Durante la primera semana de febrero debiera comenzar las obras de reparación del tramo Las Vertientes, en el camino a Curiñanco, en la costa de Valdivia, de acuerdo a los compromisos adquiridos por el Ministerio de Obras Públicas en la reunión sostenida con representantes de la comunidad el pasado 21 de enero. La meta es avanzar hacia una posible operatividad del camino en marzo y subsanar en parte la emergencia producida luego que un particular generara la destrucción del pavimento tras intervenirla con maquinaria pesada.

El problema es muy serio. Deberá ser enfrentado con fondos públicos, tanto para garantizar la seguridad de las personas, como para ayudar a los emprendedores cuyas fuentes laborales se vieron afectadas por el corte del camino. También deberán ejecutarse planes para monitorear la situación de emergencia y adelantarse para garantizar el traslado de escolares de manera segura cuando comiencen las clases.

Sin duda ha sido una situación muy grave. Sin embargo, en medio de todas las dificultades ha existido voluntad comunitaria y política transversal para buscar alternativas en este caso, como también para abordar las demoras del otro acceso al sector desde Torobayo (Ruta T·340); cuyas obras deberán relicitarse y probablemente serán retomadas el año próximo. Además, hubo conversaciones para que se efectúen más fiscalizaciones a las normativas legales en todo el sector; que se analice las dificultades que enfrentan los APR y se controle los proyectos inmobiliarios. Es decir, la apertura de un espacio real de diálogo -aunque fuera en este contexto complejo- dio pie para abordar temáticas postergadas y para comprometer mayor participación. Incluso se acordó convocar a las autoridades del próximo gobierno, para que el tema no pase al olvido entre una administración y otra.

Es de esperar que así suceda y que la conectividad costera hasta Curiñanco tenga pronto la atención que requiere. Recordemos que ella comenzó a forjarse en su trazado actual en los años setenta, con el esfuerzo de los vecinos y vecinas que la abrieron prácticamente a mano (palas, ripio, cuadrillas) seguros que una huella cambiaría su calidad de vida. Ha pasado medio siglo y ya es tiempo que tenga buen término.

Hablar de la participación ciudadana ha sido un lugar común en el debate democrático chileno. Sin embargo, también por mucho tiempo la forma de materializar dicha participación ha sido compleja, difusa, temporal y parcial, postergando las legítimas expectativas de organizaciones y personas. Esa ha sido una de las deudas que por mucho ha arrastrado la democracia que empezamos a reconstruir a inicios de los años noventa.

Y pese a que en el tiempo algunas políticas públicas, nacionales y regionales, han ido incluyendo elementos de participación ciudadana, ésta ha seguido siendo insuficiente, por el creciente grado de organización de personas y territorios quienes exigen ser parte de los procesos, de las evaluaciones y de las tomas de decisiones.

Por eso, ya en pleno siglo XXI, tras la oscuridad de la dictadura y una excesivamente larga transición a la democracia, hemos entrado definitivamente en un nuevo ciclo, no solo de la política, sino también de la organización de un tejido social que ya no responde a lógicas partidarias, sino a dinámicas propias definidas y construidas por sus integrantes a lo largo del tiempo, de triunfos y de derrotas. Se trata de una sociedad civil madura, que quiere ser tratada como un actor relevante y no como un simple acompañante o testigo de los procesos.

Este empoderamiento lo vemos en la alta participación en las propuestas de normas ante la Convención Constitucional, pero también en la defensa de sus más directos intereses, como ha ocurrido con los vecinos de la costa valdiviana, con toda razón molestos por la falta de respuestas y soluciones desde el MOP. Pero esta creciente incidencia también se expresa en las exigencias hacia el Estado y el Poder Legislativo y también a los municipios y los gobiernos regionales. Esta nueva etapa histórica requerirá de importantes cambios y adecuaciones en la institucionalidad existente.

Las personas no solo quieren ser activos sujetos de los procesos políticos en marcha. Quieren ocupar las calles para expresarse sin ser reprimidos, mayores espacios públicos para la recreación de sus hijos sin peligros, ciudades más amables y vivibles, que estén más pensadas en las personas que en los autos. En Los Ríos han existido experiencias que deben profundizarse y multiplicarse, en tanto existe una cultura de participación avanzada, como la que aportó a la creación de la región. Se trata, ni más ni menos, que de aportar a la edificación de una democracia más inclusiva.

Alfonso de Urresti

Senador