La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró válidas las denuncias de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su "soberanía y jurisdicción" con su permiso de pesca a buques colombianos y su "interferencia" con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Managua.

En un fallo definitivo y vinculante emitido ayer, el tribunal de la ONU se pronunció sobre lo que considera una violación de "los derechos de soberanía y la jurisdicción" de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE), y exigió a Colombia "cesar inmediatamente su conducta" en esa zona.

La CIJ vio esa violación en la autorización por parte de Bogotá de actividades de pesca de buques colombianos en aguas nicaragüenses, y en su "interferencia con las actividades de investigación científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o licencia nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales" en aguas de Managua.

Además, consideró que el decreto presidencial colombiano de 2013 que estableció una "zona contigua integral" desde el continente hasta el archipiélago, en el que se omite la delimitación fijada por la CIJ en un fallo anterior de 2012 (reafirmado ayer por el tribunal), "no se ajusta al derecho internacional consuetudinario".

En una valoración por parte de Bogotá, Carlos Gustavo Arrieta, agente colombiano ante la CIJ, interpretó que el fallo contiene "un pequeño regaño por algunas operaciones de la Armada (colombiana) en alguna zona", pero que el tribunal "consideró que no eran infracciones mayores de derecho internacional y no les atribuyó consecuencia" para Bogotá.

"Hemos logrado lo esencial para Colombia, que era mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la Armada, mantener la integralidad del archipiélago (de San Andrés y Providencia), y reconocer a la comunidad raizal (originaria y que siempre ha permaneceido en ese lugar) para que pudiera pescar en la zona. Salimos muy contentos", aseguró.

La Corte pidió a Bogotá y Managua buscar acuerdos bilaterales sobre la situación de la comunidad raizal, para que esta pueda acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales en aguas nicaragüenses, algo que Arrieta consideró "decisiones políticas" y "de los gobiernos", y prometió que Bogotá analizará la sentencia y "procederá de acuerdo con eso".

Sin embargo, sobre el punto en el que la Corte exige a Colombia "cesar inmediatamente su conducta", Arrieta lo interpreta de otra manera.

"No nos ordena cesar nuestra presencia en aguas nicaragüenses, eso no es verdad, lo que dijeron es que no podíamos hacer operaciones de control del medio ambiente porque eran atribuciones de Nicaragua, pero nunca nos ordenaron que no hagamos presencia ni que salgamos de la zona, jamás, en ninguna parte", interpretó Arrieta.

El fallo, añadió el agente, mantiene "las posibilidades de que la Armada de Colombia esté allí y haga operaciones de lucha contra el crimen organizado en la zona".

Pérdida en el mar

Este fallo tiene sus orígenes en una sentencia del CIJ emitida en 2012, por la que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.

Igualmente conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar de zona económica.

Nicaragua denunció entonces ante la CIJ que Colombia había violado el derecho internacional por no aplicar esa sentencia, porque su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden y Bogotá expidió el decreto que estableció una "zona contigua integral".

En respuesta, Colombia contrademandó a Nicaragua ante la CIJ alegando que ese país "ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal", pues sus bancos de pesca tradicionales quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.

Además, también argumentó que Nicaragua expidió ese decreto presidencial que consideró "contrario al derecho internacional" y que está relacionado con los puntos y líneas a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Caribe, buscando "adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia".

75.000 kilómetros cuadrados de mar de zona económica perdió Colombia en 2012 con una sentencia de la CIJ.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su Gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el mar Caribe, ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Duque reaccionó así luego de conocer el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le ordenó "cesar de forma inmediata" su conducta.

"Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia", manifestó Duque en una declaración al país desde la isla de San Andrés, acompañado por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, la cúpula militar y policial y otras autoridades.

El presidente señaló además que, "de conformidad con el derecho internacional", buscará "la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área", que es otro de los argumentos de su país para que buques de la Armada naveguen en esas aguas.

"Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y defender de manera irrestricta y permanente a su población, así como defender los intereses de Colombia en el mar Caribe".