El 53,4% de las empresas con trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo consideró que tendrán que despedir trabajadores, mientras que entre las firmas que no se acogieron a la normativa, este porcentaje es de 12,5%.

Ese es uno de los resultados del boletín complementario covid-19 de la Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra del período abril-julio de 2020, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El documento, que en julio recogió antecedentes de 1.493 entidades, registra los cambios provocados por la pandemia y las medidas aplicadas por la autoridad sobre el mercado laboral formal.

Hasta este mes, son casi 120 mil las empresas con solicitudes ingresadas y casi 746 mil las personas bajo Ley de Protección al Empleo.

Resultados

Según el INE, el 37,3% de las empresas registró trabajadores suspendidos por la mencionada norma, lo que corresponde al 9,3% de los contratados por las empresas formales de cinco o más empleados. La medida abarcó al 8,9% de trabajadoras mujeres y al 9,1% de hombres.

La suspensión temporal del contrato con mayor impacto ha sido el pacto de suspensión, en el 24,7% de las empresas: una de cada cuatro suspendió el contrato con al menos un trabajador.

Los sectores económicos con mayores porcentajes de empresas con suspensiones de contrato en julio fueron alojamiento y servicio de comidas (86,4%), industria manufacturera (58,1%) y actividades artísticas y recreativas (54,9%). Los sectores económicos con un mayor porcentaje de trabajadores suspendidos fueron arte y recreación (47,3%) y alojamiento y comidas (39,8%).

Los rubros con un menor porcentaje de trabajadores suspendidos en julio son minería (0,3%), suministro de agua y gestión de desechos (0,1%), finanzas y seguros (0,6%), y administración pública (0%).

En julio, las empresas medianas son las que registran trabajadores suspendidos en un mayor porcentaje (41,1%), seguidas de las pequeñas (37%) y las grandes (33,2%). Los grupos ocupacionales más afectados por suspensiones son los vendedores (26,4% en julio) y los trabajadores de servicios personales y seguridad (20,9).

En el mismo mes, además, el 27,7% de los trabajadores realizó labores a distancia o en teletrabajo. Esta modalidad se concentra en los trabajadores de la enseñanza (74,4%), la información y las comunicaciones (67,3%), finanzas y seguros (55,9%), y suministro de electricidad y gas (50,2%). El porcentaje de empresas que adoptaron el teletrabajo, el trabajo a distancia o el trabajo remoto, fue de 35,8% en julio.

En cuanto a expectativas, el mayor porcentaje de compañías que, dada la pandemia, consideró en julio que tendrá que desvincular empleados en los próximos tres meses, se da en alojamiento y comidas (59,1%). El porcentaje también destaca en arte y recreación (43,1%), y construcción (38,9%).

El porcentaje aumenta si las empresas están acogidas a la Protección al Empleo: el 83,7% de las de construcción indica que despedirá trabajadores, al igual que el 68,1% de las de servicios administrativos, el 61,5% de las de actividades profesionales y técnicas, y el 58% de las de alojamiento y comidas. Entre las firmas no acogidas a la ley, el 76% de las de alojamiento y comidas considera que despedirá personas.

74,4% de empleados del

76% rubro enseñanza trabajaron a distancia. En información y comunicaciones, el 67,3%.

47,3% de firmas de alojamiento y comidas no acogidas a la Ley de Protección al Empleo estima que hará despidos.

El Banco Central publicó la minuta de su última reunión de política monetaria, en la que mantuvo la tasa de interés en su mínimo técnico de 0,5%. En el encuentro, "todos los consejeros coincidieron en que, dado el contexto macroeconómico causado por la pandemia, no cabía otra opción que reforzar el mensaje de que la política monetaria seguiría siendo altamente expansiva por un período prolongado".

Estimaron que la economía chilena ya estaba dando "signos de estabilización" y que se estaban cumpliendo los planes para estabilizar los mercados financieros frente a la liquidación de activos por parte de las AFP.

El Gobierno volvió a respaldar a Carabineros ante el sumario que la Contraloría realiza a siete generales por eventuales responsabilidades administrativas en la aplicación de protocolos de la fuerza pública en protestas y disturbios del estallido social.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó: "Yo estoy seguro de que con los descargos que hagan los generales ante la Contraloría, se va a desvirtuar la formulación de los cargos que se les hicieron, porque además se va a entender que con posterioridad al 18 de octubre el nivel de exigencia al que sometimos a nuestras policías para contener y mantener y resguardar el orden público, dio cuenta de una situación extraordinaria".

"Lo que corresponde es que las instituciones funcionen. Hoy lo que existe es un sumario administrativo, recién estamos en etapas iniciales del sumario, se han formulado cargos a determinados generales y lo que corresponde es que hagan sus descargos", sostuvo.

Galli dio las declaraciones en la presentación de un nuevo protocolo de Carabineros para el control del orden público, los que, explicó, ya se están implementando para las marchas. El protocolo consta de tres fases: diálogo, "para dar a conocer a los manifestantes las condiciones y evitar que existan personas que puedan proceder violentamente"; luego, el perifoneo, "para que los manifestantes pacíficos aíslen a quienes quieren cometer desórdenes"; y, al final, "cuando ya hay actos violentos, delitos, ahí ya no hay diálogo ni perifoneo, lo que corresponde es que proceda el restablecimiento del orden público".

Carta

Los diputados Juan Antonio Coloma (UDI) y Camila Flores (RN) enviaron una carta a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, debido al sumario de la Contraloría a los generales de Carabineros. "Esperamos que la organización pueda establecer claramente cuáles son los márgenes de acción de una Contraloría General de la República, el límite de sus atribuciones, el sentido de su actuación, porque muchos vemos una persecución a Carabineros", explicó Coloma.

"Tenemos que evitar por todos los medios que la Contraloría se transforme en una herramienta con fines políticos y que termine representando sólo los intereses de quienes la dirigen. Lamentablemente, creemos que con este acto el organismo fiscalizador cayó en una arbitrariedad que puede tener graves consecuencias", dijo.