En octubre se cumplieron siete años de vigencia de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, conocida también como "Ley de Quiebras" (Ley 20.720), que fue promulgada en 2014 con el objetivo de ayudar a las personas y a las empresas que se encontraban superadas por los compromisos económicos morosos. Desde entonces, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), casi 190 mil personas han realizado consultas o iniciado procesos de información sobre los beneficios de esta disposición legal. De ellas, 6.581 han efectuado renegociaciones (acuerdos con sus acreedores) y 19.752 han liquidado sus bienes a través de un procedimiento judicial. En el caso de las empresas, 8.042 liquidaron sus activos y 319 lograron una total reorganización.

En Los Ríos, entre octubre de 2014 y el mismo mes de 2021, fueron 133 las personas que renegociaron (trámite que se realiza sin abogado) y 369 las que liquidaron sus bienes; mientras que 164 empresas liquidaron activos y tres reorganizaron (esto se refiere a empresas de mayor tamaño).

Las cifras de la Superir entregan, además, algunos detalles a considerar en el caso de los particulares: en la región, el 53% de quienes solicitan esta ayuda son mujeres; el 48,1% del total son personas entre 30 y 44 años; la mayoría está legalmente casado y tiene un trabajo dependiente.

Esa caracterización permite también dirigir las actividades de orientación para que la insolvencia se prevenga y no se repita. Desde 2019 existe la página www.tenlaclara.cl donde las personas pueden hacer simples ejercicios para mirar su estado financiero, algo no siempre tan sencillo, pues quien vive este problema soluciona el día a día, pero no dimensiona -no lo logra- el global de su situación, marcada con frecuencia por la angustia y la necesidad urgente de liquidez, cayendo en una espiral de nuevas faltas de recursos que le impiden ordenarse y volver a surgir.

Tanto es así que, en una reciente conmemoración de la dictación de la norma, se habló de ella como "una herramienta para superar el abismo de las deudas". Quizás para algunos suene exagerado; pero quienes han pasado por una situación similar saben que la analogía resulta muy gráfica. Por lo mismo, toda la ayuda que se pueda recibir es positiva.

La cita con la democracia es el domingo 21 de noviembre. Nuestro sistema se caracteriza por la realización de elecciones periódicas, en ellas los electores suman sus voluntades para favorecer candidatos, proyectos y visiones políticas. Ese acto sencillo y cíclico, representa la mecánica trascendental del régimen democrático. Por una parte, cada elector ejerce su libertad de elegir, y por otra, colectivamente nos autodeterminamos resolviendo nuestro gobierno, la integración del Congreso y, en algunos casos, los grandes asuntos de interés público.

Esta elección, nos convoca en un contexto político complejo formado por la eventual superación de la pandemia, así como la emergencia de nuevos actores y nuevas demandas. Estamos frente a lo que parece el fin de un ciclo político, cuyo desplazamiento está marcado por el descontento y la crisis institucional. Así las cosas, el voto emerge como una valiosa herramienta ciudadana que contribuye a la resolución racional de nuestras diferencias y a la transición pacífica de modelos y actores. Ejercido por las mayorías, el voto, consolida la legitimidad de nuestros representantes y robustece las demandas de cambio.

No podemos dejar la mesa servida. Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) de 2017, en Chile la caída en la participación electoral ha sido sistemática desde principios de la década de 1990. La gran disminución en el número de votantes ocurre luego de aprobado el voto voluntario. Las razones de abstención son diversas, destacando entre ellas el debilitamiento del sistema de representación y los partidos, el declive de la percepción de la eficacia política y la falta de educación ciudadana. Comparativamente y en escenarios complejos, en Latinoamérica se observa una tendencia al alza, por lo que Chile presenta una de las mayores bajas en la participación.

Se elegirán el Presidente -primera vuelta-, 155 diputados, 27 senadores y los consejeros. Las nuevas autoridades, es muy probable que tengan además de sus atribuciones conocidas, la compleja tarea de concretar la nueva arquitectura constitucional definida por la Constituyente. Además, enfrentarán desafíos como la restitución de la confianza, el retorno al orden, la credibilidad en las instituciones, la lucha contra la corrupción y la gestión de mayores demandas sociales en un difícil entorno económico.

Luis Palacios Sanabria

Académico de Derecho Constitucional de la U. San Sebastián Sede Valdivia