Neuroderechos, la ley que puede poner a chile en la vanguardia mundial
INICIATIVA. El Congreso discute desde el 2019 un proyecto que busca proteger la integridad mental ante los avances de la neurociencia. De aprobarse, sería la primera norma en la materia a nivel internacional.
Efe
Chile podría ser pionero en el mundo al ser el primer país en contar con una legislación que regule los neuroderechos. De hecho ya lo es, al tener en discusión en el Congreso un proyecto destinado a afrontar los riesgos que suponen los avances tecnológicos en el campo de inteligencia artificial y la neurociencia, una iniciativa que miran con interés desde académicos, pasando por organismos internacionales, hasta grandes compañías tecnológicas.
En diciembre el Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar la iniciativa, que ahora debe discutirse y votarse en particular. Actualmente se encuentra en la comisión Desafíos del Futuro de la cámara alta, y se espera que sea votada en marzo, al regreso del receso legislativo de verano.
El origen del proyecto data de 2019, cuando un grupo de senadores de distintas tendencias políticas ingresó el texto, basándose en las recomendaciones del neurobiólogo español Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE. UU.) y portavoz del Grupo Morningside, un colectivo de académicos que recorre el mundo advirtiendo a los gobiernos sobre la necesidad de proteger este tipo de derechos.
La necesidad de poner límites éticos, según los expertos, dice relación con que las innovaciones en este ámbito ya son una realidad, o al menos se están fraguando en los principales polos de desarrollo tecnológico. Un casco con luz infrarroja que escribe los pensamientos, gafas o cintillos que interfieren en la actividad neuronal o un cerebro híbrido entre máquina y humano, son dispositivos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que ya se están desarrollando en Silicon Valley por ejemplo.
Para el neurocientífico de la Universidad de Chile Pedro Maldonado, el riesgo subyace en que estas tecnologías permitirían examinar la actividad cerebral sin consentimiento e incluso modificar la mente para alterar la manera en que las personas somos o pensamos.
"Hablamos de intervenir lo más intrínseco del ser humano, la mente, por lo que deberíamos poner urgencia en protegerla y que sea considerado como un derecho humano más", agregó Maldonado, que estima que se tardará alrededor de una década en poder alterar el cerebro de forma no invasiva.
Derechos consagrados
Uno de los impulsores de la iniciativa es el senador Guido Guirardi, quien además preside la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. El legislador explicó a la agencia de noticias Efe que el proyecto recoge cinco principios básicos: el derecho a la privacidad mental, a la identidad personal, al libre albedrío de pensamiento, al acceso equitativo a las tecnologías que aumenten las capacidades humanas y a la protección contra sesgos y discriminación.
"Los neurodatos a día de hoy son el objeto de deseo neoliberal y hay que evitar la vulnerabilidad y el riesgo que supone que estén expuestos y sin protección", señala Girardi.
Además del proyecto de ley, la apuesta de los legisladores también contempla una reforma constitucional que define por primera vez la identidad mental como un derecho que no es manipulable y que se podrá intervenir solo por motivos científicos o de salud. Dicha reforma también fue aprobada en general y luego enviada a la Comisión Desafíos del Futuro, para su discusión en particular.
Dd.hh.
La directora de la Academia de la Ciencia de Chile, Cecilia Hidalgo, aseguró que "más allá de tratar de ubicar a Chile como un país pionero en materia de neuroderechos, lo importante es trabajar para que estos se contemplen a nivel mundial" y que sean incorporados incluso a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
"La ciencia es un arma de doble filo: puede ser algo muy beneficioso pero al mismo tiempo algo destructivo, por eso la discusión ética debe preceder a los avances tecnológicos que podrían convertirse en una gran amenaza", añadió.
5 principios básicos recoge el proyecto: derecho a privacidad mental, a identidad personal, al libre albedrío de pensamiento, acceso equitativo a tecnologías y protección contra sesgos.