distintos ámbitos. Hemos visto a la Contraloría con el rol que tiene, el Ministerio Público, cuando se trata de irregularidades, la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, tenemos un ecosistema que efectivamente ha ido trabajando y eso en general ha sido bien reconocido. Ahora, el punto es el siguiente: aunque tenemos muy buenas herramientas, que son valoradas afuera, aún tenemos espacios en las que se permean irregularidades. Es decir, tenemos una institucionalidad especializada, en materia de transparencia, integridad, probidad, etcétera, pero necesitamos avanzar.

-¿Ha aumentado la corrupción o es que como hay más fiscalización, recién la estamos descubriendo?

-Hay de dulce y agraz en esto. Por un lado, esto lo dice nuestra encuesta anual de transparencia, cuando uno pregunta si usted cree que hoy, respecto de 10 años atrás, tenemos mejores herramientas para combatir la corrupción, las personas te dicen sostenidamente que sí. Y esto ha ido creciendo en el tiempo. Pero cuando uno les pregunta si usted cree que existe corrupción en el sector público, las cifras se disparan. Cerca del 80% de las personas cree que hay corrupción en el sector público. Tenemos más y mejores herramientas para combatir la corrupción porque todas estas herramientas de este ecosistema en materia de transparencia e integridad pública lo que hacen en cierta manera es poner luz, hacer exigible la rendición de cuentas. Por lo tanto, es inhibidor de actos de corrupción. Pero también la corrupción se va sofisticando y por lo tanto tenemos desafíos importantes como país. No sé si existan más o menos casos de corrupción que antes, porque lo que ocurre muchas veces con ella es que no se descubren. Pero sí tenemos buenas herramientas, aunque éstas siempre tienen que estar perfeccionándose porque también se sofistican las maneras de burlar el sistema. Llevamos tres años esperando la discusión de un proyecto que presentó esta administración y que no ha logrado ver la luz, y es apenas una modificación acotada de lo que debiera ser una norma de acceso que se haga cargo de hacer exigibles estos nuevos estándares.

La lucha contra la corrupción no termina nunca, es como la democracia, que no es un hecho dado, tiene que estar permanentemente generando instituciones, normas, espacio para cuidar que la democracia sea un sentido común de todos. Lo mismo pasa con la corrupción y creo que, además, no es solo avanzar en materia de legislación y fortalecimiento de las instituciones, sino que además avanzar hacia una cultura de la transparencia. Una sociedad que se espanta frente a este tipo de cosas, es una sociedad que puede combatir adecuadamente la corrupción. Y yo creo que es avanzar a cultura de la transparencia, a la integridad de lo público, y la integridad en el comportamiento en general, que es la base de una democracia sólida donde uno minimiza los espacios para la micro y macrocorrupción.

-¿A qué aspectos apunta ese proyecto?

-Tenemos el desafío siguiente, que es lo que nosotros proponíamos en el proyecto de ley como indicación, pero que finalmente no quedó, no fue acogido por el Ejecutivo, que es entre otras cosas avanzar hacia más transparencia activa, es decir, que esta sea la norma, que se publique mucha información y que las solicitudes de acceso sean la excepción. También sectorizar la transparencia. No es lo mismo lo que se publica en Salud que en el área municipal. Resulta que el artículo 7 de la Ley de Transparencia establece un catálogo único de cosas que se publican. Lo que sí fue acogido, y es clave para el futuro, es un capítulo entero de transparencia fiscal. Esto debe ser en lenguaje claro, porque no se trata sólo de disponer información sino que además de ponerla en un lenguaje que las personas puedan entender, interpretar y ocupar.

-A propósito de lo que pasó en la campaña a gobernadora de Karina Oliva, ¿hay margen para hacer más transparente el financiamiento de la política?

-De hecho, hace poquito, en octubre, mandamos un oficio a varias autoridades en esa línea, de perfeccionar la norma que existe. Por ejemplo, siguen siendo un misterio los aportes reservados de campañas hasta cierto monto, que puede ser reservado. Pensamos que debiera registrarse o abrirse, que se conozca más esa información. Creemos también que una cuestión que nos parece súper importante tiene que ver con la protección de datos personales. Nosotros tenemos una especificación especial en la ley que nos hace velar por esto, entonces por ejemplo el uso indiscriminado de bases de datos personales para el envío de propaganda electoral, que hoy vemos que existe masivamente a través de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas, debiera regularse. Se debiera potenciar el rol que tienen organismos fiscalizadores como el Servel, para poder ir sobre la información que publican los partidos políticos, particularmente en campañas electorales; y ampliar el período de prescripción de los delitos que se cometen en materia de campañas electorales, porque lo que se estableció en la legislación de un año es poco tiempo. Finalmente, ampliar la titularidad de la acción penal cuando se trata de delitos tributarios, a propósito de las boletas ideológicamente falsas, que solo Impuestos Internos y no otras instituciones podían presentar denuncias. Tenemos una legislación que ha ido avanzando, pero se ha quedado corta, y las sanciones, especialmente, deben ser acordes. Los condenados por delitos de corrupción no sólo debieran perder sus escaños, sino que ser inhabilitados de por vida para presentarse a cargos públicos.

