Agencias

Estados Unidos inició ayer el proceso de solicitudes para acceder a los 24.000 permisos migratorios temporales para venezolanos, como parte del pacto cerrado con México para reducir los cruces de migrantes en la frontera.

"Esperamos que este esfuerzo reduzca los números récord de venezolanos que buscan entrar de manera irregular a Estados Unidos", explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su página web.

El Gobierno de Joe Biden anunció la semana pasada un nuevo plan migratorio por el cual ofrecerá 24.000 permisos para venezolanos, pero devolverá a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular. Washington ya comenzó las deportaciones en la frontera.

El programa, llamado "Proceso para Venezolanos", ofrece a aquellos que tengan un "patrocinador" dentro de EE.UU., un permiso para viajar al país por avión y permanecer en el país por un periodo temporal de dos años durante el que podrán acceder a un permiso de trabajo.

Estados Unidos solo aprobará 24.000 permisos de este tipo, pero los venezolanos que cruzaron la frontera con México solo en septiembre fueron 25.521.

La decisión de ampliar el número de beneficiarios del programa dependerá del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El proceso para aplicar al permiso se hace a través de internet y es el patrocinador quien debe iniciar la solicitud, demostrando que tiene suficientes recursos financieros para apoyar al posible beneficiario por un periodo de dos años.

Los patrocinadores tienen a su vez que tener un estatus legal en Estados Unidos, que incluye asilo político y estatus de protección temporal (TPS).

Tanto los beneficiarios como los solicitantes deberán pasar por un control de antecedentes de seguridad y quedarán excluidos los que hayan sido deportados de EE.UU. en los últimos cinco años, que hayan cruzado de manera irregular la frontera con México o que hayan entrado también de manera irregular a Panamá o México antes del 19 de octubre.

Tampoco pueden obtener el permiso las personas que tengan doble nacionalidad o residencia permanente de otro país o los menores de edad que viajen sin un acompañante.

Comienzan devoluciones

Cientos de venezolanos ya han sido devueltos a México desde el anuncio de las nuevas medidas la semana pasada, que han sido criticadas por grupos de defensa de los derechos humanos.

"Este programa de alivio solo beneficia a los venezolanos menos vulnerables - los que tienen lazos en EE.UU., documentos válidos y pueden pagar solicitudes de trabajo- y deja a muchos otros dando tumbos", dijo a Efe Yael Schacher, directora para América de la organización Refugees International.

Entre octubre de 2021 y agosto de 2022, más de 150.000 venezolanos fueron arrestados en la frontera sur de EE.UU, en comparación con los 50.499 en el mismo periodo del año pasado.

Debido a que EE.UU. no tiene relaciones diplomáticas con Caracas, las autoridades no podían deportar a Venezuela en vuelos a quienes fueran arrestados cruzando la frontera.

Ahora, con un nuevo acuerdo, México aceptó recibir en su territorio a los venezolanos que sean devueltos.

El Gobierno de Biden justifica esta medida como una implementación del Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia de covid-19 y heredada de la administración del expresidente Donald Trump.

Miles de varados

Varios miles de migrantes venezolanos quedaron varados en pleno viaje y ahora deambulan en los estados del sur de México, tras las restricciones anunciadas para quienes lleguen por tierra a Estados Unidos.

Autoridades municipales de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, uno de los principales paraderos migratorios del sur de México, reportan más de 8.000 extranjeros varados en el puesto que instaló el Instituto Nacional de Migración desde agosto pasado, de los que más del 80% son venezolanos.

Un ejemplo es el grupo de 12 venezolanos en el que viajan Yarly y Antonio Rodríguez, quienes han recorrido más de 700 kilómetros desde que se internaron en México, donde hace una semana se toparon con el nuevo acuerdo.

Otros migrantes venezolanos en viaje avisaron ayer que planean salir en caravana desde la frontera sur de México. Los varados estiman que el grupo será de 2.000 a 5.000 personas porque quieren mostrar que están huyendo de una crisis y una dictadura, por lo que buscarán de "cualquier manera" llegar a Estados Unidos o quedarse en México.

