Regresaron los estudiantes a clases presenciales y, con ellos, debieron volver también los servicios de entrega de alimentación gratuita, que provee la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) tanto en los niveles escolares como universitarios. La institución estatal cumple esa función desde 1964, con la meta de llegar a la población más vulnerable del país. Actualmente atiende a casi 2 millones de niños, niñas jóvenes a nivel nacional; también con otros beneficios sociales.

En Los Ríos son más de 46 mil los beneficiados, quienes durante la pandemia continuaron recibiendo los aportes, a través de canastas familiares entregadas directamente a las familias. Esta semana activó, además, la entrega de la tarjeta de Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), que permite comprar productos en locales asociados a la empresa Sodexo -concesionaria a cargo- con algunas condiciones: deben ser saludables, con pocos sellos y no comida chatarra, pues la idea es también contribuir a disminuir los índices de obesidad.

Sin duda que se trata de ayudas importantes para la economía de los hogares y, por otra parte, se ha convertido en un vehículo de mantención cultural de costumbres gastronómicas, pues muchas de las preparaciones tienen pertinencia local y utilizan productos de proveedores regionales. Por otra parte, desde este año fue anunciada la incorporación de platos relacionados con las tradiciones de los migrantes haitianos, venezolanos y peruanos, para que se contribuya así a la integración. Este proceso es muy positivo, en la medida que no se imponga, sino que se asimile lentamente y se incorpore a la cotidianidad.

Considerando esos aspectos, Junaeb juega un rol social clave. Por lo mismo, al iniciar el año es preciso que a nivel regional atienda algunas dificultades que podrían empañar su desempeño. Una es la falta de dirección regional oficial (hay subrogancia) tras la polémica salida de la anterior encargada; la segunda, es la denuncia de apoderados de Futrono debido a la falta de raciones, lo cual habría obligado a acortar jornadas de clases. Esto es urgente de subsanar, pues muchos alumnos y alumnas no cuentan con otras fuentes de buena alimentación más que en sus escuelas y liceos.

Con los devastadores ataques de Rusia a Ucrania, ya son alrededor de tres millones de personas las que debieron abandonar suelo ucraniano en búsqueda de seguridad contra el asedio, cuya proyección podría disparar de acuerdo con la ONU "la mayor crisis de refugiados del siglo".

Varios países limítrofes las han recibido bajo la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea. La directiva creada durante 2001 no había sido utilizada hasta ahora, que ha sido activada por los Veintisiete en una "decisión histórica".

Se trata de una medida que tiene el objetivo de asegurar protección inmediata a las personas que abandonan países de la Unión por un conflicto armado, y en concreto garantiza a los refugiados provenientes de Ucrania el derecho a residir en la Unión, acceso al empleo, vivienda, asistencia social y médica y sistema educativo, entre otros beneficios, sin demoras burocráticas innecesarias.

Esta directiva, elogiada por ser una muestra de solidaridad sin precedentes, ha sido sin embargo limitada por la propia Unión, a las y los nacionales del país atacado.

La implicancia de esta limitación desnuda la otra cara de la situación que enfrentan miles de víctimas del conflicto. La crítica se dirige a que deja sin protección y ayuda a personas residentes en Ucrania, a quienes se les está impidiendo abandonar el país, o negando la entrada en los de acogida.

Contra dicha restricción de asistencia solo para nacionales se han denunciado los límites de la solidaridad europea. Subyace una vulneración al principio de igualdad según el cual se exige un trato igualitario para todas las personas víctimas de un conflicto armado en territorio europeo. Y en definitiva, pone en evidencia que la decisión institucional de los estados miembros de la UE de proteger a las víctimas del conflicto es una elección política atravesada por dobles estándares.

El escenario actual llama a la reflexión sobre los alcances de la protección del derecho internacional de los derechos humanos y la necesidad de velar por la vida y la seguridad de todas las personas que huyen de la guerra, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.

Leticia Morales

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UACH