La Convención Constitucional inició ayer las votaciones de iniciativas de normas en el Pleno, oportunidad en la cual debutó el quórum de dos tercios pactado desde el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución firmada transversalmente por casi la totalidad de los sectores políticos del país el 15 de noviembre de 2019.

Durante la jornada los convencionales deliberaron, en general, sobre el primer informe emanado por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, que aborda los "Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia", que consta de 16 artículos.

Al inicio de la jornada la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, destacó que "hoy se hace historia, se inician las etapas de deliberación y se establece como nunca antes que la soberanía radica en los pueblos de Chile".

Debate de quórum

Sin embargo, el inicio del debate del pleno para aprobar o rechazar las normas constitucionales propuestas se demoró tres horas respecto de lo planeado inicialmente (15:00) por un debate acerca de los quórum ya que varios convencionales aseguraron que no hay una norma expresa en el reglamento que señale que el informe de las comisiones temáticas tiene que ser aprobado por dos tercios.

Tras una larga discusión al respecto, la presidenta Quinteros afirmó que "lamentamos que no sea unánime la interpretación, sin embargo, los ocho integrantes de esta mesa directiva asumimos el desafío de interpretar las normas contradictorias del reglamento con espíritu de eficacia y transparencia. Por lo tanto, respetaremos la decisión acorde al reglamento que nos hemos autootorgado". Y así se ratificó el quórum de dos tercios.

Pluralismo jurídico

Ya desde antes del debate se pronosticaba que uno de los puntos controversiales sería el de sistemas de justicia que plantea la coexistencia de los tribunales de justicia nacionales con los organismos jurídicos indígenas. Y así ocurrió.

Marcela Cubillos, convencional de la UDI, afirmó que "el informe que propone la Comisión de Justicia primero afecta la igualdad ante la ley creando un sistema de justicia paralelo para quien es indígena respecto de quien no es indígena y ni siquiera haciendo una derivación a la ley".

"En segundo lugar les da instrucciones a los jueces de cómo fallar alterando un principio básico de que los jueces fallan respecto a la ley. Y en tercer lugar atenta contra la cosa juzgada al someter a los tribunales de Chile a lo que ellos llaman Sistema Internacional de Derechos Humanos; ni siquiera los tratados internacionales firmados por Chile. Es un informe que debilita al poder judicial y no que lo fortalece", añadió la ex ministra.

Fuad Chahín (DC) planteó que "es importante avanzar hacia un poder judicial moderno que incluya el pluralismo jurídico. Pero hay que mantener la independencia de los poderes del Estado y debemos garantizar la independencia del Poder Judicial. Compartimos el espíritu de este informe pero hay algunos aspectos que debemos rechazar como una forma de dar pie a mejorar su redacción".

"Lo que se propone afecta la igualdad ante la ley creando un sistema de justicia paralelo para quien es indígena respecto de quien no lo es".

Marcela Cubillos

"Hoy se hace historia, se inician las etapas de deliberación y se establece como nunca antes que la soberanía radica en los pueblos de Chile".

María Elisa Quinteros

Reiteradas han sido las críticas al Presidente Sebastián Piñera por el episodio que protagonizó en 2019 en Cúcuta (Colombia) cuando invitó a los venezolanos que buscaban huir del régimen de Nicolás Maduro para que vinieran a Chile. A partir de ello, sectores de la oposición han culpado al Mandatario por la crisis migratoria que se vive en el país, especialmente en las regiones del Norte Grande. A ello respondió ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien reprochó que se utilice este argumento contra el Gobierno a propósito de los casos de violencia asociados al ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, que culminaron con el asesinato del joven camionero Bayron Castillo y la posterior movilización del gremio que bloqueó carreteras en varias regiones del país. Todo eso llevó al Gobierno a declarar estado de Excepción en cuatro provincias.

"Como Estado, no un Gobierno de turno, tenemos que hacer muchas críticas por el tema migratorio en los últimos 30, 35, 40 años", dijo el jefe de gabinete en Radio Cooperativa. En ese marco, afirmó que "la caricatura de Cúcuta no resiste análisis cuando uno ve los datos: entraron muchos más venezolanos antes de Cúcuta que después del tema; está demostrado, 300 mil venezolanos antes, y la mitad después" de dicha reunión.

"Cuando va un presidente a apoyar la libertad, el tema humanitario, y dice que Chile es un país solidario, es que entren por la puerta, diciendo a qué van y de día, no entre por la ventana, de noche y mintiendo", planteó Delgado.

"Nadie va a hacer una invitación a que se entre por la ventana a su casa. Me invitan a una casa, y no entro por la ventana a las 5 de la mañana y más encima quiebro un jarrón", añadió para sentenciar que "esta caricatura es un poco burda a esta altura".

Galli y acusación

Ayer el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, rechazó que el Partido Republicano haya anunciado que analiza una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera una vez que asuma el nuevo Congreso, en el que dicha colectividad contará con 14 diputados.

Representantes del partido que llevó a José Antonio Kast como candidato presidencial acusan al actual Mandatario de ser el responsable por la crisis migratoria y la "importación" de delitos, como el sicariato, delincuencia que no ha podido ser controlada.

De acuerdo con la legislación nacional cualquier autoridad puede ser acusada hasta seis meses después de haber dejado su cargo y para ello se necesita el apoyo de 10 parlamentarios.

Ante ello Galli dijo que "si algo de lo que hemos visto durante este periodo de gobierno, es la utilización de nuestra institucionalidad con fines exclusivamente políticos. Esperamos que ningún partido se preste para la irresponsabilidad de seguir con la mala práctica de acusaciones constitucionales totalmente infundadas y que tienen un único y exclusivo fin de daño político".