Redacción

El "plan B" o "tercera vía" que propusieron tres senadores de la Democracia Cristiana y el independiente Pedro Araya sigue su camino legislativo y ayer fue discutido en la Sala del Senado, con opiniones diversas, marcadas referencias al proyecto de nueva Constitución que se votará en septiembre y fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición.

El proyecto busca que las modificaciones a la Constitución actual se puedan realizar con 4/7 de quorum, lo que a juicio de algunos parlamentarios es una alternativa a aprobar el proyecto de nueva Constitución que será votado en el plebiscito del 4 de septiembre.

La sesión comenzó con tensión, ya que se adelantó la discusión de este tema producto de un informe pendiente sobre el que debía discutirse antes.

Dentro de la oposición se manifestaron opiniones divididas, comenzando por el senador de la UDI, Iván Moreira, quien indicó que "así como las sociedades avanzan, los políticos debemos ser flexibles sin perder nuestra esencia".

"Siempre como UDI hemos estado dispuesto a conversarlo. No puedo aceptar emplazamientos y falsedades de cierta izquierda", añadió, expresando que votará a favor.

El legislador del Partido Republicano, Rojo Edwards, no dijo estar a favor o en contra de los 4/7, pero indicó que "soy parte de una derecha sin complejos" y que necesitan mas garantías del oficialismo para llegar a un acuerdo en esta materia, si ceden en otros.

También se refirió al proyecto de nueva Constitución, reclamando que su sector no fue escuchado en la Convención y que "tiene que terminar este eslogan completamente falso de que algunos quieren cambios y otros no".

Dentro del oficialismo hubo opiniones contrapuestas entre quienes prefirieron omitir cambios de la actual Carta Magna que puedan atentar contra las votaciones del plebiscito y quienes prefieren asegurar una opción en caso de que gane el Rechazo.

En ese sentido, el senador Ricardo Lagos Weber destacó que, a pesar de que le cuesta creerle a la oposición, deben tener "una alternativa amarrada".

La socialista Isabel Allende anunció su voto en contra y aludió a que la Convención Constitucional fue elegida por elección popular y que "cada norma pasó los 2/3 (...) A los amigos del frente, ¿ustedes creen que les puedo creer que llegaron tarde? Es que no cumplieron una y otra vez".

El proyecto debe volver a ser puesta en tabla para continuar el trámite.

Más de 50 movimientos ciudadanos agrupados "Plan C" (Plan Ciudadano) llegaron ayer hasta las afueras del Congreso en Valparaíso a manifestarse para pedir a los legisladores que diseñen un acuerdo "político-ciudadano" que confirme un compromiso para seguir con el proceso constituyente si gana el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

En total, cerca de 1.200 personas las que conforman los movimientos que dieron paso a esta agrupación, entre ellos "Primero las Víctimas", "Con mi plata No", "Educación Libre y Diversa", "Pueblos Originarios por Chile y "Salud Libre".

Además, entre todos reunieron 500 mil apoyos con sus iniciativas populares de norma durante la Convención Constitucional, destacaron.

Luis Mollel, miembro de esta coordinadora, indicó a Emol que "buscamos que continúe el proceso y así terminar con una Constitución que represente a todos los chilenos. Por eso, venimos con todas esas causas que reunieron más de 500 mil firmas y no fueron consideradas en las propuestas de norma de la Convención".

Además, entregarán un petitorio para que estas iniciativas sean incorporadas en la que llaman la "segunda etapa" tras el Plebiscito.

Las peticiones

Entre las solicitudes indicaron que están "los principales cambios que vemos necesarios abordar a la brevedad posible".

Ahí se encuentran Estado social y democrático de derechos y una sociedad civil participativa; protección a las víctimas de la delincuencia, terrorismo y narcotráfico con una Defensoría de las Víctimas; más protagonismo para las regiones con una descentralización integrada.

También incluyeron temas como el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, junto con garantizar el derecho humano al agua y que se reconozcan diversos derechos fundamentales como a la educación, seguridad social y salud".

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto constitucional acerca del que la ciudadanía deberá muy pronto pronunciarse, es el que consagra el artículo 191. En él se establece que se requiere el consentimiento de los pueblos originarios para los asuntos que afecten sus derechos.

Si la regla se interpreta ampliamente, pareciera que se está concediendo a esos pueblos un derecho a veto, una suerte de voluntad final para cualquier iniciativa que altere el estatuto que el proyecto constitucional les concede o reconoce. Si se requiere el consentimiento en los relativo a sus derechos, que es lo que la regla establece, pareciera que, en efecto, cualquier cambio en sus derechos colectivos requerirá su previo consentimiento.

¿Será así?

Para saberlo es necesario efectuar un par de consideraciones previas a cuya luz la regla debiera interpretarse.

Desde luego, Chile es un estado democrático que se gobierna por la voluntad de los ciudadanos. Es la voluntad del conjunto de los ciudadanos la que configura lo que pudiera llamarse el autogobierno colectivo que es propio de la democracia. A la luz de este principio parece evidente que no debe haber ningún aspecto de la vida colectiva que escape a la voluntad democrática, incluido el estatuto de los pueblos indígenas. Si se pretendiera que el estatuto de los pueblos indígenas escapa a esa voluntad, entonces se estaría lesionando el principio democrático que es propio de un estado unitario que es como, el proyecto, califica al estado de Chile.

Basta esa constatación para concluir que una interpretación amplia de la regla no es razonable.

Pero es el propio texto del artículo 191 el que entrega una pista para resolver el problema y alcanzar una interpretación correcta. Porque ocurre que el texto se inicia con un enunciado que ilumina el sentido del texto que sigue:

Participación en las entidades territoriales en el estado regional.

Parece obvio que lo que sigue en el artículo, debe entenderse a la luz de ese enunciado y, en consecuencia, el sentido que se asigne a los preceptos que siguen debe referirse a la participación en las entidades territoriales. Así las cosas, hay dos significados posibles del texto. En conformidad a uno de ellos, no sería posible alterar las reglas de participación en las entidades territoriales sin el consentimiento de los pueblos involucrados. El otro, más restringido señalaría que a la hora de ejercer sus derechos colectivos y en todo lo que los afecte, los pueblos deberán asegurar que exista un consentimiento libre e informado de quienes los integran, es decir, que la voluntad de esos pueblos se forme siempre democráticamente.

Ninguna de estas dos últimas interpretaciones -que son, atendido el texto, las únicas admisibles desde el punto de vista jurídico- resulta amenazante para la democracia o estatuye derechos inadmisibles para un sector de la ciudadanía. Ello solo ocurriría si la regla tuviera el primer sentido que más arriba se examinó; pero un sentido tan amplio debe descartarse atendido el enunciado del artículo que restringe su alcance a la participación (se trata, habría que agregar, del único artículo que tiene un enunciado de esa índole, uno que establece su ámbito de aplicación, algo que inexplicablemente no se ha subrayado).

Se ha hablado mucho estos días de fake news en el debate constitucional. Una interpretación amplia del artículo 191 como la que aquí se ha descartado no es una fake news; pero es una interpretación demasiado literal, casi tendenciosa, que es el deber de los ciudadanos y de quienes participan del debate evitar. El deber de todos es, en cambio, hacer una lectura equilibrada del texto que contribuya a que quienes lo rechazan lo hagan por buenas razones y que quienes lo aprueban lo hagan a la luz de una lectura razonable y no extrema de sus reglas.