Efe

La Fiscalía General de Cuba anunció que los procesos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado suman 790 acusados por "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden", y entre ellos se incluyen 55 menores de edad.

El reporte, algo no habitual, tuvo lugar sin anuncio previo y fue difundido de forma simultánea por los principales medios oficiales, tras varias semanas de informaciones en medios internacionales sobre estos casos con datos de ONG y opositores.

La fiscalía aseguró que en estos casos verificó "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso", pese a las "manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos".

"La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos", subrayó.

Según reportó, la Fiscalía General recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos "de mayor connotación", con 790 personas instruidas "por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden".

De estos, se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento. De ellos, el 69% quedaron en prisión provisional como medida cautelar a la espera de juicio.

MENORES INVESTIGADOs

Del total de acusados, 55 tienen entre 16 y 18 años, y entre ellos 28 quedaron en prisión provisional. Aparte, agrega el comunicado, la fiscalía ha investigado a 27 menores de 16 años, pero recalcó que "en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal".

A estos, abundó la fiscalía, "se les aplicó el procedimiento legal establecido" para menores de 16 años.

Así, diez fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, y a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en su propia escuela.

Otros 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, de estos 41 asegurados con prisión provisional. El Código Penal cubano contempla la posibilidad de que se les reduzcan las penas en hasta un tercio por su edad.

La fiscalía argumentó que se optó por acusar del delito de sedición en algunos casos por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria" con el resultado de "perturbación grave del orden público" y con "el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó del 4,9% al 4,4% la previsión de crecimiento mundial para 2022, medio punto menos, fundamentalmente por la caída de las expectativas para Estados Unidos y China, mientras que en Latinoamérica el covid-19 y la inflación golpearon las proyecciones.

Además de la prevalencia a nivel mundial de la variante ómicron de covid-19, que el FMI vaticinó tendrá un fuerte impacto económico durante el primer trimestre del año, también citó la alta inflación en EE.UU. y la crisis del mercado de la vivienda en China.

"El crecimiento se ralentiza porque las economías tienen que lidiar con problemas de suministros, inflación elevada, una deuda de récord e incertidumbre persistente", señaló la economista jefe del Fondo, Gita Gopinath, en la actualización del informe "Perspectivas Económicas Globales".

Para 2023, el ente financiero prevé un crecimiento del 3,8%, dos décimas por encima de lo pronosticado en octubre del año pasado.

La economía latinoamericana crecerá 2,4% en 2022, según el FMI, que rebajó en seis décimas su estimación de octubre ante las menores expectativas de expansión en sus principales economías, Brasil y México, y en plena lucha contra la elevada inflación.

Según el nuevo informe, el crecimiento en Brasil será de apenas el 0,3% este año, 1,2 puntos menos de lo calculado en octubre; y en México será del 2,8 %, también 1,2 puntos por debajo de lo esperado.

En ambos casos, apuntó el Fondo, la reducción en los pronósticos se debe "a que la lucha contra la inflación provocó una fuerte respuesta monetaria, que pesará sobre la demanda doméstica".

Al frenazo de México también contribuye la rebaja en las perspectivas económicas de EE.UU., que implicarán una demanda "más débil" de exportaciones mexicanas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró su cumpleaños el 19 de junio de 2020 con una fiesta en Downing Street a la que asistieron unas 30 personas, a pesar de que las reuniones sociales en interiores estaban prohibidas en aquel momento por la pandemia, reveló el canal británico "ITV".

La esposa del jefe de Gobierno, Carrie Johnson, contribuyó a organizar una celebración "sorpresa" que se llevó a cabo en la Sala del Gabinete, donde se reúnen periódicamente el jefe del Ejecutivo y sus ministros, según la cadena.

La nueva revelación incrementa la presión sobre Johnson, en la cuerda floja desde hace días por la serie de eventos sociales que se celebraron en Downing Street durante la pandemia.

Un portavoz del despacho oficial de Johnson declaró que "un grupo de empleados que estaban trabajando ese día se juntaron brevemente en la Sala del Gabinete tras una reunión para desear feliz cumpleaños al primer ministro". El mandatario "estuvo allí menos de diez minutos", aseguró.

La cadena ITV sostiene, sin embargo, que la diseñadora de interiores Lulu Lytle, que decoraba el apartamento del matrimonio Johnson, pero no era empleada del Gobierno, también estaba presente.

Aseguró además que aquella misma noche el primer ministro recibió a "amigos de la familia" en su departamento oficial, aunque Downing Street recalcó que esa información es "totalmente falsa".

En este contexto, la Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, se sumó a las investigaciones e indagará si el Gobierno británico infringió las reglas por covid-19.

La comisaria jefa de la policía, Cressida Dick aclaró que trabajarán "sin miedos ni tratos de favor", de modo "imparcial e independiente".

En tanto, Johnson dio la bienvenida a la decisión deScotland Yard por considerar que "ayudará a dar a los ciudadanos la claridad que necesitan y permitirá trazar una línea en este asunto".

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenó el golpe militar en Burkina Faso y pidió la "liberación inmediata" del presidente derrocado, Roch Marc Christian Kaboré.

Bachelet, quien visitó Burkina en noviembre, exigió "el rápido retorno al orden constitucional" en un país que en 2020 celebró unas ejemplares elecciones legislativas y presidenciales, según la propia alta comisionada.

"Frente a las amenazas a la seguridad y los grandes desafíos humanitarios que tiene el país, es más importante que nunca garantizar que el Estado de derecho, el orden constitucional y las obligaciones del país con las leyes internacionales", afirmó la expresidenta.

"El espacio democrático debe ser protegido, para garantizar que la población pueda expresar sus quejas y sus aspiraciones, participando en un diálogo significativo en torno a las muchas crisis que sufre el país", concluyó Bachelet.

El lunes, militares del Movimiento Patriótico por la Protección y la Reparación se tomaron el poder y derrocaron al presidente Kaboré, tras dos jornadas de gran incertidumbre y confusión en uno de los países más golpeados por el yihadismo en la región.