En mayo de 2019 fueron aprobados los primeros fondos regionales destinados a apoyar la Electromovilidad en Los Ríos. En julio de ese mismo año y con la presencia de un bus movido con este sistema, fue iniciado el camino hacia una propuesta local, enmarcada en el plan 2018-2022 para descontaminar y potenciar el uso de energías limpias.

En enero de 2020 la elaboración de la "Estrategia Regional de Electromovilidad para el Transporte Público en la Región de Los Ríos" fue adjudicada a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo al Centro Premio Nobel Mario Molina Ltda. (CMM), que tiene aproximadamente un año para su labor y que en julio pasado presentó los primeros avances de ella, caracterizando el sistema local de servicio de pasajeros, sus recorridos, los vehículos que lo mueven y los contaminantes que generan. Esos temas fueron parte de un seminario en línea en septiembre, reforzando la idea de un futuro consorcio público-privado que desarrolle el tema a largo plazo.

A nivel nacional se avanzó en esa línea con la creación del Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad, iniciativa de Corfo, junto a los ministerios de Energía y Transportes, encomendada a un equipo que lidera la Universidad de Chile y que también integran CMM y la Universidad Austral de Chile, a través de investigadores del Núcleo Invent Uach. Estos últimos trabajan desde Valdivia tanto en ideas para el transporte terrestre (su impacto en las redes de distribución) como en el marítimo, proyectando embarcaciones híbridas.

En general, todos los pasos mencionados contribuyen al objetivo nacional de tener un 40% de los vehículos particulares y el 100% de los de transporte público movidos por electricidad en el país, en 2050.

Las ideas están el pleno proceso y la comunidad puede observarlas en acciones como las llevadas adelante desde diciembre por la empresa Saesa, que puso en marcha los primeros taxis colectivos movidos por electricidad en Valdivia.

En conjunto se trata de objetivos que no se han dejado de lado en pandemia y que hablan de cambios positivos en la forma de vivir, acercándose a un criterio sustentable. Así vistas, son también buenas noticias. Y de ésas hacen falta muchas en estos días.

Pese a los intentos del Gobierno por dar señales de control frente a los ataques terroristas, queda la percepción de que la batalla se está perdiendo. En los últimos días hemos presenciado lamentables hechos de violencia en zonas de La Araucanía y Los Ríos, donde incluso sufrimos el vil asesinato de nuestro colega agricultor, Orwal Casanova Cameron, y de un policía de la PDI en un fallido operativo en Temucuicui de la región vecina, dejando en evidencia la presencia del narcotráfico en la zona y su alto poder de fuego.

Si bien la mayoría de los hechos violentos suceden en La Araucanía, en nuestra región también nos vemos azotados por hechos terroristas que han afectado a nuestros agricultores. Sucesos que como gremio nos han tenido preocupados y en permanente contacto con las policías y las autoridades regionales, no obstante, y pese a la inteligencia y acciones preventivas, no se logra llegar a tiempo. Se están perdiendo vidas de gente buena, trabajadora y que ama a su país.

Nos frustra profundamente ser testigos de como los responsables de guiar nuestro país se culpan unos con otros, mientras la sensación de inseguridad crece y perdemos nuestro Estado de Derecho que nos diferenció por décadas de otros países. Hacemos un nuevo llamado a los poderes del Estado para que repongan de manera urgente la paz y seguridad en la zona, y así evitar nuevos atentados y más muertes.

Estamos estancados en la promulgación de leyes que permitan a las policías contar con mayores herramientas para combatir estos crímenes que están claramente ligados a través de toda la evidencia ya existente, al terrorismo, narcotráfico, robo de madera, abigeato y usurpaciones. La ciudadanía no entiende como el Congreso se niega a la posibilidad de modificar e implementar estas urgentes leyes. ¿Qué pasa con nuestros parlamentarios?

Esperamos que el Poder Judicial y el Ministerio Público agilicen el avance de los procesos en curso y dicten las resoluciones judiciales necesarias, para la efectiva labor de las policías. Todos los gremios representados por la SNA o el CAS concordamos en exigir al Gobierno que utilice todas las instancias y facultades que le otorga la ley, para erradicar la violencia y volvamos a vivir en un lugar seguro para trabajar y estar con nuestras familias.

Víctor Valentin

Presidente Saval FG