De acuerdo a estimaciones demográficas, en 2050 el 30% de la población chilena tendrá más de 60 años de edad y 50 mil habitantes del país serán centenarios. Pese a que esta realidad es conocida y ampliamente analizada, ella todavía genera temores e incertidumbres.

Según un estudio realizado entre septiembre y octubre de 2021 por Voces Mayores (www.vocesmayores.cl), la posible falta de recursos, la ausencia de redes de apoyo, el deterioro de la salud que obligue a depender de otros y la vulnerabilidad en materia de seguridad pública, son las principales preocupaciones en Chile,frente al proceso natural de envejecer.

La investigación fue hecha sobre la base de una encuesta electrónica contestada por casi 9 mil participantes entre 16 y 75 años de edad, de diferentes regiones y principalmente mujeres. Presentaron los resultados la semana pasada en Santiago, en un seminario con asistencia de convencionales constituyentes, quienes recogieron también las expectativas frente a los derechos en salud y seguridad que debería garantizar la nueva Constitución.

El tema no es menor para Los Ríos, donde viven 23.467 personas mayores de 75 años, lo cual la convierte en la cuarta zona de Chile con población de más edad. Además, cobra importancia considerando que el 32% de ese grupo vive en zonas rurales y que el 6.7% está en condiciones de pobreza (cipem.cl).

A partir de los datos disponibles resultan muy importantes las iniciativas llevadas adelante por municipalidades como Valdivia y Paillaco, donde se comienza a trabajar con un enfoque distinto al asistencialismo, promoviendo el respeto y la actividad tanto laboral como social. Pero, claramente, no bastan iniciativas públicas; también es preciso esfuerzos comunitarios por cambiar la mirada, dejar la infantilización generalizada o los prejuicios respecto de la pérdida de habilidades, que se traduce luego en discriminación por años de vida, o "edadismo".

Una tarea sencilla para comenzar a mejorar puede hacerse desde el trato cotidiano y las palabras que se utilizan. En el estudio citado se sugiere ya no decir "adulto mayor", sino hablar de "personas mayores", lo cual alude a sujetos de derecho y es neutra en género. Un primer paso, entre muchos necesarios.

Mi voto a favor entregué hace unos días a un proyecto que se viene arrastrando largo rato, pero que para quienes vivimos en regiones como la nuestra, es sumamente importante y urgente: el fortalecimiento del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Por la importancia, pero también por la excesiva demora que ha tenido su tramitación, junto con aprobarlo, le he exigido al Gobierno imprimir la calificación de urgencia a la iniciativa, que desde que ingresó al Legislativo, en marzo de 2018, ha tenido poco y nada de movilidad.

Y además de impulsar este proyecto, he comprometido mi voto en ésta y las futuras instancias que deberá atravesar, para que el SAG tenga las herramientas técnicas y recursos para que haga bien su pega.

El proyecto del Ejecutivo viene a resolver una serie de cuestiones relacionadas a la dotación del personal, contrataciones y carrera funcionaria, otorgando mayores niveles de estabilidad, capacidad de resolutividad y profesionalización a los funcionarios del SAG a lo largo del país. No es un tema menor. La agricultura y ganadería en su conjunto representan el 10 por ciento del producto interno bruto nacional y tienen un impacto importantísimo en regiones como la nuestra, cuya economía depende en gran medida de esta actividad.

Siendo éste de los principales pilares económicos de Chile, su crecimiento ha conllevado un aumento progresivo en la demanda de los servicios que presta esta institución en el tiempo; pero la falta de ajustes, modernizaciones y de recursos, pone en peligro las capacidades de respuestas, y de no fortalecerlo, puede terminar convirtiendo al SAG en un ancla -y no un promotor- del desarrollo.

Este paso que estamos impulsando desde la Cámara Baja es de suma relevancia además ante fenómenos originados -y acentuados- por el cambio climático tales como la degradación más rápida de recursos naturales y el peligro de ingreso de plagas y enfermedades, que requieren de una gestión más eficiente y eficaz.

Es importante destacar que el proyecto también se hace cargo de las diferencias existentes entre los trabajadores del SAG, resuelve el traspaso de honorarios a contrata en un plazo gradual de 5 años, y asegura derechos bajo la figura de contrato indefinido según el Código del Trabajo, lo que a mi juicio hace justicia a una realidad controversial en el ámbito público por años.

Bernardo Berger Fett

Diputado