De acuerdo a informaciones del Observatorio de Conflictos, Los Ríos es una de las regiones donde se ha efectuado mayor cantidad de manifestaciones ciudadanas relacionadas con el sistema de pensiones durante la última década. Consignan un total de 70 acciones entre 2009 y 2019, lo que la ubica en tercer lugar luego de La Araucanía (73) y de la Región Metropolitana (83).

Si bien gran parte de esas actividades ha tenido relación con el cuestionamiento al sistema de previsión y su convocatoria cruza el territorio del país, claramente a nivel local la temática tiene un vínculo con el envejecimiento de la población y el nexo que existe entre pobreza y ese segmento etario.

Según datos entregados por el programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem UDD), en la región viven actualmente casi 24 mil mayores de 75 años de edad y el 6,7% de ellos se encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Además, en comunas como Lago Ranco, Mariquina y Panguipulli, más del 60 por ciento de los habitantes de esa edad reside en áreas rurales.

Datos nacionales del mismo Cipem-UDD indican que el 38% de las personas mayores percibe ingresos mensuales de menos de 200 mil pesos y, antes de la pandemia, 6 de cada 10 hogares liderados por adultos mayores se mantenía con subsidios¸ algo que ahora debió aumentar con los beneficios fiscales del estado de excepción.

Es decir, claramente, la expresión pública de una temática tiene asidero en la cotidianidad. Por lo mismo, sería interesante que en la elaboración de la nueva Estrategia Regional de Desarrollo (vigente desde 2009 y actualmente en renovación) se identificara a este segmento de la población como una materia prioritaria. Incluso sería interesante que se propusiera una política regional específica, tal como las que existen en otras áreas del desarrollo social.

Actualmente la idea se encuentra mencionada en el Lineamiento Estratégico de Inclusión Social y Calidad de Vida, vinculado al fortalecimiento de la protección social; sin embargo no se le visibiliza de la manera explícita y profunda que se requiere. Hace diez años -quizás- con esa indicación bastaba, pero ahora es preciso ir más allá para garantizar calidad de vida. Y eso no abarca solamente pensiones.

El pasado sábado 9 de octubre, miles de familias salieron a las calles en diversas ciudades de nuestro país, con el propósito de generar mayor visibilidad a la Condición del Espectro Autista, una lucha que hasta el día de hoy sigue siendo silenciosa y sin ser valorada y reconocida como corresponde. El Estado debiera ser, sin dudas, el primer garante para estas familias.

Existen estudios que indican que el diagnóstico para quien tenga esta condición debiese darse en los primeros 30 meses de vida, pero en la realidad el diagnóstico se establece, en promedio, entre los 4 y 6 años de edad, lo que deja de manifiesto la brecha existente entre la necesidad de las familias y la ausencia del Estado en materia de salud.

Para lo anterior se requiere de un aumento importante en los recursos que se destinan, contratación de profesionales especializados para el diagnósticos más rápidos y terapias constantes y sin grandes espacios de tiempo entre una y otra, de esta forma podremos generar una red de protección a las familias más efectiva, es decir, que vaya en los tiempos necesarios y requeridos por todo aquel que tenga esta condición.

Finalmente, y no menos urgente, visibilizar esta condición, acompañado de la correcta educación en la población, se ha transformado en una necesidad urgente, no obstante, un proyecto de ley referido a esta materia sigue durmiendo en el parlamento.

En términos comunales y nacionales, los datos son escasos. En una primera instancia y a mediante la escolaridad de los niños y niñas, se puede establecer que cerca de un 9% de los niños nacen con esta condición, lo que reafirma la importancia y la urgencia con la que se debe tratar.

En este contexto es que valoramos que en La Unión se formara la Agrupación TEA, que reúne a familiares de niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista. Acompañamos sus inquietudes y nos ponemos a su disposición para contribuir a sus demandas, sobre todo la de avanzar en una legislación especial que garantice atención, detección y tratamientos oportunos.

En un país que avanza en una nueva Constitución, es imperativo poder abordar temas tan importantes como estos y así garantizar a cada una de las familias que hoy luchan por sacar adelantes a sus hijos e hijas.

Andrés Reinoso

Alcalde de La Unión