Desde el 22 de enero está disponible en la plataforma la iniciativa popular de norma "Actividad física, deporte y educación física de calidad para Chile en una nueva Constitución" (N°70.874), la cual es presentada por la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física (Achipef).

En la iniciativa, plantean que la futura Carta Magna debe delimitar el contenido esencial del derecho a la actividad física y el deporte, así como también los ejes mínimos de protección que lo configuran.

También, apuntan a la necesidad del aumento y a una redefinición del actual concepto de gasto público.

Al respecto, el profesor Jorge Flández, quien participa en la Achipef como asesor técnico desde la Universidad Austral de Chile, explicó que esta iniciativa "tiene como gran objetivo dar cuenta de la relevancia que tiene la actividad física, el deporte y la recreación como una aspiración y una necesidad importante de la sociedad en su conjunto".

"En ese contexto, cuando uno realiza el análisis de todos los micro y macro temas que se están levantando en este portal, nos encontramos con que el área de la actividad física, el deporte y la recreación tiene una alta cantidad de adherentes, cerca de los ocho mil, lo que significa que es un tema relevante para las personas, para las comunidades y eso nos va permitir posicionar, por un lado, el área y, por otro, aportar a este diseño integral que se va a poner en marcha a partir de la futura Constitución, que finalmente se tiene que plasmar en políticas públicas", agregó.

Más de cuatro mil apoyos tiene la iniciativa popular de norma "Defendamos la educación de nuestros hijos e hijas en la nueva Constitución" (N° 6.858), impulsada por el Frente Unido de Padres y Apoderados.

Con ésta, las agrupaciones que conforman el Frente, buscan que, en la futura Carta Magna, quede consagrado el derecho preferente de los padres, la libertad de enseñanza y la no discriminación no sujeto al derecho de la educación, sino que en el mismo nivel de importancia.

En esa línea, Tomás Mandiola, director regional de la Fundación Pacto Social y ex seremi de Educación, explicó que la iniciativa surgió de la sociedad civil organizada, de distintas organizaciones de padres, madres y apoderados que -dijo- "buscan llevar a la Convención Constitucional el derecho preferente de las familias para decidir dónde y cómo educar a sus hijos y que no se discrimine a los estudiantes según el tipo de establecimiento al cual asisten, como ocurre hoy en día".

En ese sentido, sostuvo que "es muy importante para nosotros que se mantenga el deber del Estado de financiar tanto la educación municipal como la particular subvencionada, donde se educa casi la mitad de los estudiantes de nuestra región, y no ceder a la presión de ciertos grupos más radicales dentro de la Convención que buscan eliminar la educación particular subvencionada".

Mandiola lidera esta iniciativa a nivel regional, desarrollando una serie de actividades en terreno para reunir firmas. "Confiamos en que alcanzaremos el umbral requerido", dijo.

La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) impulsa la iniciativa popular de norma "Crea el Consejo Nacional de Justicia y establece el principio de autonomía de la administración profesional respecto de la función jurisdiccional (N°62.650).

Esta propuesta, que suma más de mil 600 apoyos de la ciudadanía, se fundamenta -según se señala en el texto ingresado- "en la necesidad de consagrar constitucionalmente el principio de separación de funciones entre el ámbito de la gestión administrativa y la jurisdiccional, poniendo el foco en la atención del usuario e intervinientes del sistema, apuntando a una nueva justicia, más moderna, rápida y oportuna".

Algunos de los puntos que incorporan en el articulado son: 1° Principios que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional y el gobierno judicial. 2° Del Consejo Nacional de Justicia.

Con relación a este último plantea como primer artículo: "Gobierno judicial. Créase el Consejo Nacional de Justicia, órgano colegiado y autónomo, de rango constitucional, integrado por jueces y profesionales del ámbito de la administración, que ejercerá en forma independiente el gobierno judicial, correspondiéndole la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de justicia. El CNJ tendrá como principal misión, velar por la independencia y la efectiva separación de funciones entre el ámbito jurisdiccional y la gestión administrativa (...)".

El deber del Estado de proteger la naturaleza y promover un modelo de desarrollo basado en actividades productivas renovables, plantea incorporar en la nueva Constitución la red Futuro Madera, así lo señala en el texto de la iniciativa popular de norma ingresada a la plataforma digital de la Convención Constitucional.

La propuesta se denomina "Derecho al desarrollo sostenible e impulso a las soluciones basadas en la naturaleza" (N° 20.366) , la cual suma más de 900 apoyos. En el articulado proponen que: "Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y a que la naturaleza sea preservada en su diversidad, y aprovechada en su capacidad productiva para proveer un desarrollo sostenible". Asimismo, que: "Es deber del Estado la protección de la naturaleza y la promoción de actividades productivas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la mitigación del cambio climático".

El texto fue construido con el aporte de más de cuatro mil trabajadores, pymes, empresas y gremios del mundo de la madera, que han participado en un proceso de diálogo que se está desarrollando desde las regiones madereras de Chile.

Agrupaciones de Futrono, Los Lagos y Panguipulli, de Los Ríos, y de Curanilahue, del Biobío, ingresaron la iniciativa popular de norma "Justicia frente al desplazamiento forzado" (N° 47.402), la que supera en la plataforma los mil 200 apoyos.

En la elaboración de la propuesta, las organizaciones que conforman el Movimiento por la Justicia frente al Desplazamiento Forzado, contaron con la orientación de Iniciativa Los Ríos de la Universidad Austral de Chile.

Del articulado propuesto en la iniciativa se extrae: "Se reconoce a todas las personas el derecho a la libertad personal y ambulatoria. Nadie puede ser detenido, salvo en los casos y en la forma que establece la ley. Se prohibe todo desplazamiento forzado provocado por la acción u omisión negligente del Estado (...)".

Al respecto, Antonia López, presidenta de la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, explicó que "la Constitución de 1980 no reconoce esto como una vulneración de derechos humanos, entonces a través de la iniciativa popular buscamos que haya verdad, justicia y reparación para el desplazamiento forzado".

La Red Ecofeminista de Mujeres Rurales y Autónomas está impulsando la iniciativa popular de norma "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Derechos de las mujeres y niñas rurales con perspectiva ecofeminista" (N° 56.110).

La propuesta, que cuenta con más de 330 apoyos, plantea que la futura Constitución debe incluir una declaración clara con relación "a la existencia del patriarcado como sistema de opresión de las mujeres y la base de toda discriminación y ejercicio de violencia en contra de las mismas, al no hacerlo, se vuelve muy difícil establecer mecanismos de defensa, protección y abolición".

En esa línea, uno de los puntos que plantea la Red en el articulado es: "Patriarcado. El Estado de Chile reconoce la existencia del patriarcado como una estructura social que es la base de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como la importancia del rol del Estado en tomar las medidas adecuadas para modificar los patrones culturales que sustentan la discriminación hacia las mujeres (...)".

La Red Ecofeminista reúne a mujeres de distintas zonas del país y se dedica al estudio y a la práctica del ecofeminismo.

y niñas rurales