No es casualidad; es delincuencia
El caso de Patrick Esparza Herrera obliga a pensar también en Danitza Ávila. Dos víctimas de violencia armada en la región. En ambas historias hay factores comunes: grupos organizados que venden drogas, que están armados, que se adueñan del espacio público, afectando a vecinos.
La comunidad de Antilhue y de toda la región se encuentra consternada por la muerte de Patrick Esparza Herrera, bombero y conocido vecino, que recibió el impacto de una "bala loca", cuando pasaba en bicicleta por el sector Estación de su comunidad. El domingo en ese lugar se cruzó con delincuentes que circulaban en un vehículo y disparaban sin miramientos contra una vivienda.
Esparza, de sólo 31 años de edad, recibió un tiro en la cabeza y murió en el Hospital de Valdivia el miércoles; mientras que otra persona (posiblemente la víctima sí elegida como blanco por los atacantes) se encuentra gravemente herida. El jueves las personas de Antilhue recibieron el cuerpo de Patrick con un homenaje público y protestaron en las calles pidiendo más seguridad, denunciando el avance del narcotráfico, de grupos externos a la zona que han llegado y causado deterioro en la convivencia de una zona habitada por gente de esfuerzo.
La situación es muy triste y grave. Lamentablemente, similar a la registrada en Guacamayo en junio pasado, cuando un tiroteo entre bandas rivales terminó con la vida de la joven Danitza Ávila, quien se encontraba en su casa, mientras los criminales se hacían dueños de las calles.
En ambas historias hay factores comunes: grupos organizados que venden drogas, que están armados, que "vienen de afuera", dice la gente, y corrompen a los más jóvenes. Todos claramente identificados por los habitantes, pero que siguen impunemente realizando sus actividades. En ambos casos existen promesas de intervención por parte de las autoridades, pero pasa el tiempo y una sensación creciente de angustia y abandono crece entre los vecinos. Pasa también en el sector Pablo Neruda de Valdivia, donde los pobladores más débiles están pagando el costo del cierre de un centro de salud, porque las condiciones de seguridad no son suficientes para los funcionarios. Y protestan, porque sienten que nada más pueden hacer.
En Antilhue se organizó una reunión de seguridad el 28 de septiembre y se estableció un plazo de 30 días para implementar medidas básicas de prevención y control ciudadano. Es de esperar que se apliquen y funcionen; como también que las investigaciones respectivas permitan hacer justicia.