-¿Qué debiera decir la nueva Constitución acerca de transparencia?

-Uno, debiera tener explícito el derecho al acceso a la información. Nosotros hemos visto que el 50% de los países tiene reconocido esto. Lo segundo, que nos parece clave, es que ojalá que si no es la autonomía constitucional para el CPLT, al menos debiera haber algún tipo de fórmula que garantice que pueda tener, por ejemplo, potestad sobre otros órganos del Estado, que hoy no los tiene. Por ejemplo, el Poder Judicial, el Parlamento, que tienen obligaciones, pero nadie los fiscaliza, porque tienen mecanismos de fiscalización interna. Debiera ser a través de un organismo autónomo como el nuestro.

-¿Y no debiera estar también la protección de los datos?

-La protección de datos personales está consagrada en la Constitución desde el 2018 y es curioso lo que ocurre ahí, porque es como el acceso a la información, pero al revés. Nosotros no tenemos el acceso a la información reconocido constitucionalmente, pero tenemos una ley que es bien destacada en América Latina, la Ley de Transparencia. Al revés, con la protección de datos tenemos el reconocimiento constitucional, pero tenemos una ley muy mala y antigua, del 99. Lo que decidió el Ejecutivo actual es que nos había dado la competencia primero, pero luego tomó la decisión de sacar al CPLT de esto y crear una agencia autónoma. Otra agencia. Vamos a ver cómo pasa porque también está terminando esta legislatura y este proyecto ha tenido muchas versiones, y nada. Lo único que hemos señalado es que, más allá de si es el consejo o no el que esté a cargo, es fundamental tener una normativa en materia de protección de datos porque hay un déficit en Chile en esto, además que es un compromiso incumplido con la OCDE, porque cuando entramos una de las cosas que se solicitaba era una legislación en esta materia y han pasado 10 años y todavía no ha pasado nada.

-Justamente lo de los datos dio vueltas en la licitación de pasaportes del Registro Civil. ¿Eran parte en este proceso?

-Para ser honesta, nunca se nos convocó, porque nosotros somos siempre el organismo consultado en protección de datos personales cuando se trata de entes de la administración del Estado. Nunca se nos consultó, pero lo que sí hicimos es que cuando se lanzó la licitación al principio, revisamos las bases de licitación y sobre ellas mandamos un oficio al ministerio de Justicia y al Registro Civil, para hacer los puntos que tenían que ver con protección de datos. Después tuvimos una audiencia con el ministro Larraín para ver varios temas, entre ellos este, y lo que le señalamos fue eso, que en el fondo había una necesidad de considerar la protección de datos en esa licitación, o al menos en el contrato posterior, cuando se adjudicara.

-¿Y los consideraron?

-Hicimos las recomendaciones. Creo que sí, por dos cosas. Primero hicimos, llegar las recomendaciones cuando las bases de licitación ya estaban lanzadas y lo hicimos en la parte de preguntas y respuestas, cuando en el fondo nos dimos cuenta de que estaba en esa fase y no nos habían preguntado nada. Nos dijeron que cuando se adjudicaran los contrato se iban a tener estas recomendaciones que habíamos hecho. No me consta, porque no lo vimos después, pero creo que la protección de datos, por diseño, en las licitaciones públicas en el Estado, tiene que estar necesariamente considerado.

-En las últimas semanas han aparecido varias denuncias de manejos dudosos de recursos en las corporaciones municipales. ¿No hay ley o esta ha sido vulnerada?

-¿Qué es lo que hay a ese nivel? Las corporaciones de derecho público son sujetos de transparencia y tienen obligaciones en materia de información pública. Pero aquellas que son de derecho privado no tienen esta obligación por su estatus, aunque reciban recursos públicos. El proyecto de adecuación legislativa que está en el Congreso indica que cualquier institución pública que reciba recursos públicos tiene la obligación de transparencia y da lo mismo si es de derecho público o privado, think tank, o lo que fuera. Ahí es donde yo creo que hemos visto que es necesario avanzar. Pero hay un conjunto de estas figuras jurídicas que no hay cómo entrar, aunque reciban fondos públicos; la ley no las consideró y en la práctica se transforman en una verdadera caja negra donde no sabemos qué pasa con el dinero que es de todos los chilenos.

La cientista política afirma que en materia de aportes electorales para el financiamiento de campañas aún resta mucho por avanzar.

De la fuente: "la lucha contra la corrupción no termina nunca".

"Hay un conjunto de estas figuras jurídicas (corporaciones de derecho privado) que no hay cómo entrar, aunque reciban fondos públicos; la ley no las consideró y en la práctica se transforman en una verdadera caja negra donde no sabemos qué pasa con el dinero que es de todos los chilenos".