El vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, presentó ayer un informe sobre cómo la crisis social que hoy cumple cuatro meses ha impactado en las finanzas, durante el seminario "Situación actual y perspectivas de la economía chilena", organizado por el Banco de España, en Madrid. Allí, una de las principales conclusiones del economista fue que la violencia ha tenido un efecto importante en la confianza de los consumidores y de las empresas.
Vial, quien ha desarrollado investigaciones en las universidades de Harvard y Columbia, señaló que las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre son "la mayor prueba política y económica de las instituciones chilenas desde el retorno a la democracia", lo cual provocó un "shock muy grande e inesperado. Muchos temas en cuestión. La violencia generalizada ha tenido un impacto significativo en la confianza del público y los empresarios".
Sin embargo, en medio de la turbulencia financiera, las políticas económicas "han aminorado los impactos negativos en el corto plazo", destacó el ejecutivo, pese a que "la economía se desacelerará drásticamente en 2020".
"En el mediano plazo, la variable crítica para el momento y la velocidad de la recuperación será la reducción de las incertidumbres. Esto cae en el ámbito de la política", señaló Vial, quien evaluó, a su vez, el actuar del Ejecutivo y Legislativo como "razonablemente bien, después de un período inicial de gran confusión", aunque advirtió que "los amortiguadores para absorber grandes shocks macroeconómicos se han usado en la última década, y su reconstrucción requerirá un esfuerzo sostenido en los próximos años".
"gran sorpresa"
El vicepresidente del ente emisor explicó en la casa financiera española que "la crisis social cayó como una gran sorpresa, en momentos que el país iniciaba una suave reactivación después de un período de desaceleración iniciado en la segunda mitad de 2018".
El inicio de este ciclo de recuperación fue interrumpido por una sensación de incertidumbre en el mundo empresarial, detalló Vial, a causa de las manifestaciones masivas que "han revelado que la gente tiene demandas generalizadas de diversa naturaleza, y no hay un liderazgo orgánico, por lo que resulta difícil identificar prioridades y políticas específicas".
Sumado a esto, la gran convocatoria provocada por el descontento ha desembocado muchas veces en episodios de violencia "inusitada, incluyendo destrucción de infraestructura, saqueos y cortes de caminos que alteraron parcialmente cadenas de suministro", afirmó el economista.
El Ministerio de Economía calculó que, hasta noviembre, los daños a activos públicos y privados, excluyendo el Metro, sumaban US$3.000 millones, mientras que la empresa de transporte subterráneo cuantificó sus pérdidas en US$300 millones al 23 de octubre.
La Cámara de Comercio de Santiago, por su parte, estimó que hasta el 25 de octubre se perdieron US$500 millones en ventas, sumado a la pérdida de activos públicos y privados por US$900 millones.
El sistema financiero reaccionó a estos hechos con caídas en la actividad y el empleo, lo que provocó "dificultades para el pago de los compromisos de los diferentes agentes, aumentando la morosidad", expuso Vial, agregando que la suma de estos factores aumentaron la percepción de riesgo de los inversionistas, quienes ubicaron el índice bursátil chileno en -10,3%, entre el 18 de octubre y el 14 de febrero.
Constitución
El vicepresidente del Central calificó de "inédito en Chile" el proceso por una eventual nueva Constitución, proceso cuya extensión fijó hasta mayo de 2022, en caso de ganar la opción "Apruebo". Si ocurre lo contrario, todo terminaría el próximo 26 de abril.
"Además, se tramitan cambios profundos en la legislación en respuestas a las demandas sociales. Todo ello en un momento en que las tasas de aprobación de todas las instituciones y líderes políticos se han derrumbado a niveles sin precedentes", concluyó Vial.
