Las palabras de la ministra Izkia Siches entregadas ayer en el marco del Foro de Descentralización con Gobernadores Regionales realizado en Frutillar, permiten esperar que mañana se solicite Estado de Excepción para Los Ríos, considerando el alza de atentados terroristas registrado en la zona en la últimas semanas y que han obligado la presentación de querellas por parte del gobierno. La resolución depende de un trámite en el Congreso, pero hay acuerdos transversales respecto de la necesidad de reforzar medidas de seguridad en la zona, especialmente en las comunas del área norte de la región, más cercana a La Araucanía.

Esta decisión viene a sumarse a la anunciada hace dos semanas por el subsecretario Manuel Monsalve en su visita a Valdivia de reforzar controles carreteros, instalar lectores de patentes y cámaras en la Ruta 5 Sur, además de peritos para la investigación de los crímenes (ver págna 7). Esas iniciativas aún no se implementan por completo, pero deberían continuar adelante junto con las nuevas atribuciones a Fuerzas Armadas y de Orden que traería el estado de excepción.

Desde la región se acoge con buenos ojos la determinación (ver página 12), aunque también hay dudas sobre la efectividad que pueda tener una medida "acotada" como la que rige en Bío Bío y La Araucanía, que no ha logrado en el último tiempo disminuir los atentados, según señalan autoridades y parlamentarios de esas zonas.

La noticia es importante y significará cambios en nuestra región. Sin embargo, no se debe abrir falsas expectativas respecto de una solución definitiva o término de los lamentables problemas que se han registrado, pues la situación no pasa solamente por resguardar el orden, sino por identificar razones de conflicto y establecer diálogos con un interlocutor todavía no individualizado por completo. Para ello se requiere de buscar información con las personas que más conocen el territorio: los alcaldes y autoridades comunales, quienes en más de una ocasión han expresado preocupación porque los dejan fuera de las investigaciones.

Hace pocos días, la delegada Paola Peña indicó que la seguridad es un derecho ciudadano y que el gobierno tiene el deber de garantizarlo. El estado de excepción apunta en esa dirección.

Numerosas veces y, de diversas formas, hemos sido testigos de cómo el ser humano ha priorizado su interés particular por sobre el colectivo. En materias medioambientales, es muy evidente y, lamentablemente, es una realidad que hemos visto constantemente en nuestra región. Un ejemplo claro de esto, es el proyecto de la represa del río San Pedro. De manera irresponsable y por medio de una actitud irrespetuosa con los territorios -como también con las comunidades, quienes de manera clara y precisa han dicho de manera conjunta e insistentemente "No"-, han insistido sistemáticamente en su instalación.

Los movimientos ciudadanos que nacieron en las ciudades de los Lagos, Máfil, Panguipulli y Valdivia, así como diversas organizaciones sociales, comunidades indígenas y ambientales, han manifestado por años estar en contra de este proyecto, dado que su instalación significaría importantes impactos y externalidades negativas, tanto, ambientales como sociales. Desde 2008 hemos acompañado a las y los dirigentes ambientalistas de la región en la defensa del río y también, impulsamos y agilizamos las gestiones necesarias para detener el avance de este proyecto. En de marzo, nos reunimos con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, para iniciar un trabajo conjunto, en donde unos de los puntos principales fue transmitir la preocupación que tienen los habitantes de la región por las nuevas acciones tendientes a la instalación de la represa San Pedro; obra que no cuenta con la aprobación ciudadana y quienes insistentemente y, en variadas ocasiones, han buscado detenerla.

El mundo, la región y el país, enfrentan una crisis climática en la cual es necesario abocar todos los esfuerzos y agotar todas las instancias para frenar aquello que se contraponga a un desarrollo sustentable en nuestro país. Estamos ad portas del plebiscito que aprobará la nueva Constitución, texto que trata de buena manera esta temática por crear las instancias pertinentes para evitar este tipo de situaciones, sin embargo, no podemos seguir esperando.

Exigimos frenar y cerrar de manera inmediata el proyecto de represa del río San Pedro.

Tenemos el derecho de vivir en entornos protegidos en donde los ríos corran libremente por sus cauces. Antonio Machado, poeta español, decía: "la vida hoy tiene el ritmo de los ríos, la risa del agua". No permitiremos el avance del interés particular por sobre el colectivo.

Alfonso de Urresti Senador