tienen dificultades en ejecutar el total de su presupuesto, porque los municipios no cuentan con proyectos formulados para financiar, dado que no tienen personal profesional suficiente para que los formulen. Esta diferencia se acrecienta mucho más en municipios rurales o con menos recursos fiscales per cápita. Esto se traduce en que existen muchas diferencias entre una localidad y otra a la hora de vivir y desarrollarse".

En ese contexto, planteó que un Estado regional contribuiría en varios ámbitos, "pero en particular, sobre la temática anterior, hay artículos generales y específicos que son muy sustantivos. Sólo me referiré a dos que son muy relevantes desde mi punto de vista. Por una parte, el artículo 249 establece fondos de compensación para territorios autónomos con una menor capacidad fiscal y otro fondo de solidaridad que consiste en transferencia interterritorial, y señala que las regiones y comunas autónomas que cuenten con ingresos por sobre el promedio ponderado de ingresos fiscales transferirán recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el promedio. Habrá un órgano competente que sugerirá una fórmula al legislador para realizar tales transferencias".

También, hizo mención al artículo 195, el se refiere -destacó- "a que toda competencia transferida desde el nivel central a las entidades territoriales deberá considerar siempre el personal y los recursos financieros oportunos y suficientes para su adecuada ejecución. Esto es un gran avance, sobre todo, para los municipios más pobres que reciben el mandato legal de una ley pero no tienen recursos para su implementación".

Inquietudes

En otra línea, Henry Azurmendi, académico del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile y ex intendente de Los Ríos, señaló sobre la propuesta que "no sé si dividirá al país", sin embargo expresó que genera incertidumbre e inquietud.

Al respecto, planteó que hablar de descentralización implica hablar de traspaso de poder a niveles intermedios y establecimiento de nuevos órganos del Estado. Es en ese sentido, dijo que "uno de los temas que más preocupa es el de las autonomías territoriales indígenas, que algunos interpretan otorga una desmedida libertad para establecer regímenes económicos y administrativos. Lo anterior, con competencias exclusivas y con financiamiento del Estado, según el artículo 235".

Sobre lo mismo, indicó que "algunos señalan que estos nuevos órganos del Estado podrían tener importantes conflictos de atribuciones y competencias con las regiones y comunas, debido a que las autonomías territoriales indígenas estarán dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio (Art. 234). Ello generaría riesgos e incertidumbre en temas sociales, políticos y económicos".

"El temor es que, de aprobarse, regiones o comunas con una alta población de pueblos originarios, podrían pasar a ser parte de autonomías territoriales indígenas. ¿Eso podría ocurrir? Claro que sí, lamentablemente la propuesta de los constitucionales no fue clara y deja todo supeditado a que una ley se encargará de crear un procedimiento para definir las autonomías territoriales indígenas, dejando en manos de los mismos pueblos y naciones indígenas este requerimiento, según el artículo art. 234-2".

Otro de los puntos que preocupa, a juicio de Azurmendi, tiene relación con la descentralización de la deuda fiscal, en lo que se refiere al financiamiento y estabilidad fiscal de los gobiernos regionales y locales, que -dijo- también incluye a las autonomías territoriales indígenas. Al respecto, expuso que "los articulados del texto del borrador permitirían el financiamiento y el acceso a fondos mediante la emisión de deuda en conformidad a lo que disponga la ley, por parte de los gobiernos regionales y locales para hacer frente a sus diversas necesidades de gasto (Art. 250). Mi preocupación es simple, porque la nueva Constitución dejaría en manos de los políticos, por medio de las leyes de acuerdo regional, en cuánto se podrán endeudar las regiones, comunas y las nuevas autonomías territoriales".

En esa misma línea, añadió que "la praxis dice que esto termina comprometiendo seriamente la responsabilidad fiscal y patrimonial, recordemos los casos de España e Italia, modelos de países que han adoptado el Estado regional, donde existen, al interior de esos países, regiones altamente endeudadas y con mayores niveles de pobreza que, si no fuera por los recursos de la Unión Europea, los tendría más complicados aún".

"Si a esto le sumamos la ausencia de mecanismos de control financiero y de endeudamiento, del tipo externo y autónomos, y no en manos de los legisladores de turno, podría ser muy complejo. Sólo a modo de ejemplo, hoy se requiere una ley de quórum calificado para que el Estado adquiera deudas que excedan el respectivo período presidencial, en la propuesta se podrá aprobar una ley con mayoría simple, dejando a un nuevo gobierno con alta deuda fiscal de administraciones anteriores", planteó Azurmendi.

88 personas de diversas regiones del país, entre ellos académicos, consejeros regionales y concejales, firmaron declaración donde exponen aspectos positivos de propuesta sobre Estado regional.

64 artículos componen el capítulo VI de la propuesta constitucional, sobre Estado regional y organización territorial, los cuales nacieron de la Convención Constitucional.

13 de agosto serán publicadas las nóminas de vocales designados para cada mesa receptora de sufragios. En tanto, el martes 16 de agosto, comenzará el plazo para presentar las excusas.