La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua, que asegura imposibilita comicios justos, mientras que Human Rights Watch (HRW) denunció "campaña de violencia" por parte del Gobierno del sandinista Daniel Ortega.

"Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua, pero esta no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", dijo la expresidenta de Chile.

Bachelet lamentó que durante junio la policía y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco aspirantes presidenciales en los próximos comicios de noviembre.

También fueron detenidos otros ochos líderes políticos y dos dirigentes gremiales, "bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias", dijo Bachelet, que insistió en que los arrestos están rodeados de "graves violaciones de las garantías procesales".

Detenciones legales

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, "como en efecto está ocurriendo", aseguró la alta comisionada.

En la última jornada hubo dos nuevas detenciones: la opositora María Fernanda Flores, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, y el periodista deportivo y tuitero Miguel Mendoza.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión "no introduce resguardos para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales", así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

La alta comisionada también dijo que, desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se registra una escalada de la "persecución selectiva" contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.

"Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional", dijo Bachelet, detallando que al menos 124 personas están detenidas en el contexto de la actual crisis.

Estos abusos, "generan un clima de temor" que en opinión de Bachelet "inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión, esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo".

Actuar es urgente

A raíz de lo expuesto, Bachelet pidió al Gobierno de Ortega "cambios urgentes", que "implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral".

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) instó a la ONU a jugar un papel más activo ante la "campaña de violencia y represión" que emprendió el presidente Ortega.

La ONG presentó un informe de 38 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar, debido a que cree que existe una "estrategia gubernamental" para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Además, HRW calificó de "secuestro" la detención de cinco aspirantes presidenciales.

Estados Unidos, por su parte, hizo un llamado ayer en la tarde "al presidente Ortega y al Gobierno de Nicaragua para que liberen de inmediato a los contendientes presidenciales".

Defensa de cancillería

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, intervino en la misma sesión que Bachelet, solo que minutos después, y dijo que las críticas son parte de una "estrategia de difamación".

"Nos denuncian porque las personas que están respondiendo ante la Justicia nicaragüense son tristes y fracasados asalariados" del imperialismo, aseguró Moncada y tachó a los detenidos de "vendepatrias".

5 aspirantes a la

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset, informó que tuvo que exiliarse nuevamente, en medio de la ola de arrestos. "Mi esposa, Desirée Elizondo, y yo salimos de Nicaragua para resguardar nuestra libertad", dijo el periodista, una de las voces más críticas del Gobierno. "Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua", agregó Chamorro, que denunció en la víspera el allanamiento de su domicilio (sin moradores) por parte de la Policía Nacional.

El Gobierno español concedió el indulto parcial y reversible, por razones de "utilidad pública" y para restablecer "la convivencia y la concordia", a los nueve líderes independentistas catalanes condenados a entre nueve y 13 años de prisión en relación con el proceso secesionista ilegal de 2017.

"Es el momento de la política, de pasar página, de concentrar fuerzas y mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas", argumentó el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, al informar de la decisión en una declaración institucional.

El Gobierno tomó esta decisión porque es "lo mejor para Cataluña, porque es lo mejor para España y conforme con el espíritu de concordia y de convivencia de la Constitución española".

Sánchez insistió en que las razones de utilidad pública "tienen que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española".

Sin embargo, el Gobierno "no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia", garantizó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. La Constitución española impide la separación de cualquier parte del territorio nacional.

El presidente de Cataluña, el independentista Pere Aragonés, dijo que los indultos son un paso que "ayuda a generar credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto", aunque volvió a reclamar la "amnistía" para los condenados y un "referéndum acordado" sobre la independencia.

Próximamente, como se había anunciado con anterioridad, se reunirán Sánchez y Aragonés y se reanudará la "mesa de diálogo" entre ambos gobiernos.

Los indultos generaron gran polémica social y política en España, más cuando se concedieron con los informes en contra del Tribunal Supremo, que dictó en 2019 la sentencia de condena por sedición, y de la Fiscalía, aunque su criterio no es vinculante.

9 líderes catalanes fueron indultados tras una condena por el proceso secesionista ilegal de 2017.