Redacción

Sobres de papel con dinero en efectivo, correspondiente a la entrega de gastos reservados de Carabineros, recibidos presuntamente en forma mensual y trimestral por la exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros Javiera Blanco, es parte del relato señalado por el Ministerio Público y que -este martes- permitió formalizar a la exautoridad junto a varios generales del alto mando de la policía uniformada.

Bajo la figura penal de malversación de caudales públicos, Blanco fue formalizada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en una larguísima audiencia -de más de ocho horas- junto a otros personeros, entre ellos los generales Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, todos exdirectores de Carabineros.

También fueron formalizados el exgeneral Iván Whipple Mejías, director de Finanzas de la institución, Flavio Echeverría, de la Unidad de Intendencia de la policía, y Héctor Zúñiga, ex funcionario de la Dirección de Presupuestos (Dipres) Metropolitana del Ministerio de Hacienda.

ACUSACIÓN

Durante la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a través de las fiscales Patricia Cerda y Ximena Chong, relató parte de los hechos investigados que serían constitutivos de delito, señalando que estos se cometieron entre enero de 2007 y marzo de 2011, mientras Javiera Blanco se desempeñaba como subsecretaria de Carabineros en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, entre ellos informes de la PDI que indican depósitos en efectivo y giros hechos por los investigados, la exautoridad habría recibido dineros provenientes de los gastos reservados de la institución uniformada por un monto total de 42 millones 138 mil pesos.

Antecedentes "escasos"

El relato de las persecutoras indica que Blanco se habría apropiado de caudales públicos sabiendo que no le correspondía hacer uso de esos dineros en facultad de sus funciones como autoridad, los cuales habría utilizado para fines personales.

En el caso de los exfuncionarios policiales, su formalización se justificaría en el hecho de que sustrajeron dineros provenientes de fondos para gastos reservados, y permitieron que terceros se apropiaran de dichos recursos.

Pese a que la abogada defensora de la exministra, Paula Vial, pidió sobreseer a su defendida, alegando además que la formalización se basaba en antecedentes escasos y contradictorios, finalmente el tribunal determinó -desde el 11 de octubre- las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, fijando además firma mensual para Zúñiga.

El pasado viernes se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el documental "Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile", que repasa la controversial historia de la comunidad conformada por colonos germanos vinculados con la extrema derecha y donde, en uno de sus episodios, se utilizó material de archivo en el que aparece el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, supuestamente, defendiendo a los miembros del enclave tras varias protestas y amedrentamientos sufridos luego de conocerse los primeros antecedentes sobre denuncias de abusos sexuales que más tarde dieron pie a la investigación de la Justicia contra el jerarca Paul Schäfer y otros miembros de esa comunidad.

Consultado al respecto, tanto en T13 como en 24H, el ministro Larraín aseguró que se trata de "declaraciones que también se habían dado en televisión y que circulan hace años, correspondiendo a una declaración inicial cuando se supo de estos hechos que eran nuevos hasta entonces". Añadió que "yo fui engañado" cuando se le presentó la labor social y médica que cumplía la agrupación.

"nada nuevo"

Aunque el ministro reconoció que es "muy bueno que se conozcan hechos que no se conocían a través de esta serie", enfatizó que "no muestran nada nuevo" y que "obviamente que hay un aprovechamiento político cada vez que esto se da a conocer ", dado que esas reacciones eventuales "después fueron cambiadas y expresé todo mi repudio".

"Para mí es muy brutal lo que ahí ocurrió", añadió el ex legislador, quien detalló que desde mediados de 1997, "por esas razones, nunca más tuve contacto alguno con nadie de Dignidad para que no se prestaran mis actuaciones a ningún tipo de interpretación", recalcó el ministro, asegurando que con los años pidió "las sanciones más duras para quienes correspondían".

¿Hay algo de nuevo en las revelaciones que se contienen en los Pandora Papers?

En ellos se muestra de qué forma, a través de varias empresas, Piñera y su familia vendieron el proyecto de Minera Dominga.

En el contrato celebrado en Islas Vírgenes el precio de la Minera asciende aproximadamente a 138 millones de dólares; pero una de sus cláusulas dispuso que parte del precio - a pagar en diciembre del año 2011- estaría subordinado a que la zona donde la minera se encuentra no fuera declarada zona protegida. Hasta ahí todo parece razonable. Salvo por un detalle: la declaración de zona protegida de la que pendía el pago de nueve millones de dólares a las empresas de Piñera estaba bajo las facultades del gobierno que este último presidía. En otras palabras, dependía de la decisión del gobierno conducido por Sebastián Piñera que sus propias empresas recibieran ese saldo de precio (si no había declaración de zona protegida) o que no lo recibieran (si esa declaración se formulaba).

El conflicto de interés es flagrante: una misma persona -el presidente- custodiaba intereses contrapuestos. Si declaraba el área protegida, no recibiría el precio restante; si en cambio omitía hacerlo su patrimonio se incrementaba.

Ocurrió esto último.

Por supuesto podrá decirse que el asunto ya fue conocido por la justicia sin que se declarase ilicitud alguna (aunque no resulta del todo claro que la cláusula que se acaba de describir haya sido conocida entonces); y podrá incluso agregarse que ese tipo de cláusulas son habituales en los negocios (puesto que el precio de un proyecto inviable por decisión de la autoridad no es lo mismo que el de uno que carece de restricciones); pero aún así el problema persiste. Porque el problema no es si acaso la cláusula que subordina el precio a que una decisión no se adopte es o no habitual, sino que el problema deriva del hecho que el presidente bajo cuya autoridad estaba la decisión era la misma parte beneficiada con ella.

El presidente ha dicho que él jamás ha abrigado la intención de poner el interés propio por sobre el interés nacional y no cabe sino creerle; pero, de nuevo, ese no es aquí el problema. El problema no es si acaso Piñera deliberó en favor de sus propios intereses y en contra de los intereses públicos. El problema es que él, o aquellos en quienes él depositó su confianza y por los cuales él es también responsable, no vieron problema alguno en un conflicto de interés evidente, un conflicto que salta a la vista ante la más mínima inspección. El conflicto de intereses en que el presidente incurrió consiste en permitir que los intereses propios entren en colisión con aquellos que, en cuanto autoridad, debía tutelar.

Sí, es cierto. En realidad, no hay nada nuevo en estas revelaciones.

Pero ese es justamente el problema. Porque el problema es que la colisión de intereses entre el patrimonio presidencial y las tareas que el electorado le ha confiado ya parece habitual. Es cosa de recordar -nada más- cuán difícil fue en su momento el caso de Lan para advertirlo o el de una olvidada pesquera.

Y entonces ya no se sabe si son sus asesores, la desaprensión del presidente o la amplitud de su riqueza el problema. Lo único claro es que sea porque quienes lo rodean actúan mal (aunque no hay que olvidar que todo dependiente hace lo que supone su mandante aceptaría), sea porque el patrimonio de Piñera es demasiado grande (de suerte que no parece haber rincón donde no incida), sea porque el presidente es desaprensivo (y no comprende la importancia de las formas), lo cierto es que parece haber finalmente una cierta inconsistencia objetiva entre el patrimonio de Sebastián Piñera o su desaprensión o ambas cosas a la vez, por un lado, y la presidencia de la república, por el otro.

Hay cosas que uno anhelaría que fueran novedad.

Y es que cuando son viejas y algo repetidas parecen un síntoma o un tic o una pulsión indomable. Y entonces sí el problema es peor.

"En el caso Dominga se configuró un objetivo conflicto de intereses ¿ninguna nueva revelación? Ninguna; pero ese es justamente el problema.