Esta semana se terminaron de votar las normas transitorias, que establecen los plazos para pasar de una Constitución a otra (ver infografía) si la propuesta de la Convención se aprueba. Como explica un documento de la Biblioteca del Congreso, estas "contienen orientaciones a través de las cuales se establece un nuevo régimen constitucional y se desvanece el antiguo".

Son 57 los artículos transitorios que pasaron a Armonización. Pero según académicos, a primera vista, igualmente quedaron vacíos tanto por lo que propone la Convención como por lo que omite. Y la mayoría se relacionan con temas de justicia.

Un limbo llamado TC

El vacío más notorio está en el cambio de la justicia constitucional. La Convención aprobó que "el Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas. Todos los requerimientos de inaplicabilidad ya radicados en el Tribunal Constitucional deberán ser conocidos, tramitados y fallados por este órgano dentro de los seis meses siguientes desde la entrada en vigencia de esta Constitución".

Se agrega que "al término del plazo señalado o terminada la tramitación de dichas causas, el TC cesará en sus funciones y se disolverá de pleno derecho. En ese momento, se traspasarán a la Corte Constitucional, sin solución de continuidad, los bienes, los derechos y las obligaciones del Tribunal Constitucional".

La misma transitoria establece que "la Corte Constitucional deberá instalarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución".

Para algunos este plazo de seis meses busca presionar al Congreso para que acelere la tramitación, pero lo concreto es que durante medio año no habría una entidad de control constitucional a la cual acudir. La única excepción que establece la transitoria es en "aquellas inaplicabilidades relativas a causas penales en que se encuentre en riesgo la libertad personal del recurrente serán conocidas por cinco jueces y juezas de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada requerimiento planteado".

Para Enrique Navarro, académico de la U. de Chile y exministro del Tribunal Constitucional es un vacío grave: "Desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas contra leyes inconstitucionales puede no existir durante un largo período jurisdicción constitucional. Ello supone un retroceso en más de 100 años".

La advertencia de Navarro tiene respaldo en la experiencia reciente. En 2005 se realizaron varias reformas a la Constitución vigente, entre ellas se sumaron nuevas facultades al TC. Sin embargo, recién en 2009 el TC tuvo lista una ley orgánica.

Concesiones

Otro eventual vacío surge sobre los recintos penitenciarios. En el borrador se señala que "solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. La función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados".

La norma levantó alertas ya que no quedaba claro si una vez que estuviera aprobada la nueva Constitución las concesiones de recintos penitenciarios pasaban de inmediato al Estado.

La comisión de Normas transitorias propuso un artículo que establecía que "los establecimientos penitenciarios que actualmente se encuentran bajo régimen de concesión mantendrán dicho régimen hasta el término de la concesión sin posibilidad de renovación", pero esta idea se rechazó en el pleno pese a tener 101 votos a favor (se requerían 103 para su aprobación).

Para José Antonio Valenzuela, investigador del Proyecto Constitucional de Horizontal "hay un vacío. Se necesitaba una transitoria (...) el texto deja espacio a dudas". Agrega

"Desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas contra leyes inconstitucionales puede no existir durante un largo período jurisdicción constitucional. Ello supone un retroceso en más de 100 años".

Enrique Navarro, académico Universidad de Chile

"Hay un vacío. Se necesitaba una transitoria (...) el texto deja espacio a dudas. (Se puede interpretar que) esas cárceles concesionadas no pueden seguir operando como hoy. El legislador tendrá que hacerse cargo".

José Antonio Valenzuela, investigador de Horizontal