España (1978) y Brasil (1988) dejaron atrás sus periodos dictatoriales e iniciaron transiciones democráticas con al menos un factor en común: una nueva Constitución. Chile siguió un camino distinto y ya completa tres décadas de democracia con una carta fundamental concebida en dictadura.
El análisis de cómo se gestó y consolidó este diseño político, sus alcances y los argumentos para un proceso que lleve a una nueva Constitución, son los principales tópicos que se abordan en "¿Por qué necesitamos una nueva Constitución" (Aguilar, 2020), de la periodista, cientista política y académica Claudia Heiss.
En tan solo 130 páginas, la experta explica qué es y qué implica la Constitución de 1980, la cual, aclara, nunca entró en vigencia tal como se aprobó en el cuestionado plebiscito de dicho año: entre 1980 y 1988 rigieron disposiciones transitorias, y luego, tras el triunfo del NO, el régimen militar accedió a una serie de reformas que hicieron más compatible la carta fundamental con la democracia, pero que también frenaron su cambio completo.
Entre 2005 y 2017 se sumaron otras reformas, pero no lograron levantar los principales "cerrojos" del texto. Esta limitación a la voluntad democrática, dice Heiss, habría tenido fuerte incidencia en el estallido social del 18 de octubre, al contribuir al derrumbe de la confianza en las instituciones y en la capacidad de la política para canalizar los conflictos sociales.
El camino a la Constitución del 80, indica Heiss, parte en 1973 con la Comisión Ortúzar. En 1974 ve la luz la "Declaración de Principios del Gobierno de Chile", con los fundamentos del nuevo orden, marcados por la idea de una "democracia protegida", la noción de un Estado subsidiario y la organización de la sociedad a través de cuerpos intermedios despolitizados.
En 1975 la Junta Militar comienza a redactar y publicar decretos ley que serían los capítulos de la nueva Constitución. Establece un Consejo de Estado para aprobar el texto, en el cual se incorporan los ex Presidentes Jorge Alessandri y Gabriel González Videla. Eduardo Frei Montalva rechaza participar, y sus recomendaciones no son consideradas.
Daniel
Carrillo