El vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, descartó la posibilidad de volver a programar la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia, luego de que más de cien alumnos presentaran recursos de protección en cortes de Apelaciones del país para que se les permita rendirla.

La prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales iba a ser rendida el martes 7 de enero, pero una de sus formas se filtró, en el marco del boicot realizado a la PSU por estudiantes secundarios, y el Cruch decidió cancelar ese examen. La medida afectó a más de 202 mil estudiantes.

Aldo Valle dijo que volver a calendarizar la prueba "significaría detener todo el sistema y tomar esta prueba en una fecha posterior a febrero y, en consecuencia, impedir que el proceso de matricula tenga lugar en el mes de marzo y se postergue hasta el mes de abril o incluso más tiempo".

El también rector de la Universidad de Valparaíso afirmó que esos podrían ser los efectos en el caso de que los tribunales acogieran lo que están solicitando varios estudiantes, pero aclaró que si la Justicia ordena que se rinda la PSU de Historia, tanto el Cruch como el Demre actuarán "con sujeción a la institucionalidad".

Sobre esos recursos judiciales, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró ayer inadmisible el que presentó la defensa de una adolescente ante la suspensión de la PSU de Historia.

El rector Valle insistió además en que "no hay en el país condiciones de seguridad" para garantizar que la PSU de Historia se realice en conjunto con las de Lenguaje y Matemática, que se aplicarán solo a quienes no pudieron rendirlas la semana pasada a causa de tomas, interrupciones y otros actos en los establecimientos en que se debían aplicar.

El 27 y el 28 de enero se tomará la PSU de Lenguaje y Matemáticas a quienes no pudieron rendirlas. Valle aseguró que ningún alumno se quedará sin rendir la PSU "por fuerza mayor o actos de terceros".

En condiciones de ser promulgada como ley de la República quedó el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables, el que fue aprobado en la Cámara de Diputados con votos de Chile Vamos y algunos de la DC.

El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), a nombre del Frente Amplio, pidió reserva de constitucionalidad, lo que podría significar una demora en la promulgación.

El artículo sobre el saqueo implica 541 días a 5 años de cárcel para quien participe de este delito, pudiendo agravarse la pena si es un reincidente. Castiga la sustracción de todo o la mayor parte de lo que había o se guardaba en un establecimiento comercial o industrial.

También se considera el robo con "calamidad pública", que incluye una sanción de 541 días a 5 años. Es para robos u hurtos que se perpetren con ocasión de alteración del orden.

Una pena de 61 días a 3 años de cárcel se fijó para quien lance, a personas o vehículos que estén en la vía pública, "instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales".

Quienes, sin mediar accidente o desperfectos mecánicos, interpongan sus vehículos en la vía y hagan imposible la circulación de otros por esta, serán castigados con 61 a 541 días de cárcel. La misma pena se aplicará a quien instale barricadas y a quien cometa el delito conocido como "el que baila, pasa". En este caso, se sanciona interrumpir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación de las personas.

Los legisladores a favor del proyecto dijeron que no penaliza la protesta social sino el vandalismo, pero sus opositores expusieron que sí criminaliza las manifestaciones.

Redacción

Varias objeciones al nuevo proyecto de reforma previsional anunciado por el Presidente Sebastián Piñera hizo la Asociación de AFP, cuyo gerente general, Fernando Larraín, afirmó que se puede afectar los incentivos para invertir y que las pensiones no aumentarán en virtud del monto adicional que las personas ahorrarán.

El miércoles, el mandatario anunció un plan para elevar gradualmente la cotización adicional al 6%, de cargo del empleador, siendo un 3% para ahorro individual (que aumentaría en un 30% las pensiones) y el otro 3% para un fondo colectivo que entregará una pensión adicional.

"Esta propuesta genera un debilitamiento en las cuentas personales de los trabajadores", dijo Fernando Larraín, aludiendo al 3% de cotización extra que irá al fondo común. "Es un monto de ahorro que no va a ser heredable, por lo que esta reforma está perdiendo la oportunidad de subir las pensiones en un monto mayor a las generaciones futuras", comentó el directivo, quien agregó que "para poder subir pensiones de quienes están trabajando y de generaciones futuras, debería ir todo a la cuenta individual".

También abordó que se obligue a las AFP devolver comisiones a sus afiliados en caso de que las rentabilidades de los multifondos sean negativas. "Estas medidas lo que no pueden hacer es debilitar los atributos que tiene el sistema, como por ejemplo, la rentabilidad de los fondos. Toda la evidencia muestra que los temas que tienen que ver con devoluciones de comisiones, cuando hay rentabilidad negativa, terminan cambiando la forma en cómo se invierten los fondos de pensiones", explicó.

Larraín también dijo que le llama la atención que, tras años de debate, "sigan persistiendo (con) ideas que no han funcionado, como entregar el 6% a reparto".

Llamado de piñera

Ayer, en una actividad con adultos mayores en La Reina, el Presidente llamó al Congreso a apurar la reforma. "Pido a los parlamentarios: no podemos hacer esperar a nuestros pensionados. Así que, por favor, tenemos que aprobar esta ley pronto para poder pagar las pensiones mejoradas ojalá en marzo; y, en el peor de los casos, en abril", dijo Piñera.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, respondió a las críticas de quienes dicen que las nuevas medidas no tocan a las AFP: "Se está tocando profundamente a las AFP, porque si yo como trabajador tengo la opción de irme a una entidad en la cual voy a hacer parte, en la cual no va a haber utilidades, en la cual a mí me van a repartir los excedentes, voy a tener una posibilidad distinta a la que hoy día existe".

A contar del 1 de febrero, todos los pasaportes que se emitan o se renueven en el país, duplicarán su vigencia de 5 a 10 años, luego de que ayer se publicó el respectivo decreto supremo en el Diario Oficial.

"El Gobierno ha escuchado una antigua demanda de la ciudadanía, que ha solicitado extender la vigencia del pasaporte. Hoy (ayer) lo hemos concretado, beneficiando a miles de personas que año a año viajan por diversos motivos al extranjero, así como a las comunidades de chilenos en el exterior, que habitualmente tienen vínculos familiares o comerciales en Chile, y están constantemente viniendo al país", destacó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En lo inmediato, la medida beneficiará a más de 454 mil personas cuyos pasaportes vencen en 2020. En la última década, el Registro Civil ha emitido más de 3,5 millones de pasaportes en todo el país.

El valor del documento no sufrirá alzas: se mantendrá el cobro de $89.660 para aquellos de 32 páginas y de $89.740 para los de 64 páginas.

"Los pasaportes cuentan con las medidas de seguridad y durabilidad necesarias para esta nueva vigencia de 10 años", dijo el director del Registro Civil, Jorge Álvarez.