Seguiré siendo majadero
Faltando un poco más de dos meses (o cinco, con prórroga) para que se cumpla el plazo que la Constitución vigente fijó para que la Convención evacuara el proyecto que deberá ser sometido a plebiscito, hemos conocido iniciativas que plantean, entre otras, cuestiones que afectan la independencia del Poder Judicial, proponen el encarcelamiento del Presidente de la República en ejercicio y, abogan por el fin de concesiones mineras otorgadas conforme a la legislación vigente.
Como ya he dicho y reiterado, la Convención no es soberana. El artículo 135 de la Carta vigente establece que el proyecto que eventualmente se someterá a plebiscito "deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes". De esta forma, aunque se alcanzaran los dos tercios que la Constitución exige, ninguna de estas iniciativas podría formar parte del proyecto.
La afectación de la independencia de los tribunales de justicia atenta contra el principio de separación de funciones, propio de toda República y base esencial del régimen democrático. El establecimiento en la Constitución de un tipo penal ad hoc, nominativo y posterior a los hechos punibles vulnera derechos fundamentales, derechos que también están consagrados en los tratados internacionales. En cuanto a las concesiones mineras, se estarían irrespetando sentencias judiciales firmes y ejecutorias, como asimismo, el derecho de propiedad.
Frente a esta realidad, no podemos renunciar al derecho y a las herramientas que éste nos otorga. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136 de la Constitución vigente, esto es, el recurso de reclamación especial ante la Corte Suprema, me parece necesario recordar la norma del artículo 6° del mismo texto, disposición que prescribe que: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República". Entre estos órganos están el Congreso Nacional y la Corte Suprema. Creo indispensable que asuman su rol. El temor a la jauría no puede ser la excusa.
Jorge Vives Dibarrart jevivesd@gmail.com]
Deuda con la diversidad
Estamos viviendo tiempos de cambios sociales históricos, donde la ciudadanía se ha empoderado y concientizado de las transformaciones que quieren para su vida y las futuras generaciones. En este escenario vemos como todos los años personas, empresas, organizaciones e instituciones se comprometen con el avance de la inclusión y apoyo a la comunidad LGBTIQA+ y disidencias sexo-genéricas, pero hoy con la puesta en marcha de las votaciones por las iniciativas populares en la C.C, aparece una contradicción al observar el bajo apoyo a las iniciativas que buscan impactar en la comunidad LGBTIQA+, estando muy lejos de alcanzar los 15.000 patrocinios.
A la fecha ya existen propuestas que han llegado a la meta, sin embargo, las principales propuestas presentadas por DURAS (Disidencias Unidas Reconstruyendo Alianzas Sexopolíticas) que agrupa organizaciones LGTBIQA+ de todo el país, no han podido llegar al público general.
La oportunidad de incidir en la Convención no debe ser desaprovechada, el patrocinio de por lo menos una de estas iniciativas tiene el potencial de cambiar la vida de la población LGTBIQA+ por completo. La próxima vez que hablemos de apoyar a la diversidad, cuestionemos qué hemos hecho por el apoyo directo. Nunca habíamos tenido una oportunidad tan grande como la actual para actuar y el tiempo para hacerlo se acorta.
Martina Valenzuela Levi Coordinadora del programa de disidencias de Gabriel Boric
Tras un accidente laboral
¿Qué pasa cuando una persona sufre un accidente grave o una enfermedad profesional y de un día para otro, pierde su capacidad de realizar el trabajo u oficio que desempeñaba?
Esta situación que marca un antes y un después, implica un cambio de vida radical que involucra no sólo al afectado, sino que también a su familia y entorno, ya que todos enfrentan un proceso de adaptación.
¿Cuál es la clave? La reeducación laboral. Un claro ejemplo de ello es la Unidad de Gestión Social que creamos en plena crisis sanitaria en 2020 y que apunta a generar transformaciones significativas, mediante acciones que buscan mejorar la calidad de vida de quienes están en situación de discapacidad. De esta manera, el apoyo se puede traducir no sólo en reeducación profesional, sino que también en adecuación de las viviendas, contar con beneficios económicos, reinserción laboral, etc.
Sin embargo, para lograr una verdadera inclusión, no sólo se requiere de políticas públicas, sino que también de la voluntad del mundo del trabajo para ofrecer oportunidades laborales a las personas discapacitadas bajo las mismas condiciones laborales, como las de cualquier otro trabajador.
De hecho, volver a trabajar puede ser una buena terapia física y emocional.
Manuel Cañón Pino Director Nacional Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
