Redacción

El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por más de 40 mil millones de dólares provocó una fuerte crisis al interior del oficialismo. Máximo Kirchner, hijo de Cristian Fernández, actual vicepresidenta del país, renunció a su cargo de "jefe de diputados" de su coalición y solicitó cambios al acuerdo suscrito entre el Gobierno y el organismo internacional.

"He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI", expresó Kirchner, hijo del expresidente Néstor Kirchner, en un comunicado.

Según el parlamentario, este acuerdo provocará nocivas consecuencias en la economía local.

Una negociación que permitirá refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares otorgado en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri, un endeudamiento que a su juicio "trajo de regreso a la Argentina al FMI" después de que su padre decidiera cancelar en 2005 una deuda de 9.800 millones de dólares y lograra "desterrar" al FMI por ser "el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia".

Poco después de conocerse la renuncia de Kirchner, el Presidente Alberto Fernández reconoció las diferencias respecto a los efectos del acuerdo. Reiteró que no significará ajustes económicos y que se tomó la mejor decisión: "Hablé el miércoles pasado con Máximo, me contó sus diferencias con este tema. Hoy me llamó, me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia. Cristina tiene sus matices respecto al Fondo, pero hay un punto en que el Presidente soy yo. Estoy seguro de que tomamos el mejor camino".

Este entendimiento con el FMI ha puesto nuevamente en el tapete, las diferencias que existen al interior de la coalición de Gobierno.

Sobre todo entre el ala más izquierdista, representada por el kirchnerismo y el resto del peronismo, liderada por el Presidente Fernández, una coalición que se formó para las elecciones de 2019, pero que sufrió un duro revés en las últimas primarias legislativas.

Para que el programa entre en vigor, falta la aprobación del directorio del directorio del Fondo Monetario Internacional y el Congreso argentino, e incluye un acuerdo de políticas económicas por dos años y medio y una refinanciación del crédito solicitado por Macri.

Llegó el día. Dinamarca se transformó en el primer país del mundo en "volver a la vida de antes" de la pandemia. Desde ayer el Gobierno levantó todas las restricciones, incluido el pase sanitario. Lo único que se solicitará será el uso de las mascarilla en centros de salud, pero dejará de usarse en el transporte público, tiendas y restaurantes. En ninguno de estos lugares será obligatoria.

La primera ministra Mette Frederiksen señaló que sin embargo, aún es muy es muy difícil determinar que ocurrirá en el futuro: "No me atrevo a decir que es un último adiós a las restricciones. No sabemos qué pasará en otoño, si habrá una nueva variante".

Dinamarca tiene una población de 5,8 millones de habitantes y registra un promedio de 50 mil casos diarios.

Pero la cantidad de pacientes en unidades cuidados intensivos es mínima. Cerca del 81% de la población se encuentra vacunada y, además, es uno de los países con la tasa de mortalidad más baja de Europa: 62,59 por cada 100.000 habitantes, menos que España, Portugal o Francia.

Medidas similares, por motivos similares, se están tomando en Finlandia, donde las autoridades informaron que a fines de febrero se acabarán todas las restricciones sanitarias.

Muy distinto es lo que ocurre en Italia. El Gobierno impuso a partir de este martes duras restricciones. Las personas mayores de 50 años que no estén vacunadas, serán sancionadas con una multa. Se estima que 1,9 millones de personas mayores de esa edad aún no reciben la primera dosis contra el covid-19.

Pero estas medidas no son las únicas. A partir del 15 de febrero, las personas que no posean el certificado sanitario reforzado no podrán acceder a sus lugares de trabajo. Sufrirán la suspensión de su funciones y su salario. Estas multas podrían ir desde los 600 a los 1.500 euros.

Los problemas para Pedro Castillo crecen. Luego de la renuncia de su ministro del Interior y de su primera ministra, y tras el posterior anuncio de cambio de todo el Gabinete, ahora deberá enfrentar una posible acusación constitucional que busca poner fin a su mandato.

El anuncio lo realizó la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, del derechista partido Avanza País, opositor del actual Gobierno. A través de Twitter, la parlamentaria aseguro que "he decidido presentar Acusación Constitucional contra el presidente Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno. Ahora el Congreso decidirá su destitución, a través del juicio político correspondiente".

Según la Constitución Política del Perú, el Presidente de la República sólo puede ser destituido por razones muy específicas. Delitos como traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento.

Problema de asesores

En paralelo a esta acusación, la Comisión de Constitución del Congreso analiza un proyecto de ley que busca ampliar las causales por las cuales el mandatario puede ser removido de su cargo. Se trata de delitos de corrupción y organización criminal. Esta moción fue presentada por el Partido Morado, de centro liberal, que hasta hace poco era cercano al Presidente Pedro Castillo.

Esta es la segunda moción de vacancia presidencial que presenta la congresista Patricia Chirinos, quien además es investigada por la Comisión de Ética por haber insultado al mandatario en un evento público.

Mientras, la renunciada exprimera ministra Mirtha Vásquez señaló en una entrevista que su renuncia se debió en gran parte al equipo de asesores que tiene el jefe de Estado y que le dan "decisiones inadecuadas y eso lleva a cometer a veces errores".

Una confusa situación se produjo durante la mañana de ayer en la capital de Guinea-Bisáu, en África. Un grupo de hombres armados ingresó al palacio presidencial donde se desarrollaba una reunión de emergencia entre el Presidente Umaro Sissaco Embalo y el primer ministro de ese país, Nuno Gomes Nabiam. Desde el exterior se escucharon ráfagas de ametralladoras y el sonido de una bazuca.

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental condenó lo que llamaron un "intento de golpe de estado". A través de un comunicado, el organismo hace responsables a los militares de la integridad física del Presidente Embalo, quien estaría retenido, solicitando su regreso a los cuarteles y respetar la "integridad republicana".

La agitación provocó confusión y caos en Bisáu, la capital del país, donde muchos edificios gubernamentales fueron acordonados por fuerzas militares.

La embajada de Portugal recomendó a todos los ciudadanos de ese país y residentes en Guinea-Bisáu a permanecer en sus casas.

Este país consiguió su independencia en 1973, pero ha vivido en una constante inestabilidad política. Sólo un Presidente ha logrado finalizar su mandato constitucional de 5 años.