Redacción

Durante la jornada sabatina, el Pleno de la Convención Constitucional siguió votando normas para el borrador de la nueva Constitución.

Ayer fue el turno del informe de reemplazo de la comisión de Medio Ambiente, donde se revisaron temas de aguas, minería y modelo económico.

Por ejemplo, se aprobó que "el Estado velará por el uso razonable de aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable".

Sobre la "la gobernanza de las aguas", el pleno de la Convención aprobó que "el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión".

En la instancia se aprobó que el Estado tenga "dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible" sobre todas las sustancias minerales.

También pasó al borrador de la Constitución que "la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental".

Sistema político

En la votación del informe de Sistema Político, que cerró el capítulo de diseño legislativo, se rechazó la regulación de las organizaciones políticas y a las listas de independientes.

Esto estaba consagrando en el artículo que mencionaba que "la Constitución garantiza el pluralismo jurídico" y consagraba "plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales".

Además, se rechazaron las indicaciones de Pueblo Constituyente sobre permitir a independientes formar listas, aunque sí pasó al borrador la norma que establece que "las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección".

Por otro lado se aprobó que la ley determine el número y la organización de los ministerios y se rechazó consagrar un gabinete paritario y orientado por el principio de plurinacionalidad junto con el inciso que planteaba que "al menos una ministra o ministro deberá pertenecer a un pueblo o nación indígena".

También se aseguró un voto "universal, igualitario, libre, directo, secreto y obligatorio para las personas que hayan cumplido 18 años. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico". Será "facultativo" para personas de 16 y 17 años.

En cuanto a los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados, el número de ellos se definirá considerando a la población indígena en relación a la población total y serán supranumeritarios.

La fuerte vinculación que el concepto de autonomía tiene con los territorios y los colectivos que habitan en ellos, así como los problemas de coordinación que esto producirá se puede constatar al revisar el borrador de la nueva Constitución por medio la plataforma digital C22 del Centro de Estudios Públicos (c22cepchile.cl)

Las autonomías territoriales incluyen a las regiones, las comunas, los territorios indígenas y los territorios especiales. Todas ellas se caracterizan por anclar territorialmente a grupos de personas, por el desarrollo de normas propias, por la pretensión de suficiencia económica, y por una autonomía colectiva que vincula a los pueblos indígenas a un espacio específico. La autonomía que prevalece, por tanto, no es solo territorial, sino también identitaria y culturalista.

Las exigencias a estas autonomías no son pocas. Se mencionan en el borrador constitucional, por ejemplo, el estatuto comunal (una especie de 'constitución' de la comuna), la posibilidad de creación de empresas a nivel regional, la exigencia de rendir cuentas a todas las entidades territoriales y su relación con los servicios y organizaciones públicas.

Frente a estas y otras exigencias autonómicas, las tareas de coordinación no son sistemáticamente delineadas por el texto constitucional, salvo por principios abstractos como el de solidaridad, que no apunta a acciones concretas.

El énfasis en la autonomía territorial del borrador constitucional no se condice con una adecuada atención a los problemas de coordinación. En el borrador se pone énfasis en la autonomía de territorios, pero no se formula sistemáticamente una arquitectura de coordinación y gobernanza descentralizada para tratar con estas autonomías. Se presenta la necesidad de coordinación, pero no se delinea su estructura fundamental.

La coordinación de autonomías es un proceso emergente que se desarrolla históricamente en órdenes políticos federalistas como los existentes en Europa, pero aplicada a una historia estatal centralista como la chilena, se corre el riesgo de reproducir un esquema concéntrico y transformar el orden autonómico en un corporativismo estatista. Seguramente, el diseño de consejos autónomos (Alcaldes y Alcaldesas, Consejo Social Regional, de Gobernadores, Territorial, y de la Naturaleza) pretenda ser una respuesta a esta necesidad de coordinación. Sin embargo, más que consejos autónomos, se requiere de una arquitectura de gobernanza compleja que equilibre autonomía e interdependencia en un horizonte que incluso debe ir más allá del Estado hacia un nivel transnacional. El territorialismo convencional limita esta perspectiva.

Una eficiente arquitectura de coordinación es fundamental para enfrentar los problemas complejos existentes hoy en Chile, tales como las migraciones interregionales en busca de fuentes laborales, la inclusión social sin distinciones territoriales, las transferencias entre regiones con más y menos recursos, o los problemas socioecológicos que nunca afectan a una región en particular, sino a grupos de ellas. Sin esta perspectiva de coordinación compleja, el borrador constitucional puede producir un regionalismo retórico o de fachada que frustrará las expectativas de descentralización que se abren para las regiones.

Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).