Junto a migrantes de Colombia, Haití y Guatemala, los venezolanos ahora duermen en las plazas públicas, donde instalaron carpas, mientras otros usan sábanas, plásticos o cartones para pasar la noche.

24.000 permisos para migrantes venezolanos otorgará EE.UU., pero solo en septiembre cruzaron la frontera 25.521.

El Departamento de Educación de Nueva York lanzó el Proyecto Brazos Abiertos, una iniciativa para ayudar a los más de 5.500 niños migrantes que entraron a las escuelas públicas de la ciudad, donde llegaron junto a sus familias en los últimos meses. El jefe de Educación, David Banks, indicó que voluntarios apoyarán a los recién llegados, en su mayoría venezolanos, comenzando por el proceso de inscripción. "Es vital que estas familias se sientan bienvenidas aquí en nuestro país y en nuestra ciudad", afirmó en una escuela pública de El Bronx donde estudian 39 de estos niños, procedentes de Chile, Venezuela, Colombia y Ecuador.

El Gobierno de Australia, liderado por el laborista Anthony Albanese, anunció ayer que no reconocerá Jerusalén oeste como la capital de Israel -contrariamente a su antecesor-, una "decepción" para el Gobierno israelí, que convocó al embajador australiano.

"Reafirmamos nuestra opinión de que (la situación de) Jerusalén es una cuestión de estatus final", dijo la ministra australiana de Relaciones Exteriores, Penny Wong, en una rueda de prensa en Canberra, en la que insistió en que su estatus "debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino".

El actual gobierno Albanese, quien ganó los comicios en mayo poniendo fin a nueve años de gestión conservadora, tampoco tiene intenciones de trasladar su Embajada a Jerusalén Oeste sino que la mantendrá en Tel Aviv, en contra de la política de su antecesor, el liberal Scott Morrison, quien en 2018 reconoció Jerusalén Oeste como capital de Israel.

Como respuesta, la Cancillería israelí anunció que convocará al embajador australiano en el país, Paul Griffiths, y expresó "su profunda decepción ante la decisión del gobierno australiano, basada en consideraciones miopes".

"Jerusalén ha sido capital del pueblo judío durante 3.000 años", inciden.

El primer ministro israelí, Yair Lapid, también reaccionó a la medida de Australia, que calificó como "una respuesta apresurada a un informe incorrecto en los medios", y deseó que el nuevo gobierno "maneje otros asuntos con más seriedad y profesionalidad".

"Jerusalén es la capital eterna y unida de Israel y nada cambiará eso", insistió Lapid.

Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este en 1967 y se anexionó la parte oriental de la capital en 1980, una acción criticada y no reconocida por la comunidad internacional. Tras esta anexión, los países que tenían sus embajadas en Jerusalén Oeste -más de una veintena- las trasladaron a Tel Aviv.

Los palestinos aspiran a que Jerusalén este sea la capital de su futuro Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina acogió con "satisfacción" la decisión de gobierno laborista australiano.

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, expresó en Canberra que sería "buena" la entrada de China al Acuerdo Progresivo e Integral para la Asociación Transpacífica (TPP11), aunque recordó que para ello debe haber consenso entre los once miembros de este tratado.

China solicitó oficialmente en septiembre de 2021 su unión al CPTPP, cuya presidencia este año recae en Singapur, pero por ahora "aún no hay consenso" entre sus miembros para aceptar la entrada del gigante asiático, según dijo Lee Hsien junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El mandatario de Singapur, quien se encuentra de visita en Australia, consideró además que la entrada de China "es posible y se puede negociar".

Pero, para ello, China "tendría que cumplir con los requisitos (del pacto) en su totalidad, las condiciones y obligaciones", algo que causa desconfianza en Australia por varias razones, como la imposición de Pekín de una serie de medidas, entre ellas arancelarias, a varios de sus productos estrella.

Además de Australia y Singapur, el TPP, que entró en vigor en diciembre de 2018, engloba a otros nueve países, representa al 13% del comercio global y Chile aún debe promulgar su integración.