La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 1987 celebrar cada 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, por lo que el tema ha estado siendo abordado desde diferentes puntos de vista durante todos estos días, más aún al considerar que la actual pandemia de covid-19 nos advierte que el uso de drogas incrementa el riesgo de contagio y empeora el pronóstico de pacientes con coronavirus.

En ese sentido, uno de los últimos estudios que elaboró el SENDA revela que durante 2018 el 50,4% de los estudiantes universitarios de Chile admitió haber consumido marihuana, con especial prevalencia entre los jóvenes de 23 y 24 años. Pero más lamentable resultó ser que sólo el 28,5% entendía el riesgo que representa para su salud el consumo frecuente de marihuana.

Por lo mismo, el Gobierno puso en práctica el año pasado el programa "Elige vivir sin drogas", con el fin de prevenir el consumo de estas sustancias entre los escolares, con un plan inspirado en un exitoso modelo de prevención desarrollado en Islandia, que se ha replicado en 22 países y recoge el aporte de las sociedades médicas y científicas e incorpora la experiencia de la sociedad civil, municipios y Gobiernos, entre otros; sin embargo, y debido a las actuales circuntancias es un esfuerzo que está congelado en su ejecución.

Como aspecto positivo tenemos que el Gobierno presentó un proyecto de ley que -de aprobarse- fortalecerá la persecución y el combate de los delitos vinculados al narcotráfico. La iniciativa del Ejecutivo plantea la modificación de la actual Ley de Drogas (ley Nº 20.000) aplicando con mayor rigor la legislación contra quienes los tribunales establezcan que pertenecen a organizaciones narcotraficantes, y coloca acento en acciones destinadas a limitar la capacidad económica de esos grupos.

Por lo mismo, y a la espera que iniciativas como esta tenga una buena recepción, resulta más necesario que nunca que no solamente las autoridades, si no toda la sociedad en su conjunto acoja el llamado a luchar contra el consumo indebido de drogas y retome una idea que la ONU dejó sobre la mesa hace ya más de tres décadas, pero en estos días de emergencia sanitaria está más vigente que nunca.

En marzo pasado se promulgó la Ley Gabriela, que tipifica como femicidio aquellos casos en que quien agrede mantenía una relación de vínculo afectivo con la víctima. Años esperando esta Ley y a la vez esperando no tener que usarla nunca. Lamentablemente las cifras no dan tregua y en Chile el año 2019 hubo 46 femicidios y en 4 de ellos las víctimas tenían entre 17 y 20 años de edad.

Una encuesta desarrollada por el INJUV el año 2018, sostiene que el 64 por ciento de los y las jóvenes conoce a alguna víctima de violencia en el pololeo, el 14,2 por ciento considera que es "algo aceptable" revisar el celular y las redes sociales a la pareja, el 4,2 por ciento cree que es "bastante aceptable" forzar a la pareja a tener relaciones sexuales sin consentimiento y el 4,1 por ciento cree que es "bastante aceptable" insultar o gritarle a la pareja. Con este nivel de naturalización de la violencia es esperable que el 64% de las personas consultadas conozcan a alguna víctima.

La violencia en el pololeo se sustenta en la asimetría de poder, es decir, donde una de las partes domina y conserva el poder del control, por ejemplo, revisando el celular o teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. No se trata de un hecho aislado sino de una forma estable de relacionarse que avanzó sutil y paulatinamente, es la llamada escalada de violencia. Hablamos de un problema social y cultural, un problema público, de hecho, es un problema de salud pública dadas sus consecuencias físicas y emocionales en las víctimas y sus entornos.

Finalizar problematizando el concepto de violencia bidireccional o violencia cruzada, pues este parece suponer un maltrato cruzado que en contextos de violencia es poco esperable, considerando que el poder se concentra solo en una de las partes. Aquí no hablamos de conflictos en la pareja, hablamos de violencia y lo que está en riesgo es la vida, por ello, el desafío social es abordar el carácter relacional y estructural de este tipo relaciones, donde son las mujeres quienes más se perciben como víctimas y son a la vez quienes perciben más miedo.

Marianela Sanhueza Comité Buen Trato en Entornos Digitales UACh