Redacción

La tarde de ayer la Convención Constitucional estuvo marcada por la votación en el Pleno del último informe de Formas de Estado, que incluyó propuestas sobre descentralización fiscal, modernización del Estado, ruralidad, ordenamiento territorial y participación a nivel local.

Primero, se aprobó en general el Informe Completo con 113 votos a favor, cuatro en contra y 27 abstenciones, pasando a la votación en particular.

Ahí comenzó la revisión de cada artículo, donde el primero, sobre los tributos, solo tuvo la aprobación del Inciso 1: "Todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley".

Luego siguió la aprobación del artículo 8 sobre descentralización fiscal: "Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones dentro del marco establecido por esta Constitución y las leyes", así como de la gestión de sus finanzas públicas en beneficio de sus habitantes.

También se visó que la Ley de Presupuestos debe "propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales".

Uno de los artículos más relevantes que fue aprobado es el 13, que detalla sobre la autonomía financiera de las entidades territoriales mencionadas en el artículo 5 de la Constitución (regiones y comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas), indicando que estas "gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación , equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica".

Del artículo 10, sobre distribución de las potestades tributarias, solo se aprobó el inciso primero: "Solo la ley podrá crear, modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos".

En tanto, se rechazó la participación de las regiones y comunas autónomas en las ganancias por la explotación o utilización de recursos naturales, aunque esto volverá a comisión.

Por otro lado, se aprobó la sostenibilidad ambiental, que ordena el deber del Estado y entidades territoriales a "establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza", promoviendo el cuidado, fortalecimiento y recuperación de medio ambiente y ecosistemas.

El Pleno de la Convención Constitucional rechazó casi todo el segundo informe de Sistemas de Conocimiento, enfocado en aspectos como el reconocimiento del arte callejero, el derecho al cuerpo y la educación mediática.

En concreto, solo un artículo fue aprobado y quedó escrito en el borrador de la Nueva Constitución tras conseguir más de dos tercios.

El que ingresó habla sobre los principios de la bioética y señala que "las ciencias y tecnologías, sus aplicaciones y procesos investigativos deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, sintiencia de los animales, los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta Constitución".

Sobre las propuestas rechazadas, existe una diversidad entre las que se encuentra el reconocimiento del Estado al valor de las culturas comunitarias, la educación mediática, el derecho del pueblo tribal afrodescendiente chileno a desarrollar su cultura, su identidad y formas de organización propias, entre otras.

"caprichos"

La convencional antofagastina Cristina Dorador, coordinadora de la instancia, criticó que "han estado votando entre 146 y 151 convencionales durante esta votación. Eso, creo yo, demuestra la falta de interés que hay por parte de algunas personas por los temas tan importantes para el país como la cultura y los conocimientos".

"Es realmente lamentable que la gente no vote, siendo que es parte de nuestro reglamento participar de todas las actividades de la Convención", agregó.

Su par de la UDI, Ricardo Neumann, indicó que "no hay tiempo para caprichos ni enamoramientos de normas propias que ponen el interés particular por sobre el interés general de Chile. Si seguimos este camino autocomplaciente, lamentablemente no podemos cambiar el paradigma de incluir la cultura y la ciencia como elementos esenciales de nuestro progreso".

Dentro de las varias formas en que los juristas evalúan la conducta ajena, una de las mas eficaces y sensatas es lo que se conoce como doctrina de los actos propios o estoppel en derecho inglés . Esta doctrina es prácticamente unánime en el derecho comparado y se la encuentra de manera muy clara en los textos más antiguos.

En qué consiste esta teoría?

Ella consiste en considerar inaceptable que alguien -un contratante, un acreedor, un deudor- ejecute actos o profiera decisiones incompatibles con las que ejecutó en el pasado y a cuya sombra las personas se forjaron legítimas expectativas. Si un acreedor hizo ver que no quería cobrar el crédito que se le adeudaba y dejó pasar el tiempo, entonces --declaró alguna vez un tribunal alemán- no es razonable que en la hora undécima pretenda se le pague. Algo así contradiría el sentido objetivo de su conducta previa.

La teoría de los actos propios descansa en la idea que los seres humanos actuamos en base a expectativas y que la principal fuente de ellas es el comportamiento ajeno. La profecía auto cumplida y la doctrina de los actos propios poseen así la misma fuente: instan a las personas a actuar en base a una definición de lo que ocurrirá en el futuro tal como este último se puede inferir de la conducta de los demás,

La teoría posee un sentido ético indesmentible: las personas tenemos deberes con los demás y entre ellos se cuenta, al menos en la esfera del derecho, una cierta lealtad consistente en no traicionar lo que les hicimos creer.

Por eso muchos autores creen que la doctrina de los actos propios deriva de la buena fe.

¿Se aplica esa doctrina al político?

Es cierto que el político dice un día esto y el otro otra cosa distinta y que cambiar de opinión o de discurso es casi parte de su ethos; pero el ciudadano espera que entre una y otra opinión o decisión haya un hilo invisible que las haga coherentes de manera de llegar a la conclusión que el político no ha transgredido el sentido de su conducta previa.

Pues bien, una forma posible para juzgar al político consiste en examinar si los actos presentes contradicen o no los previamente ejecutados.

Podría llamársele el test de los actos propios.

En el caso del gobierno de Boric el test de los actos propios es especialmente dificultoso. Se abogó muchas veces por el diez por ciento, incluso poco antes de la elección presidencial, y el presidente Boric votó por permitir su retiro a pesar de estar el IFE vigente, o en curso de serlo, de manera que la ciudadanía no ve razones para que esta vez, siendo las circunstancias las mismas o análogas, se le niegue ¿Por qué si las circunstancias siguen siendo más o menos las mismas, lo que era bueno ayer de pronto es malo hoy?

Y ese es el problema que hoy afronta el presidente Boric con el famoso diez por ciento. Debiera explicar porqué quema lo que adoró hace apenas unos meses. Y porqué alguien no debiera temer que mañana vuelva a adorar lo que quemó hoy.

Ya nadie se fijará en si es correcto o eficiente aprobarlo (no cabe duda que no lo es) sino en si el presidente y las fuerzas que lo apoyan serán consistentes con el sentido objetivo de su conducta previa. Y la ciudadanía se preguntará ¿porqué lo que ayer no dañaba y favorecía el bienestar hoy día lo perjudica?

Son las servidumbres de los propios actos: quien los ejecuta debe responder por las expectativas que crea con su conducta. Y procurar no traicionarlas.

Salvo que explique con claridad que, con buenas o malas razones (el problema es que suelen ser malas) se equivocó y no debiera haber dicho lo que dijo, o no debiera haber hecho lo que hizo o haber dado a entender lo que objetivamente dio a entender. Por supuesto dos actos distintos pueden fundarse en la misma razón; pero el deber de quien ejecuta actos contradictorios es explicitar esa razón.

Si es que la hay, claro, y siempre que sea confesable.