminantes, y no los aportes que pudieran generarse con ocasión de la ejecución del proyecto", indica el fallo, pronunciado tras los estudios realizados por el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago en torno a la línea de base original y la extensión del proyecto. En la resolución también se constatan contradicciones en los fundamentos de la parte recurrente: la comunidad alegó que se había vulnerado el derecho de Consulta Indígena previa a la resolución, lo que fue descartado por el tribunal, de acuerdo al dictamen ya que el proyecto era conocido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), se indica en el fallo.