El gobierno dispuso adelantar las vacaciones de invierno de los escolares para ayudar a enfrentar la circulación de virus respiratorios y el alza sostenida de contagios covid-19. Sin dudas, es una idea acertada, considerando las estadísticas de urgencias pediátricas en los hospitales de todo el país y porque la pandemia no ha pasado.

En Los Ríos, la medida deberá ser acatada por más de 80 mil estudiantes (37 mil educación municipal; 39 mil subvencionada y casi 3 mil en la particular pagada).Todos ellos saldrán el 30 de junio y retornarán el 25 de julio para iniciar el segundo semestre (ver nota páginas 5-11).

Desde distintos sectores han aplaudido la decisión estatal, pero el Colegio de Profesores ha planteado otra inquietud: el problema no son solamente las clases presenciales; sino la excesiva cantidad de estudiantes concentrados por sala. Los protocolos por prevención aconsejan quince, con más de un metro de distancia entre asiento y asiento; pero datos del Ministerio de Educación hablaban de un promedio entre 21 y 25 alumnos en aula en 2021; algo que ha crecido, pues luego de la cuarta vacunación se eliminó la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales.

Pero la inquietud es más antigua. Data de las primeras reformas de los años '90 a nivel nacional, y en 2014 un informe de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) lo advirtió internacionalmente, pues Chile es el segundo país con mayor número de alumnos por curso después de China. Tiene 30 y puede llegar a 45; mientras la media de la entidad son 24. El gigante asiático presenta 38 en enseñanza básica y hasta 52 en educación media.

Hoy el asunto planteado por el gremio de docentes se encuentra relacionado con razones sanitarias; pero además se vincula a la calidad de la enseñanza. El tema queda pendiente por las urgencias de salud, pero lo ideal es que no se olvide.

También se debe recordar otra arista de las vacaciones como tiempo de turismo. Y si la meta es reducir contagios, lo ideal es incluir restricciones de movilidad, pues más viajes implican concentración de personas y eso no ayudará a bajar riesgos. Al contrario.

Esta semana hemos escuchado, sobre todo en el acontecer noticioso nacional, la importancia de la firma del Acuerdo de Escazú y todo el paquete de medidas que buscan frenar el cambio climático, y que el gobierno del Presidente Gabriel Boric promovió como uno de sus principales ejes de campaña. Ello, recogiendo el trabajo que, durante años, hemos impulsado desde el Congreso -junto a muchas organizaciones - con el firme propósito de visibilizar y aumentar el grado de urgencia que la crisis climática nos impone a la sociedad en su conjunto, incluyendo, sin duda, sus efectos sobre el mundo rural.

He señalado, durante toda mi carrera política, la importancia de cuidar nuestros ecosistemas, la tierra y el agua. Sin embargo, hay una arista poco mediatizada de este que nos toca como región, como comunidad y a nuestra agricultura campesina.

La combinación de pandemia, inflación, sequía, cambio climático, que trae consigo las temidas "heladas" que hacen cada día más difícil mantener la cosecha, y el gran dolor de cabeza que hoy enfrentan los agricultores del país: el alza de insumos. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, los fertilizantes han aumentado todavía más su valor, -lo que, incluso, ha revivido el fantasma de la inseguridad alimentaria- traduciéndose en un problema que nos afecta a todos, dado el aumento en el valor de las frutas y verduras que consumen las familias del país.

Tal como señalé la semana pasada durante mi intervención en la Comisión de Agricultura del Senado, existe una falta de políticas públicas tendientes a ayudar a nuestra gente, ya que es evidente que el mercado no está funcionado de buena manera y se traduce en el sufrimiento de miles de nuestros agricultores, para quienes el sustento familiar recae en esta noble tarea.

Es urgente tomar medidas de apoyo a nuestros agricultores y a la actividad agrícola en general, que son quienes abastecen gran parte del país. También, es necesario generar estrategias para que la población pueda acceder a alimentos frescos y sanos a un precio justo, y lejos de las despiadadas alzas producto de la incertidumbre internacional.Tenemos confianza en que, desde el gobierno central, escuchen nuestro llamado de alerta, y que, con acciones concretas, se devuelva la esperanza a los agricultores de la Región de Los Ríos, y por supuesto, del resto de nuestro país.

Alfonso de Urresti

Senador