Minutos antes de las 00:00 horas de ayer, cuando vencía el plazo para que la Comisión de Sistema Político presentara las indicaciones del informe de reemplazo que deberá votar la Convención Constitucional, se firmó un acuerdo para el texto que se presentará. Quienes lo suscribieron, aseguran que se aprobará la forma en que estarán conformados los poderes Ejecutivo y Legislativo en nuestro país en caso de que la propuesta sea apoyada por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Antes de ello, estas propuestas deben ser aprobadas tanto en la comisión como en el pleno.

Este acuerdo era vital luego de que el pleno rechazó el viernes 18 de marzo 93 de los 96 artículos propuestos por esta Comisión. Por eso, partidos y movimientos de izquierda (FA, PC, CS, INN, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y Coordinadora Plurinacional) se exigieron para avanzar en este plan de 60 artículos del que se restaron Chile Vamos y el Colectivo del Apruebo.

"Los principales lineamientos son un presidencialismo atenuado, como habíamos informado, un bicameralismo bien asimétrico, con una cámara que es el Congreso de Diputadas y Diputados, que representa principalmente a la población de nuestro país, y una segunda cámara que es la Cámara de las Regiones, y representa en igualdad de condiciones a cada una de las regiones. Esto va de la mano del proceso de regionalización que queremos ir implementando a través de esta Constitución", explicó Ricardo Montero, coordinador de la Comisión.

El Presidente o Presidenta, que debe tener mínimo 30 años, no estará acompañado en el Ejecutivo por un vicepresidente o ministro de gobierno y durará un máximo de cuatro años en el cargo, tras los cuales podrá ser reelegido, de forma inmediata o posterior, solo una vez.

Detalles de poderes

Además de mantener en gran medida el sistema presidencial actual, se atenúa su poder: el mandatario tiene una lista de 20 atribuciones, entre las que están dirigir la administración del Estado; nombrar y remover ministros y subsecretarios, además de otros cargos de confianza; declarar estados de excepción constitucional; convocar plebiscitos, designar y remover a las altas autoridades de las FF.AA. y de Orden y Seguridad. Además, el gabinete será paritario y al menos un ministro deberá pertenecer a un pueblo o nación indígena.

El Poder Legislativo tendrá la novedad del reemplazo del Senado por una Cámara Regional con poderes muy restringidos. El artículo 26 de la propuesta establece que "las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación".

El artículo 27 plantea que en caso de tratarse de una materia de competencia regional, el Congreso enviará una norma aprobada a la Cámara de las Regiones, que "se pronunciará a su respecto, aprobándolo o rechazándolo. Si lo aprobare, el proyecto será enviado al Congreso" para su promulgación como ley; si lo rechazara, "lo tramitará y propondrá al Congreso las enmiendas".

Sobre las organizaciones políticas, otro nudo del acuerdo, la norma no hace referencia a partidos o a movimientos, sino que a "entidades públicas no estatales, de carácter voluntario, que concurren a la formación de la voluntad popular".

Reacciones

Tras conocerse este acuerdo, el Presidente Gabriel Boric celebró el entendimiento en Twitter: "Valoro mucho el acuerdo al que ha llegado la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. Señal clara (de) que el diálogo transversal rinde frutos".

La convencional Bárbara Figueroa (PC) destacó que "por fin se cimenta el fin del Senado como una institución que ha representado un obstáculo muchas veces para la democracia".

En cambio, su par Marcela Cubillos (UDI) planteó que "el acuerdo de la coalición de Boric es mortal para la democracia representativa y la eliminación del Senado consolida la existencia de un Congreso unicameral con poder total", a lo que Fuad Chahín (DC) agregó que "es un mal acuerdo, porque en realidad no hablamos de un bicameralismo asimétrico: es un unicameralismo con capucha".

El senador Iván Moreira (UDI) acusó que el acuerdo "es lisa y llanamente unicameralismo atenuado (disfrazado) o una futura dictadura constitucional"; y el senador Matías Walker (DC) dijo que "nosotros no estamos de acuerdo en las tesis refundacionales (...) Acabamos de ser elegidos en un cargo de representación popular y nadie ni nada nos va a inhibir de esa responsabilidad".

La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional rechazó en general ayer la iniciativa popular de norma llamada "Con mi plata no", que llegó a debatirse en el órgano constituyente tras recibir 60.850 firmas de apoyo (fue la que más respaldos obtuvo) y buscaba la creación de un sistema de seguridad social que asegure el acceso de todos los chilenos a una pensión básica universal, pero además pensiones adicionales financiadas con ahorros individuales provenientes de cotizaciones previsionales.

La norma proponía que estas cotizaciones que se acreditarían en cuentas individuales de capitalización, de propiedad de los cotizantes, tendrían el carácter de "heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna circunstancia".

En cambio, la instancia visó otra iniciativa popular de norma que había sumado 24.110 apoyos y fue impulsada por la Coordinadora No+AFP, en la que se propone la existencia de un sistema de seguridad basado en principios de "universalidad, suficiencia, uniformidad, unidad, participación en la administración, y solidaridad en su financiamiento", de modo que "cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas".

También fue despachado al pleno de la Convención Constitucional por la Comisión de Sistemas de Justicia la primera parte de las indicaciones sobre el Banco Central que dice que este es "un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria".