El Presidente Sebastián Piñera culpó al "crimen organizado, narcotráfico y terrorismo" de los dos incidentes registrados en la ruta entre Cañete y Tirúa que terminaron con un comunero mapuche fallecido tras un enfrentamiento con funcionarios de la Armada y Carabineros.

"Ayer el país fue víctima de un ataque de un grupo terrorista en la Provincia de Arauco. Como es de conocimiento público, el jefe de la Defensa de la Región del Biobío, almirante Jorge Parga, informó que dos patrullas de Carabineros, apoyadas por efectivos de la Armada y el Ejército, fueron emboscadas y atacadas por un grupo de violentistas que utilizaron armas de fuego, algunas de grueso calibre", dijo el jefe de Estado en La Moneda.

El mandatario agregó que "producto de estas emboscadas y ataques, cuya naturaleza y circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía, una persona falleció, tres personas resultaron heridas y dos personas fueron detenidas, incautándoseles armas de fuego, un fusil y municiones de guerra y un vehículo con encargo por robo. Lamentamos profundamente todas las pérdidas de vidas y la existencia de heridos y víctimas de la violencia".

Estado de emergencia

Piñera recalcó que varios de los hechos de violencia registrados en el último tiempo y que ponen en riesgo a las familias de la Macrozona Sur, "no hacen más que ratificar la necesidad de mantener el Estado de emergencia constitucional. Por eso le pido al Congreso que apruebe la petición de extenderlo en esas cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía".

"En esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la PDI, con el apoyo de la Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo de este Presidente, de nuestro Gobierno", sostuvo y añadió que comprometió todo el apoyo del Gobierno para investigar y sancionar lo ocurrido.

Sin embargo, se encontró con el rechazo de senadores de oposición, quienes deben votar. Yasna Provoste (DC) afirmó que "la militarización de la zona no es ni será la solución".

Amenaza de llaitul

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) dijo tras la muerte del comunero que "arderá lo que tenga que ardr", a lo que el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, contestó: "Con Llaitul y la CAM no hay diálogo posible. La extensión del Estado de excepción en la macrozona sur es de sentido común".

José Antonio Kast, abanderado presidencial del Frente Social Cristiano, se refirió a las amenazas surgidas en las últimas horas: "Cuesta entender por qué Gabriel Boric no reconoce la existencia de terrorismo en Chile. Grupos armados, con alto poder de fuego y que amedrentan y amenazan a la población y fuerzas de seguridad".

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, escribió en Twitter: "Exigimos rigurosa investigación sin espacio para la impunidad. Como ha quedado demostrado una vez más, la violencia trae más violencia y solo el diálogo nos puede llevar a una solución. No a la militarización".

Un fallecido, NO DOS

Aunque la noche del incidente el ministerio del Interior informó que habían sido dos los comuneros fallecidos, ayer se corrigió dicha información.

La Fiscalía Regional del Biobío reveló que "una de las personas heridas en los hechos de violencia en investigación ocurridos en la ruta entre Cañete y Tirúa no ha fallecido, sino que se encuentra en estado grave e internada en el Hospital Regional de Temuco".

"Las tres personas lesionadas tienen la calidad de víctimas para la Fiscalía, por lo que se aplicarán los protocolos de contención de crisis y se recabará información de su estado y necesidades", puntualizó el ente persecutor.

Durante la tarde de ayer se dio a conocer el nombre del joven muerto: se trata de Yordan Llempi Machacán (23 años), cuyo hermano José (21) fue el único de los tres detenidos que quedó con medidas cautelares. Se decretó arresto domiciliario total en su contra, salvo los primeros siete días, cuando el arresto será solo nocturno, para que pueda participar en las ceremonias fúnebres de su pariente.

Los otros dos detenidos fueron dejados en libertad por falta de evidencias en su contra.

Además, la Fiscalía informó ayer que en sus carpetas figura una versión de Carabineros que habla de que "15 sujetos a rostro cubierto había destruido un paradero público que se encontraba a un costado del kilómetro 8 de la Ruta P-72S para luego usarlo de barricada".

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, separó en dos la investigación: una queda en manos del fiscal para causas de DD.HH y otra en las del fiscal de violencia rural.

Convencionales de escaños reservados criticaron con fuerza al Gobierno tras la muerte del comunero mapuche Yordan Llempi el miércoles. Ante la petición del Presidente Piñera al Congreso para que apruebe la extensión del Estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, junto con declararse contraria a la "militarización" de la zona y tras afirmar que "la política de violencia del gobierno ha envuelto a nuestras comunidades en estas graves circunstancias", hizo un llamado a "a los parlamentarios para que no aprueben una nueva instalación de la ley de excepción en la zona". Luego agregó que "esta es una lucha política que estamos dando para la convivencia (…) la opresión no es a perpetuidad, los pueblos se liberan. Y nosotros estamos tras esa liberación. No están solas las comunidades allá, no estamos solos acá nosotros, el pueblo de Chile también nos acompaña".

Un grupo de encapuchados que se identificaron como integrantes del grupo Weichan Auka Mapu difundió un video en el que rechazó el estado de excepción que rige en las regiones del Biobío y La Araucanía e instan, con disparos al aire, a que las Fuerzas Armadas abandonen el territorio, "porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas".

En el registro se ve a cerca de una veintena de personas con el rostro cubierto y armas largas que advierten que "el actual estado de excepción en Wallmapu no es algo nuevo para nuestro pueblo" y "responde a un plan estratégico político contrainsurgente aplicado por el Gobierno actual, pero impulsado y dirigido por los poderes económicos con intereses en el territorio".

Asimismo, reafirman "el compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje y a los intereses capitalistas que destruyen y devastan la ñuke mapu. Así como las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestros lov y comunidades".

Ante esto la Fiscalía de La Araucanía anunció que "ha resuelto abrir de oficio una investigación la cual ha sido encomendada a un fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad bajo las figuras contempladas en la Ley de Armas, particularmente, la formación de milicia privada o de grupo de combate y otras infracciones también en la Ley de Armas", dijo la vocera del ente persecutor, Daniela San Martín.