En diversos foros y entrevistas, los cinco candidatos y candidatas a Gobernador Regional de Los Ríos han manifestado su interés en potenciar la participación ciudadana como eje de gestión. Si bien esa tarea es parte de las obligaciones formales del nuevo cargo frente al desarrollo social y humano; los postulantes van más allá y hablan de una presencia comunitaria incidente. Es decir, con peso real en las decisiones.

Hasta ahora, la Ley 20.500 (2011) abre espacios consultivos para las organizaciones sociales y las vincula con todos los niveles de autoridad; pero su gravitación real en la marcha de los territorios y en las planificaciones de largo plazo es baja. De hecho, muchos dirigentes expresan públicamente su queja porque se sienten llamados a opinar solo para que se cumpla una norma; pero no para ser tomados en cuenta.

En tal contexto, que la totalidad de los participantes en la elección 2021 manifieste preocupación es relevante. Más aquí. No se debe olvidar que la región fue creada gracias a un ejercicio tesonero de organización y que existe una cultura cívica que se activa. Ejemplos: protección del Santuario de la Naturaleza; legislación de humedales urbanos y construcción del Parque Catrico, entre otros.

Recogiendo tal realidad es que un estudio de 2019 para la Política Regional en esta materia, se explicitó como "visión" (el anhelo superior que motiva la acción) lograr que Los Ríos tenga "una institucionalidad adecuada y una ciudadanía preparada para incidir en la gestión pública". Para ello, el Gobierno Regional (Gore) debe abrir canales "de reflexión, diseño, decisión y evaluación".

El análisis definió que la creación de confianzas y la preparación tanto de líderes sociales como de funcionarios es crucial. En ese contexto es que resultan destacables acciones formativas de la División de Desarrollo Social y Humano con los integrantes del Consejo Regional de la Sociedad Civil; como también esfuerzos nacionales como el diplomado sobre Participación Ciudadana abierto por la Subdere para empleados públicos y que dictará la Uach desde mayo.

Sin duda, voluntad política y capacitación social hacen una alianza virtuosa de colaboración. Es de esperar que esos factores se conjuguen positivamente en el nuevo escenario administrativo local.

Los últimos, han sido días noticiosos en lo legislativo. Logramos aprobar el Bono Clase Media y un nuevo Préstamo Solidario para la protección de los ingresos. También, se resolvió el aplazamiento de las elecciones, que finalmente serán el 15 y 16 de mayo.

Ambas eran medidas apremiantes, dada la situación nacional que estamos viviendo. Pero entretanto, hay otros temas igual de importantes que aquejan a la ciudadanía: el crimen, la delincuencia y el narcotráfico, indiferentes al sufrimiento de millones de chilenos y que desgraciadamente no cesan ni en pandemia.

En tal sentido, quiero destacar una iniciativa que aprobamos y que ahora pasó a tercer trámite, que aumenta las penas a quienes ingresen, intenten o permita ingresar a un establecimiento penitenciario, elementos tecnológicos prohibidos que faciliten comunicarse con el exterior.

Y es que lo sabemos. Muchos de los delitos se siguen cometiendo, incluso coordinando, desde el interior de las cárceles chilenas, facilitados por la filtración de equipos como celulares a través de los cuales verdaderas bandas hacen de las suyas, especialmente en el campo del narcotráfico.

En allanamientos de Gendarmería entre 2019 y el primer semestre del 2020 a dependencias de reclusión de internos y lugares comunes, se lograron 6.836 hallazgos de elementos prohibidos: teléfonos celulares, municiones, armas de fuegos o alguna de sus partes, y explosivos.

Más aún. En el registro a visitas en el mismo periodo, se produjeron 521 incautaciones de elementos prohibidos, 120 de los cuales fueron celulares, junto a lo que se catalogó como "sustancia vegetal de color verdoso" (268 eventos) y "sustancia de color ocre" (133 eventos). Pero más grave todavía es que se descubrió a siete abogados ingresando elementos a los presos, seis de los cuales eran celulares y uno droga.

De ahí que este proyecto es importante por cuanto busca desincentivar esta práctica y aumenta las penas no sólo a quienes ingresen elementos -presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años-, sino que además, cuando esta acción es cometida por abogados, procuradores o empleados públicos como gendarmes, recibirán en forma adicional la sanción de suspensión y hasta la inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de la profesión, el cargo u oficio.

Bernardo Berger Fett

Diputado