Autonomía e inflación
Al elevar la tasa de política monetaria, el Consejo del Banco Central revela que se preocupa de los estragos que causa la inflación en las personas. Una de las desgracias del aumento sostenido en precios es que afecta más a aquellos cuyos ingresos y ahorros no están indexados a la UF: corroe su capacidad de adquirir bienes, agudiza su stress financiero o profundiza su pobreza. A modo de ejemplo, piense en un trabajador cuyo sueldo a inicios del 2021 era $700.000. Si hoy su sueldo no es por lo menos $761.000, dicho trabajador está impedido de pagar sus cuentas habituales y de adquirir los bienes que solía comprar.
En tiempos difíciles, la acción del Banco Central da cuenta de la importancia de la autonomía. Por ello conviene analizar con cautela la propuesta planteada por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional referida a la estructura y atribuciones del instituto emisor. En particular, preocupan las menciones a la coordinación entre el Banco Central y el gobierno, así como la asignación al Banco Central de ciertos objetivos (protección del empleo, diversificación productiva, cuidado del medioambiente) para los cuales no cuenta con instrumentos adecuados y cuya persecución puede estropear aquello para lo cual el Banco Central existe: la estabilidad de la moneda, el control de la inflación y el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
Adicionalmente, para frenar el poderoso espiral inflacionario es necesario que la política fiscal no borre con el codo lo que la política monetaria intenta escribir.
Es crucial postergar nuevos impulsos a la demanda, pues en una economía sobrecalentada los incentivos a la demanda generan más presión sobre los precios, un lujo que en estos momentos Chile no se puede dar.
Karin Jürgensen E. Decana Facultad de Cs Económicas y Empresariales, U.Andes
Comportamiento cívico
El respeto a la autoridad es un principio básico para el ordenamiento de la vida en sociedad y para que los habitantes de una comunidad puedan convivir bajo un sistema de justicia, solidaridad, paz y entendimiento. Y esto es algo que la sociedad chilena viene clamando hace muchos años.
Existen diferentes tipos de autoridades, siendo éstas formales o también reconocidas por el grupo, en atención a la jerarquía moral o cualidades de un líder.
Para que ellas existan se requiere de un acuerdo social para otorgarle la responsabilidad de dirigir y también el acuerdo de respetarlas. Si esas situaciones se rompen o desequilibran, la vida en comunidad se resiente.
Lamentablemente, creo que en Chile se ha perdido el respeto a las autoridades. Se ve en las casas, en los colegios, en las calles y en la política. Lamentablemente, las redes sociales se prestan también para ello.
Desde la crisis social del mes de octubre de 2019 hasta los últimos hechos conocidos respecto del descrédito con fuertes epítetos y dichos misóginos desde ciudadanos a pie como también de conocidos personajes de la clase política hacia autoridades de turno, sea por redes sociales y la prensa, hace pensar que es de suma urgencia reforzar la formación básica de comportamiento cívico. En el siglo XXI ese comportamiento debe estar cruzado por tolerancia, aceptación, altura de miras y rechazo a la violencia.
Nuestros jóvenes necesitan una guía, pero también ejemplo en esta materia.
Pedro Guerra Instituto O'Higginiano Los Ríos
Actividad física
La pandemia nos enseñó que, a veces, las cosas más simples son las que necesitamos integrar en nuestras vidas. Ejemplo de ello es la realización de actividad física. Muchas personas encontraron en este tiempo un espacio para hacerla, como un refugio. Ahora es importante mantenerla en el largo plazo y para ello es importante buscar apoyo de especialistas.
Roberto Pino Académico Inst. del Deporte UDLA
Sobre vuelos de expulsión
No es fácil justificar un vuelo de expulsión a migrantes en el marco de los derechos humanos universales, ya que esta es una medida extrema que toman los Estados-Nación cuando se han agotado otros recursos.
(...) Una expulsión colectiva es una medida o procedimiento estatal dirigida a un grupo de personas extranjeras, para abandonar el territorio del Estado o prohibir su ingreso, que se puede hacer solo si hay un análisis objetivo y racional de las circunstancias individuales de cada persona afectada y con garantía de derechos.
(....) Así, la implementación de una política pública en materia de migración, no puede olvidar el estado de derecho, ni los derechos fundamentales de todas las personas.
Por tanto, más que el costo económico que implica un vuelo de expulsión o la información correcta o incorrecta que se emita al respecto, la cual sin duda afecta la aceptación de la población migrante en general, lo que se debe cuidar es que no se cometan irregularidades que atenten contra los derechos humanos.
Nairbis Sibrian Académica de Periodismo UDD