la ley para tener la certeza de cumplir con la normativa en los plazos estipulados".

En esa misma línea, afirmó que "para la universidad, erradicar el acoso, la violencia y la discriminación ha sido un tema de preocupación previo a la dictación de la ley, por ende, ya teníamos algunos avances en línea con nuestros valores".

En tanto, la rectora de Santo Tomás en Valdivia, Laura Bertolotto, indicó que "en primer lugar, hay que destacar esta ley, que va en la línea correcta y responde además a una demanda de la sociedad, y que en el caso de Santo Tomás abordábamos a través de reglamentos y protocolos".

Desde esa perspectiva, la rectora destacó que "esta normativa viene a fortalecer ese trabajo a través de su objetivo principal que es la generación de ambientes libres de violencia y discriminación de género".

"En Santo Tomás, tenemos un compromiso institucional en la implementación de una política que nos ayude a transitar a la erradicación de este tipo de conductas, y para ello la Secretaría General es quien ha liderado el proceso, todo en línea con los valores que promueve nuestra institución".

Nivel nacional

Según el documento de la Superintendencia de Educación Superior, de un total de 150 instituciones que entregaron la información a nivel nacional, 129 afirmaron contar con algún tipo de política contra el acoso, la violencia y la discriminación de género, esto es, el 89 por ciento.

Para la SES, ese es un avance significativo en la implementación de los requerimientos de la ley. En esa línea, el superintendente de Educación Superior subrogante, Gerardo Egaña, destacó que "es una buena noticia saber que un 89 por ciento del total de los planteles consultados declaró contar con alguna política contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género".

Sin embargo-agregó- "las respuestas son más heterogéneas cuando se verifica el avance sobre la existencia de modelos de prevención y de investigación y sanción. Es importante precisar, al respecto, que la gran mayoría de las instituciones ha señalado que se encuentra trabajando en la elaboración y constitución de los instrumentos que exige la ley y que existe el compromiso de que ellos estén implementados dentro del plazo legal".

Sanciones

La ley establece que será la Superintendencia de Educación Superior el organismo competente para sancionar el incumplimiento de la normativa. Al respecto, el superintendente subrogante explicó que son tres los tipos de sanciones que define la ley.

Y detalló que: "La más grave establece que aquellas instituciones de educación superior que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en los términos que establece la ley, no podrán acceder a la acreditación institucional. Actualmente esta certificación es de carácter obligatoria y es requisito para acceder a recursos del Estado orientados a beneficios y apoyos estudiantiles como la gratuidad, becas, el CAE y el Fondo Solidario".

Otra sanción, considerada de mediana gravedad, está vinculada a la no inclusión de esta normativa en los contratos que celebren las instituciones. Esto -precisó Egaña- "puede significar sanciones que van desde la amonestación por escrito a multas de hasta 1.000 UTM".

"Cualquier otra infracción sería de nivel leve, correspondiendo sanciones que van desde amonestación por escrito a multas por hasta 500 UTM", agregó.

"Para la universidad, erradicar el acoso, la violencia y la discriminación ha sido un tema de preocupación previo a la dictación de la ley..."

María Angélica Hildebrandt, Vicerrectora USS Valdivia

"La ley 21.369 dispone de tres tipos de sanciones. La más grave establece que (...) no podrán acceder a la acreditación institucional..."

Gerardo Egaña, Superint. Educ. Superior (s)

"Tenemos un compromiso institucional en la implementación de una política que nos ayude a transitar a la erradicación de este tipo de conductas..."

Laura Bertolotto, Rectora Santo Tomás Valdivia

15 de septiembre es el plazo para que las instituciones de educación superior implementen los requerimientos de la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.

21.369 es la ley que deben implementar las instituciones de educación superior. Ésta fue publicada el 15 de septiembre del año pasado. En Los Ríos, 11 planteles declaran contar con algún tipo de política.

4 instituciones de educación superior de la región declararon, según el informe de la SES, que ninguno de los componentes requeridos fue elaborado de forma participativa.

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