La libertad de enseñanza fue consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como respuesta a los atrocidades acontecidas en la II Guerra Mundial, a fin de proteger a las minorías que fueron excluidas y asesinadas durante los regímenes totalitario y a las cuales se buscó prohibirles hablar su lengua, practicar su religión y vivir según sus costumbres y valores.

Así, esta libertad, que tiene como objetivo que hechos como ese nunca más vuelvan a repetirse, se compone por el derecho de particulares a abrir y mantener establecimientos educativos de acuerdo con sus propias visiones religiosas o morales y el derecho preferente de los padres, por sobre el Estado, a educar a sus hijos de acuerdo a sus propias creencias y valores.

Si esta importante libertad no es protegida, queda abierta la puerta para que los políticos que controlan el Estado nos impongan una forma única de enseñanza.

Además, en caso que el Estado no resguarde adecuadamente estos derechos, la opción de las familias para elegir el establecimiento que más se adecúa a sus intereses se transforma en mera ilusión. En ese caso, la posibilidad de elegir una alternativa distinta a la estatal quedaría reservada exclusivamente para el 7% más rico del país.

Por ello nos preocupa que la propuesta de Nueva Constitución, que si bien menciona la libertad de enseñanza, haya rechazado la libertad de particulares a abrir y mantener establecimientos educacionales y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos.

Preocupa también que se hayan rechazado todas las indicaciones que buscaban consagrar el deber del Estado de financiar a particulares subvencionados, garantizándolo única y exclusivamente para los estatales. En similar situación se dejó a las entidades de educación superior no estatales, como lo es la Universidad Austral.

Aún hay esperanza de que esto sea enmendado en la Comisión de Armonización y se corrija la incongruencia que significa definir tan expresa y claramente el financiamiento para unos y no para otros.

Tomás Mandiola Abogado y ex seremi de Educación de Los Ríos

El Ministerio de Salud confirmó que a partir del miércoles 1 de junio se bloqueará el pase de movilidad a todos quienes no cuenten con la cuarta dosis de inoculación contra el covid-19, habiendo transcurrido 6 meses desde su última vacuna.

Dentro de las razones esgrimidas por las autoridades se cuenta la variable situación epidemiológica actual, cuyas estadísticas indicaban, en ese momento, de un crecimiento de 31,8% en el número promedio de casos diarios nuevos respecto a la semana anterior a nivel nacional. De hecho, en esa misma jornada se detalló que 15 de las 16 regiones del país habían aumentado la cantidad de contagios diarios de coronavirus en los últimos siete días.

La situación es incipiente igualmente en el territorio de nuestra Región de Los Ríos, donde ayer se reportaron 34 contagios nuevos y 161 casos activos.

Según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, respecto de la población objetivo de 15 millones 200 mil personas, que considera a personas de 18 años y más, poco más del 95% ha recibido una única y primera dosis, y 94% (14.248.723) ha completado su esquema de vacunación contra SARS-CoV-2, con única y segunda dosis.

En el caso de las dosis de refuerzo, a tercera alcanza casi la cifra completa, situación muy distinta a lo sucedido con la cuarta dosis, donde el porcentaje todavía bastante bajo en casi todas las regiones.

Es por ello que las autoridades han apuntado a cumplir con este nuevo refuerzo y, como una forma de acelerar el proceso, han optado por exigirla de forma obligatoria para quienes ya cumplieron seis meses desde la última, a través del bloqueo del pase de movilidad desde junio. Incluso, se explicó que la función que escanea y valida estos documentos informará al usuario, por medio de una alerta, cuando falten 14 días para el momento en que el usuario se debe aplicar su próxima dosis.

Más allá de las críticas o los cuestionamientos, el foco debe volver al bien común y al cumplimiento de medidas que dan mayor seguridad sanitaria para quienes cumplen sus actividades educacionales o laborales, y que este año regresaron a la presencialidad después de dos años tan complejos.