Estamos en la Semana de La Lactancia Materna, período del año en que se pone énfasis en la importancia de la alimentación inicial natural de los y las recién nacidos, como una manera de resguardar su salud inmediata, pero también para sentar las bases de su futuro bienestar tanto físico como emocional. Los nutrientes biológicos y el apego cumplen esa función.

Además, la acción de dar leche también es importante para la madre. Refuerza lazos, permite enfrentar mejor una posible depresión post parto y está comprobado que, en el largo plazo, se convierte en un factor protector frente al cáncer.

Varios de esos argumentos han sido gravitantes en discusiones de políticas públicas nacionales desde principios del siglo XX, para establecer las bases del cuidado neonatal. De hecho, generar conciencia al respecto fue una de las herramientas que permitió a Chile disminuir las muertes de infantes menores de un año de edad desde 250 mil por cada mil nacidos vivos, que era la triste cifra en 1910; hasta 7 por cada mil, que es la actual.

Ya en 2010, las mismas razones de base, más la necesidad de apoyar la conciliación trabajo-hogar de las mujeres que forman familia, fueron protagónicas en la decisión de ampliar el post natal de tres a seis meses. Se entendió que cortar la lactancia a los 81 días como se hacía previamente, generaba consecuencias como enfermedades en los bebés y, con frecuencia, el abandono de las trabajadoras de sus puestos remunerados fuera del hogar, para regresar a criar en tiempo completo. Pérdidas en todos los escenarios.

Otro logro de visibilizar este tema es cultural. Debe ser entendido como un derecho del binomio madre-hijo (a), el cual hay que respetar en los espacios públicos y privados; cuyo ejercicio debe ser garantizado no solamente desde la legislación laboral, sino en la vida cotidiana y frente al cual no cabe -no debe- discriminación alguna.

El tema ha sido ampliamente promovido en Los Ríos desde las universidades, agrupaciones de mujeres y profesionales de la salud. Colaborar en esa dirección, sin embargo, debe asumirse como tarea comunitaria de principal importancia, porque cuidar a las nuevas generaciones es una corresponsabilidad ineludible.

Las reflexiones y discusiones sobre la forma de tratar el problema de la determinación de los usos de suelos en el mundo rural, siguen estando en la palestra. El lunes, en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, escuchamos a diversos alcaldes y alcaldesas, entre ellos, a la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, quienes nos expusieron sobre la profunda problemática referida a la división de predios rústicos para fines habitacionales. Este complejo problema nacional, con tintes locales, afecta de manera particular a las comunidades y al equilibrio ecosistémico de cada territorio, y, hasta el día de hoy, no se ha encontrado una solución satisfactoria.

Las posibles vías de resolución, propuestas por diversos actores interesados en el asunto, van desde modificar el guarismos para aumentar el número de hectáreas propensa a las divisiones de los predios rústicos, paralización de los efectos del Decreto 3516, modificaciones a la ley General de Urbanismo, entre otras propuestas. Sin dudas, se reconoce la complejidad del asunto al entender que se conjugan diversos factores institucionales, demográficos y administrativos, los cuales deben ser tratados de manera integral para otorgar una solución real, y así, que no se permitan futuras vulneraciones o elusiones.

El territorio de Chile es diverso y heterogéneo, por lo que la regulación de este tema debe ser lo suficientemente amplio para proteger todos los terrenos rurales del país, sin embargo, consideramos que se deben incorporar las especificaciones particulares de cada territorio.

Esto, bajo el entendido de que no es lo mismo la instalación de 80 viviendas en la costa de Valdivia que en los terrenos de la región de Aysén. La consideración particular debe ser un factor determinante para definir la política pública que regule esta temática.

Prontamente, se iniciará un intenso trabajo legislativo al respecto.

Es nuestra convicción impulsar un trabajo que tenga como visión principal, regular este fenómeno. La migración ciudad - campo es una decisión legítima, pero debe ser por medio de una correcta planificación territorial, que establezca de manera anticipada los lugares sujetos a la instalación de nuevos núcleos urbanos y, por lo tanto, le permita a los respectivos Municipios contar con las factibilidades técnicas para entregar correctamente los suministro de los servicios básicos. Sólo así, podremos crear nuevos espacios que respeten a las comunidades tradicionales y al entorno natural.

Alfonso de Urresti

Senador