Atención oportuna ante la violencia
La ocurrencia de un femicidio frustrado dejó en evidencia fallas en el sistema de apoyo a víctimas. Hay una investigación. En el primer trimestre de este año hubo 720 denuncias por mujeres agredidas y 181 detenciones. En 2019 fueron 625 denuncias y 161 detenidos.
Un sumario interno se desarrolla en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Los Ríos, luego que la ministra Macarena Santelices viniera personalmente a la región y ordenara el proceso, tras saberse que una víctima de femicidio frustrado ocurrido el 14 de mayo había denunciado maltrato en forma reiterada, pero no habría recibido ayuda institucional oportuna.
No se conocen públicamente mayores detalles oficiales del hecho, para resguardar la privacidad de la mujer afectada y de sus hijos, pero la situación es tan seria que obligó a la recién asumida secretaria de Estado a viajar junto a la general de Carabineros Berta Robles hasta Valdivia e intervenir.
Las diligencias están en curso y es de esperar que lleguen a identificar responsabilidades, pero sobre todo que permitan corregir procedimientos, pues son muchos los casos de este tipo en el país que no reciben el tratamiento esperado. De hecho, de acuerdo a un informe nacional del Ministerio Público, son archivadas cada año un 53% de las causas por violencia de género.
Además, pocos victimarios llegan a la justicia. En la región, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hubo 720 denuncias por mujeres agredidas durante el primer trimestre de 2020 y 181 detenciones; mientras que el año pasado en igual período fueron 625 las denuncias y 161 los detenidos.
Debido a la actual emergencia sanitaria por covid-19, existe una instrucción para aplicar medidas cautelares para los imputados por violencia intrafamiliar y eso es bueno; pero el requisito sería una aprehensión rápida o flagrante, algo casi impracticable en las actuales circunstancias y también por la dinámica de este problema: se sabe que las víctimas demoran en promedio siete años en denunciar estos hechos y que muchas de ellas, por miedo o dependencia económica, desisten de las acciones legales.
En este contexto, sin dudas que es positiva una investigación oficial que ponga en evidencia las debilidades del sistema; pero especialmente se requiere de acciones que permitan corregir errores y acudir en ayuda real de quienes se encuentran pasando por esta grave situación social, ahondada en estos días por las restricciones que impone en aislamiento social.