¿Cuáles son algunos de los cambios que establece esta ley con relación a la antigua Ley de Extranjería?

-Tienen que ver con lo que señalaba, con sincerar las razones por las cuales los extranjeros

vienen a nuestro país, y lo segundo, entregarles todas las facilidades a los extranjeros que entran de manera regular o que regularizan su situación. Es muy importante entender que el migrante puede ser un aporte, pero tiene que cumplir con los deberes que tiene cualquier ciudadano extranjero que entra a nuestro país.

¿Qué opina de las críticas que apuntan a que esta nueva institucionalidad no es una solución real a la crisis migratoria ni tiene un presupuesto para desarrollar acciones en las regiones?

-Hay que entender que el tema migratorio no está focalizado en el Servicio de Migraciones. Nosotros somos un ente que funcionamos en coordinación con el resto de los servicios, por ejemplo, si hay un problema educacional no es el Servicio de Migraciones el que lo aborda sino el Ministerio de Educación. Entonces, obviamente por sí solo no soluciona, pero sí a medida que todo el servicio público y los entes privados que se vinculen con el tema de migración trabajen de manera coordinada.

En materia presupuestaria, hoy día no hay ítem presupuestario, esta ley surgió recién este año y el servicio es nuevo, por lo tanto, hay que revisar cómo será la partida presupuestaria para 2022, la cual, tengo entendido, es bastante auspiciosa y, en ese sentido, vamos a poder hacer muchas cosas importantes en los ámbitos de acción del servicio.

¿En la región, cuáles son las estadísticas de la distribución comunal de migrantes?

-En la región de Los Ríos no hay ninguna comuna que tenga más de diez mil migrantes. Desde 2005 a la fecha, hemos entregado dos mil 152 permanencias definitivas; y a qué nacionalidades, la mayor cantidad de permanencias definitivas las tienen los venezolanos, seguidos por los colombianos y, en tercer lugar, los haitianos.

Con relación al segmento etario, en permanencias definitivas, el que más solicita y al cual más se le otorga es el grupo de 30 a 44 años; esto está asociado, principalmente a la edad laboral.

En cuanto a las visas, hemos entregado diez mil 983 desde 2010 a la fecha. En primer lugar, a extranjeros provenientes de Venezuela, seguido por Haití y, después, Colombia. El 27 por ciento de las visas está en ciudadanos venezolanos.

Otro dato importante es que la mayor cantidad de solicitudes de visas temporarias es de hombres (58,1 por ciento).

Hubo un tiempo en que los migrantes peruanos tenían bastante presencia...

-La situación de los países, en este caso, de Latinoamérica, tiene mucho que ver con la cantidad de gente que sale. En Venezuela, la situación política y económica es muy delicada, entonces hay una gran cantidad de migrantes.

La actual situación migratoria en Chile, si la comparamos hace 20 años, es muy distinta, hoy hay una altísima cantidad de migrantes que llega a nuestro país y eso está focalizado en la situación que vive cada uno de los países y, principalmente en dos, estamos hablando de Venezuela y de Haití. Y Chile ha tenido una política abierta y de colaboración humanitaria con esos países.

¿En qué situaciones puede ser expulsado del país un migrante?

-Cualquier migrante que esté en situación irregular, que haya ingresado por un paso no habilitado, que no haya tenido autodenuncia ni haya regularizado su situación, es factible de ser expulsado. Por eso, cuando un migrante entra por un paso irregular, se le solicita que se autodenuncie en la PDI para que pueda comenzar a solicitar su regularización en nuestro país.

¿Y en el caso de la eventual comisión de delitos?

-La irregularidad de la permanencia de un ciudadano extranjero es motivo de expulsión, habrá que hacer un análisis y una evaluación de su situación social, familiar, pero es un motivo de expulsión y, con mayor razón, si hay un delito que está vinculado a su permanencia en nuestro país.

El migrante tiene las puertas abiertas en nuestro país para que sea un gran aporte al desarrollo de Chile y, en este caso de la región de Los Ríos, en la medida que su permanencia sea legal y su ingreso sea regularizado.

Pero este servicio es muy estricto en el sentido de, en primer lugar, la irregularidad y, en segundo lugar, cuando las intenciones de venir a nuestro país están vinculadas, en algunos casos, a delitos, ahí hay que proceder a la expulsión inmediatamente para que podamos compartir con la gente que quiera aportar y no con los que vienen a hacer daño.

¿Esta nueva institucionalidad aborda, desde la fiscalización, la situación de personas migrantes vinculadas al comercio ilegal?

-El Servicio de Migrantes realiza una parte del trabajo vinculado con los migrantes. La fiscalización, por ejemplo, del comercio ambulante no le corresponde al servicio, sino a la Municipalidad, a las policías.

Lo que a nosotros nos compete es la legalidad de su permanencia en nuestro país, por lo menos en primera instancia; el otro tiene que ser un trabajo coordinado con los diferentes servicios y depende de ellos que se logre ordenar la situación del comercio en las calles de nuestra ciudad.