Una querella contra quienes resulten responsables por el delito de incendio fue ingresada en la jornada de ayer por el equipo jurídico de la Delegación Presidencial de Los Ríos, respecto al ataque incendiario que ocurrió la noche del pasado 29 de julio en el fundo Trafún de Liquiñe, en Panguipulli.

Lo anterior se dio en el contexto de una serie de actividades que realizó ayer el equipo de la delegación presidencial regional junto el jefe del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, Daniel Jana, y la encargada nacional del Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural, Paula Garrido.

Según detalló la delegada presidencial Paola Peña, durante la jornada se desarrolló un encuentro con los representantes de la agrícola Las Vertientes y víctimas del ataque, oportunidad en la que comprometieron ayuda económica y psicosocial, en el ámbito de sus competencias. "Lo hemos dicho siempre, que empatizamos con las víctimas y que estamos a disposición de ir proveyendo de todas las acciones en materia de reparación, contención y de acompañamiento; y todo lo que hoy día se ha realizado y transmitido va en esa línea", indicó.

Programas

Al respecto, Daniel Jana precisó que las ayudas se concentrarán a través de los Fondos de Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Orasmi) y que éstas consistirán en la entrega de kits de habitabilidad, para quienes perdieron sus enseres; gift cards de alimentos y un subsidio de arriendo.

"Hemos abierto este programa, ya que hoy día nos abocamos no solamente a lo que es la parte productiva, sino que también, a dar asistencia social directa a las víctimas y para eso estamos otorgando a través de programas especiales, ayudas que son súper básicas, pero cuando alguien tiene complicaciones por hechos de violencia, se requieren ayudas inmediatas", expresó.

Asimismo, manifestó que "las víctimas nos comentaban que vivían en las casas de la empresa y por este ataque han quedado sin nada. A ellos hoy les hemos hecho el catastro, el que está listo aunque aún faltan unos detalles, para poder entregarles el kit de habitabilidad, el gift card de alimento por un valor de 750 mil pesos divididos en tres meses y en los casos que fuese necesario, un subsidio de arriendo por un monto de 300 mil pesos por cuatro meses", explicó la autoridad.

La SIAT de Carabineros de Valdivia se encuentra a cargo de investigar el accidente de tránsito que en la jornada de ayer ocasionó la muerte de un conductor en la ruta T-55 que une Futrono con Los Lagos, a la altura de la localidad de Nontuelá.

Según antecedentes de la tenencia de Futrono, el hecho ocurrió cerca de las 8 horas en el kilómetro 27,5 de la ruta antes mencionada. En ese lugar colisionaron por alcance dos camionetas que iban con dirección a Los Lagos y que producto del impacto, terminaron al interior de un predio agrícola, a la orilla del camino.

Al respecto, el subteniente Nicolás de la Maza, jefe de la tenencia local, dio cuenta que uno de los conductores, al intentar realizar una maniobra de adelantamiento, impactó al otro vehículo en su zona posterior, lo que derivó en que ambas camionetas salieran de la ruta y que la primera de ellas, terminara volcada.

En ese contexto, agregó que el conductor que realizó la maniobra de adelantamiento resultó eyectado por la zona frontal del vehículo, encontrándose ya sin vida a la llegada del personal policial y también del Samu.

La víctima, identificada como César Iván Peña Peña, de 56 años, tenía residencia en la comuna de Valdivia. Respecto al conductor de la otra camioneta, resultó con lesiones de diversa consideración, pero fuera de riesgo vital. No hubo otras personas involucradas.

Sobre el sobreviviente, no presentaba registros de alcohol en su sangre, siendo apercibido por el Ministerio Público.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia sentenció a 16 años de presidio mayor en su grado máximo a un hombre de 40 años de edad, luego que la Fiscalía acreditara su responsabilidad como autor de abuso sexual y violación en contra de su hija, quien al momento de los delitos era menor de edad.

Al respecto, la fiscal María Consuelo Oliva detalló que estos hechos ocurrieron de manera reiterada entre los años 2010 y 2018, en el domicilio en el que la víctima vivían con el condenado, en Valdivia.

Además de la pena de 16 años de presidio, la persecutora agregó que el acusado fue sentenciado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia a cumplir las penas accesorias de inhabilitaciones especiales y a la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa.

Lo anterior será sujeto a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y a la inhabilitación perpetua absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.