Con el objetivo de analizar alcances y efectos del instructivo emanado del Ministerio de Agricultura, sobre la aplicación de la facultad del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) respecto a las certificaciones de proyectos de subdivisión de predios rústicos, asistieron a la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el presidente de Chile Rural Agrupación Gremial, Tomás Prado, acompañado del asesor jurídico del gremio Felipe Riesco y la vicepresidenta de la organización, Patricia Muñoz. El encuentro contó, además, con la participación del alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate; la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann; representantes de la Municipalidad de Río Ibáñez y de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas.

Dirigentes

Tras la cita, Tomás Prado, explicó que junto a los alcaldes "hay un punto común, que nosotros como asociación queremos regular y hacer las cosas bien. Aquí hay un ecosistema enorme y el error cuando se toman medidas de cierta forma arbitrarias, como nosotros las interpretamos, es que hay distintas aristas que creemos que no se ven y que tienen un impacto gigantesco en el corto, mediano y largo plazo".

En esa línea, el asesor jurídico Felipe Riesco, recordó que "un agricultor que presenta a subdivisión su predio rústico, con objeto de dar en garantía algunos de los lotes, al banco por ejemplo, para obtener capital de trabajo o incluso quienes venden lotes de 0,5 hectáreas, por el hecho de presentar o subdividirlo no cambia el destino del terreno. Eso es una situación que ocurre ex, post y aquí lo que se pretende es que el SAG adivine bajo un criterio de sospecha cuál va a ser el destino que tendrá cada uno de esos predios. Nosotros consideramos que estamos frente a una serie de irregularidades, donde el Gobierno otorga competencias al SAG que el legislador no ha provisto, después innova estableciendo un procedimiento al margen de la ley en etapas no previstas y altera reglas procedimentales generales".

Por su parte la alcaldesa Carla Amtmann valoró el iniciode la discusión legislativa escuchando a los municipios y la disposición de distintos actores a trabajar en conjunto "para levantar una propuesta que se haga cargo de la gran crisis que estamos viviendo a propósito de falta de planificación rural"

El martes se discutió en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el proyecto de ley que modifica distintos cuerpos legales para regular la división de predios rurales con fines inmobiliarios. El proyecto, ingresado en 2021, busca proteger el uso de los suelos rústicos, evitando que aquellos terrenos definidos por las autoridades locales y regionales, cambien su uso agrícola, ganadero o forestal por uno habitacional. Al respecto, el senador Alfonso de Urresti señaló que "debemos avanzar en una legislación nacional que regularice y establezca condiciones para que las divisiones de predios rurales y los proyectos inmobiliarios se realicen de manera ordenada y planificada para evitar afectaciones a las comunidades y al equilibrio ecosistémico de las zonas rurales. Casos como los evidenciados en la costa de Valdivia, en Pilolcura, Los Pellines y hace poco Curiñanco, se repiten en todo el país. Estamos trabajando en una política pública que responda a las necesidades y particulares concretas de cada localidad".

En consecuencia, la autoridad deberá retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa que permita dicha participación y anular la actual RCA.

Antecedentes

Desde el Tribunal recordaron que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Los Ríos había rechazado las solicitudes presentadas por la Junta de Vecinos Torobayo junto a otras personas naturales y jurídicas, quienes solicitaron invalidar la resolución que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Brisas de Torobayo" del titular Galilea S.A.

Ante la reclamación presentada por dicho rechazo, los ministros del Tribunal Ambiental estimaron que el procedimiento de evaluación ambiental omitió ilegalmente la etapa de participación ciudadana, por lo que la Coeva Región de Los Ríos deberá anular la actual y retrotraer el procedimiento a la etapa que permita considerar las observaciones de la ciudadanía.

En su oportunidad, la reclamante había señalado que se requería un proceso de participación ciudadana dada las cargas ambientales que conlleva el proyecto. Asimismo, señalaron que el proyecto podría generar impactos en la salud de la población y que no se estarían considerando impactos en el flujo vial y otros aspectos relacionados al valor ambiental y turístico del área.

Para la Coeva, no era procedente la apertura de un procedimiento de participación ciudadana, porque el proyecto no generaría cargas ambientales, ya que en este caso no había un beneficio social directo. Sin embargo, los ministros acogieron la reclamación, estimando que el proyecto genera cargas ambientales, ya que sí existen beneficios asociados como la mayor disponibilidad de vivienda, ejecución de obras de vialidad y favorecimiento del empleo en la etapa de construcción.

A juicio del Tribunal, "los beneficios sociales descritos y analizados precedentemente son específicos y concretos al estar expresamente señalados en la RCA y en diversas partes de la evaluación; reales y no hipotéticos, ya que se producirán sí o sí por la ejecución del Proyecto y su realización no está sujeta a contingencias o condiciones que escapen a la RCA; y además constituyen o se desprenden de las partes, obras y acciones del proyecto".

Respecto de las demás alegaciones, el Tribunal omitió pronunciamiento por no existir certeza de que la información recopilada en la evaluación será la definitiva para calificar el proyecto y descartar así la generación de impactos significativos adversos.

El Tribunal Ambiental de Valdivia consideró que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Los Ríos omitió ilegalmente el proceso de participación ciudadana y por lo tanto, acogió la reclamación de los vecinos contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Brisas de Torobayo.

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer al Mandatario las problemáticas de conectividad digital que actualmente tienen las localidades de Coñaripe y Futrono.

En ese contexto, González y Rosas también sostuvieron una reunión en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, instancia en la cual se denunció la gran brecha de conectividad digital que afecta día tras día a las localidades de Coñaripe, Liquiñe, Futrono y Llifén.

Alfonso González señaló que "se han entregado más de 200 firmas de usuarios de los servicios quienes acusan la mala calidad de comunicación que existe en la zona y que se viene repitiendo durante cada invierno". Y agregó que "estamos pidiendo conformar una mesa de trabajo con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, ejecutivos de empresas prestadoras de servicios y los dirigentes de Liquiñe y Coñaripe".

Por su parte, el diputado Patricio Rosas agregó que "es muy importante apoyar a las organizaciones sociales, sus dirigentes y a la comunidad organizada en la búsqueda de soluciones concretas, hasta lograr implementarlas".

A su vez, el dirigente social Alfonso González especificó que "hablamos con el Presidente de la República Grabril Boric y, por lo que tengo entendido, en los próximos días estará en la zona el seremi del ramo para atender ls demandas locales y dar solución a los planteamientos de la localidad y posteriormente se replicará esta reunión en Futrono".

Una instancia de comunicación con el Presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvieron el dirigente de Coñaripe, Alfonso González; y el diputado Patricio Rosas, en el Comité Político del pasado lunes.