Hace pocos días ingresó al Congreso un proyecto que promueve y protege el arbolado urbano. Se trata de una moción parlamentaria impulsada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que integra el senador por Los Ríos Alfonso de Urresti, la cual busca incentivar la creación, mantención y cuidado de áreas verdes en las ciudades, considerando los aportes paisajísticos y ecosistémicos que ellas generan.

La norma recoge una iniciativa impulsada en 1998 por el fallecido senador Antonio Horvarth; se nutre de las propuestas de la organización Red de Arbolado Urbano y materializa una idea prometida por el actual gobierno en 2018, pero que no fue enviada a trámite desde el Ejecutivo en el plazo anunciado.

También considera aspectos de la iniciativa "Un chileno, un árbol" que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) lleva adelante desde 2010, con plantaciones y estudios sobre las amenazas que los árboles encuentran en las ciudades, como maltrato humano, falta de mantención, cercanía con tendido de cables, instalación de cañerías subterráneas, edificaciones sin planificación, entre otras.

En la llamada coloquialmente "Ley Arbolito", se introduce el concepto de "infraestructura verde urbana" y se establecen reglas para incorporarla en todos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Por otro lado, se consignan multas de hasta $25 millones a quienes dañen o talen árboles.

En Los Ríos puede parecer lejana la falta de verde; sin embargo, no se debe perder de vista la creciente concentración poblacional en las ciudades, que en la región llega a 276 mil personas, según el censo de 2017; pero que se proyecta a 300 mil para el próximo año. Esa mayor presencia presiona el uso de espacio para construcciones y conlleva el reemplazo de áreas naturales, tanto a nivel privado como público. Señales en Valdivia hay, por ejemplo y lamentablemente, en la remodelación de la Costanera; en Guacamayo; en la plaza de la población San Pedro y otras.

Contar con disposiciones legales en esta dirección puede ayudar a que el cemento no gane; sino que exista equilibrio y se genere conciencia respecto del patrimonio natural, tan relevante en el contexto actual de preocupación por el cambio climático y la necesidad de enfrentar la contaminación atmosférica.

Esta semana, el Senado aprobó en general y con votación unánime el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, tras poco más de diez años de su ingreso.

El proyecto subraya que las aguas son bienes nacionales de uso público y consagra el derecho esencial al agua como derecho humano, estableciendo el deber del Estado de garantizarlo. Asimismo, prioriza el uso de las aguas para el consumo humano y saneamiento, seguridad alimentaria y desarrollo productivo local. Reconoce la multifuncionalidad de las aguas y refuerza las atribuciones de la Dirección General de Aguas. Por último, entre otras innovaciones, establece el carácter temporal de las concesiones de uso de las aguas y contempla la caducidad de las concesiones que sean utilizadas en fines diversos de aquellos para los cuales han sido otorgadas. De aprobarse el proyecto de reforma, estaríamos ante un avance significativo en la respuesta a la severa crisis hídrica que experimenta nuestro país.

Sin perjuicio de lo anterior, quedan todavía tareas pendientes respecto de los derechos de agua ya constituidos.

Por lo pronto, de acuerdo con el texto vigente de la Constitución, tales derechos siguen estando amparados por el derecho de propiedad, sin ninguna calificación que atienda debidamente a la profunda significación individual, colectiva e intergeneracional de las aguas. De igual modo, subsiste aún la competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley y para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución; por ejemplo, por estimar que afecta el derecho de propiedad.

Estas competencias, unidas a una cultura jurídica que promueve una concepción expansiva y absoluta de la propiedad, impiden que la reforma tenga la profundidad necesaria para hacer frente a la crisis de modo óptimo. En este sentido, la -por ahora eventual- aprobación del proyecto debe ser vista como un punto de partida en el camino hacia la desmercantilización de las aguas, que deberá recorrer la Convención Constitucional.

Viviana Ponce de León

Profesora Auxiliar del Instituto de Derecho Público, Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales UACh