Angustia, preocupación, rabia, incertidumbre, ha causado a nivel internacional el informe lapidario sobre la situación del planeta, entregado el pasado 9 de agosto por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y elaborado por más de 200 científicos de todo el mundo. También ha provocado múltiples reacciones y declaraciones políticas comprometiéndose a tomar medidas urgentes para enfrentar una realidad que ya es irreversible, como el derretimiento de hielos, olas de calor, tormentas e inundaciones.

Chile es uno de los países más expuestos del mundo a las consecuencias de esta realidad. De hecho el déficit hídrico se halla en niveles críticos, incluyendo a regiones como Los Ríos, que acumula un 45% de bajas en lluvias, lo cual implica desafíos para la agricultura, el ordenamiento urbano y, especialmente, la educación ciudadana.

La región forma parte desde 2019 de un plan piloto nacional que también integran las zonas de Atacama, O'Higgins y Los Lagos, a través del cual se generan insumos para la Ley Marco de Cambio Climático. Esa norma se encuentra en discusión en el Congreso, ya fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado y, esta semana, un grupo de parlamentarios ha pedido que el gobierno le ponga urgencia; como también para la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la que establece la Protección de Glaciares.

En forma paralela a esos esfuerzos legislativos, desde la comunidad también hay voces e iniciativas que buscan generar conciencia y movilizar voluntades en acciones cotidianas y concretas para que las personas se vinculen con el ambiente de manera distinta y, por ejemplo, comiencen a disminuir desechos, a usar la energía eficientemente, hacerse conscientes de la huella de carbono que genera cada decisión y cuidar la vegetación, árboles en particular, irreemplazables en la captación de gases de efecto invernadero.

Lo ideal sería que las informaciones en esta materia -como el documento del IPCC- no se olviden con facilidad tras el impacto inicial que provocan. Menos que normalicen o se produzca saturación noticiosa. Lo necesario es que desde ellas se cambien actitudes realmente. Cada paso individual y colectivo cuenta; eso nos toca aprender.

La gran mayoría de los agricultores estamos siguiendo muy de cerca el proceso de reforma al Código de Aguas, que lleva más de 10 años siendo tramitado en el Congreso, y que pasará a la Cámara de Diputados a su tercer trámite. Entre sus modificaciones, el proyecto refuerza el carácter de bien público del líquido elemento y establece que el derecho de aprovechamiento de las aguas se otorgará mediante concesiones temporales, junto con permitir su renovación solo si se cumple con los requisitos de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de abastecimiento.

Algunos actores coinciden que la crisis por la baja de las precipitaciones que afecta a nuestro país ha provocado un apremio en su discusión.

Uno de los puntos contemplados es que los nuevos derechos no serán indefinidos, tal como sucede hasta el día de hoy y tendrán una concesión a 30 años. Según algunas publicaciones en prensa, este cambio afectaría a cerca del 10% de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales que todavía no son otorgados y a 50% de las aguas subterráneas disponibles y, un dato muy importante, no afectaría el atributo de permanente a los derechos ya otorgados, sin embargo, los especialistas muestran cierta duda en este aspecto, debido a que el nuevo Código en trámite lo señala en un artículo transitorio. La nueva normativa incentivará la regularización de los títulos, mediante su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda y en el Catastro Público de Aguas de la DGA-MOP, motivado porque se contempla su caducidad en un plazo de cinco años, si no son regularizados, una vez publicada la Ley. Esta medida es la que tendrá, según nuestras estimaciones uno de los mayores efectos porque muchos agricultores no tiene finalizado este trámite, aduciendo que es caro, engorroso y lento.

Todas las modificaciones que se están planteando en el nuevo Código de Aguas implica un nuevo desafío para el agricultor.

Esperamos que las instituciones que están directamente relacionadas con este nuevo Código, cuenten con los recursos humanos y de infraestructura para acortar y disminuir los plazos de los trámites requeridos, que se disponga de las tecnologías e innovaciones que permitan dar respuesta a las solicitudes que postulen los agricultores, debido al impulso y necesidad de riego, que cada día cobra mayor importancia por los efectos del cambio climático, teniendo siempre en consideración que el agua que se usa en Agricultura es para producir los alimentos y que, además, necesitamos certezas para emprender .

Francisco Isla Cortés,

Vice-presidente de SAVAL FG