Correo
Sistema de sufragio
¿Hay alguna solución para que votar en el plebiscito del 25 de octubre próximo sea más seguro? Lamentablemente parece ser que no, y que como país, nuevamente, hemos llegado tarde con propuestas asociadas a desafíos modernizadores del derecho a sufragar.
Llevamos años hablando de voto electrónico, a distancia o por correo. Sin embargo, hoy, ante la premura de una elección, se activa el tema, pero una vez más de manera reactiva. A dos meses del plebiscito poco y nada se puede hacer. No obstante y de cara a la gran cantidad de elecciones que presenta el 2021, se hace oportuno evaluar algunas de las alternativas, actualmente, viables.
El voto electrónico no soluciona el tema porque requiere igual ir al lugar de votación, solo se reemplaza el papel por un terminal computacional.
El voto a distancia, por medio de dispositivos móviles, como idea es muy buena, pero aún es un sistema demasiado vulnerable.
¿Cuáles son entonces las opciones que podrían resultar? Está el voto anticipado (como se estila en Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Australia) donde cada ciudadano puede sufragar con antelación en los lugares establecidos para ello. Otra alternativa es el voto por correo, Argentina, México, España, EE.UU. e Italia ya lo hacen y por último existe la opción de centros móviles de votación. En estos últimos, los vocales acuden a las casas o instituciones determinadas un día específico. Lo anterior, con el fin de que aquellos que por diferentes razones no puedan acudir el día de la elección, lo hagan antes de forma secreta y segura. Australia, Canadá, Finlandia y Ecuador ya han implementado este sistema.
Frente a la actual pandemia, el mayor riesgo de acudir a votar, recae, principalmente, en nuestros adultos mayores, quienes paradojalmente han mostrado siempre ser los más responsables al momento de cumplir con su deber cívico.
Las opciones existen, sin embargo, las voluntades para llevarlo a cabo y los tiempos para su ejecución, parecieran no estar. Es de esperar que nuestras autoridades sopesen las actuales alternativas, evitando un mayor ausentismo electoral, en la ya alicaída participación ciudadana.
Felipe Vergara, Universidad Andrés Bello
Jibarizando la educación
El aumento de años de escolaridad de 12 a 13 (permanentemente) y proponer kínder como nivel educacional gratuito y obligatorio, es un proyecto de ley cuyo fin mira el proceso de formación como un todo continuo, integrado y en espiral en relación a la adquisición de aprendizajes.
En educación, la igualdad de oportunidades no necesariamente se traduce en una igualdad de resultados, pero cuando la desigualdad es causada por factores externos aquella pasa a ser freno de entrada; es como iniciar una carrera de 5.000 metros resolviendo que algunos atletas partan un minuto después, llegarán al final, pero con tiempo en contra.
El tiempo en educación sí importa, el desarrollo de habilidades cognitivas y hábitos morales en períodos sensibles es una predisposición innata a realizar determinadas acciones facilitando la adquisición del aprendizaje; "ventanas de oportunidad" que permiten intervenciones que maximizan la efectividad del esfuerzo educativo. Mejorar la calidad de las oportunidades tiene que ver con compensar desde el momento más temprano las desigualdades.
Votar contra el kínder obligatorio es reducir las posibilidades poniendo a muchos niños y niñas tras la línea de partida, mientras otros ya crecen en conocimientos y habilidades. El costo de jibarizar la educación, lamentablemente, lo pagan solo algunos.
Solange FavereauPablo Longueira
El exsenador Pablo Longueira, al optar por el "Apruebo, pero no de cero" -lo que nadie garantiza, pues si ganase el Apruebo estaríamos partiendo de "una hoja en blanco"- está actuando de buena fe pero con ingenuidad y pensando que va a prevalecer la racionalidad.
¿Qué pasaría si la Constituyente quedare con un tercio más uno en manos de los sectores políticos más izquierdistas? Sería rechazada la mayoría de las ideas propias de una sociedad libre y responsable y todas las normas que no alcanzaren el quórum de los dos tercios pasarían a ser materia de ley ordinaria, las que solo requieren mayoría simple para su aprobación; lo que podría ocurrir con las relativas al derecho a la vida, a la autonomía del Banco Central, al Tribunal Constitucional, a las actividades económicas, al derecho de propiedad, a la libertad de enseñanza, al derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, a la libertad de expresión, al estatuto de las Fuerzas Armadas y de Orden, a los quórum supramayoritarios para aprobar leyes que traten sobre derechos o garantías fundamentales e, incluso, al sistema de gobierno.
En tal caso y considerando que los sectores de izquierda son mayoría en el Congreso, no tendrían obstáculo alguno para instaurar "el otro modelo" o "el régimen de lo público", que son los eufemismos de "Estado socialista" utilizados por tales sectores.
Adolfo Paúl Latorre